19 de noviembre de 2009

Cumplimiento de Acuerdos de Paz por parte del Ejército de Guatemala

El 9 de noviembre de 2009 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) organizó el Foro " El cumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Ejército de Guatemala".


"El Ejército de Guatemala ha cumplido con el país
antes de la firma de los Acuerdos de Paz,
al firmarse los mismos,
durante el período inmediato posterior,
y continúa ahora y lo hará por siempre."
Vicealmirante José A. Lemus G.


A continuación la transcripción del tema presentado por el Vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, Comandante de la Marina de la Defensa Nacional.

Los integrantes del Ejército de Guatemala son ciudadanos guatemaltecos, hombres y mujeres que van de edades de los 18 años a 24 años en la tropa, de 18 a 65 años en el nivel de personal administrativo y de 18 a 55 en el cuerpo de oficiales. El único que escapa a estos rangos es el Comandante General del Ejército.

¿Quiénes somos?
En todos los grados de la escala jerárquica somos una muestra representativa de la población multilingüe, pluricultural y multiétnica, con un sentido de unidad en derredor de Guatemala.

Presento hoy la tesis que el Ejército de Guatemala ha cumplido con los acuerdos de Paz, antes, durante y después de la firma oficial el 29 de diciembre de 1996.

1. CUMPLIMIENTO ANTES DE LA FIRMA DE DICIEMBRE 96

Debemos determinar cuándo inicia el proceso de paz. Tomaremos la firma del Acuerdo Marco para la búsqueda de la Paz por Medios Políticos como punto de partida.

Antes de este hito, el Ejército, como parte del Estado, acompañó el proceso de las negociaciones previas con la visión de encontrar una salida a la situación existente, ya que en el
considerando 1, Acuerdo Marco cito: “las fuerzas políticas y los diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca se han manifestado por la consecución de la paz, la democracia y la justicia social”.

Es así como se cumple de inicio y en forma simultánea con uno de los puntos acordados:
Cito el inciso “f" sobre "la subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil.”
Ello aunado al inciso “d” referido a la eliminación para siempre de “…las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas” .

Es importante resaltar en este momento que ello era posible, al mantener el Ejército presente el estamento constitucional de apoliticidad, interpretando el mismo no desde el punto de vista simplista de la política partidista, sino de que la guerra es un asunto político, decidido por políticos y ejecutado por militares.

De ello emana, que debía la instancia política ser el decisor de la forma necesaria para poner fin al uso de las armas por parte de un grupo de ciudadanos como mecanismo para el logro de sus objetivos.

La subordinación al poder civil se materializó fehacientemente poco tiempo después durante el rompimiento constitucional, en época del Ingeniero Serrano Elías (1993), momento en el cual el Ejército no secundó esa ilegalidad.

El llamado Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, de marzo del 94, en el cual se estableció, entre otros temas, que “la conscripción para el servicio militar obligatorio no debe ser forzada”, el Comandante General de turno ordenó y el Ejército cumplió con inmediatez, y fue más allá al iniciar el proceso de voluntariedad en la prestación de este servicio a la patria.

Una vez más se daba muestra de la subordinación a la autoridad constitucional depositaria del poder del pueblo. En este instante, personal de oficiales participaba en la mesa de discusión como parte del equipo negociador del Estado, muestra de la voluntad del gobierno de llegar a finalizar el proceso aún cuando diversos sectores se pronunciaban en contra de la beligerancia que se daba a la contraparte con ello.

Podemos afirmar que dentro del pensamiento militar de ese entonces: Primó el interés nacional, LA PAZ, por sobre muchas cosas.
Llega el momento del Cese al fuego.

El Ejército contribuyó y se imbuyó en el proceso que permitiría finalizar el uso de las armas como argumento, ello acompañado por la comunidad internacional, de la cual algunos de sus miembros veían con recelo al Ejército y aún dudaban de que se llegaría al final del camino.
Se ponía así término a las muertes violentas. Se soñaba con un mejor futuro. Como en toda lucha se cuestionaba si la sangre derramada había sido necesaria. La de nuestros compañeros estamos seguros que no fue un sacrificio en vano. Se cumplía un mandato constitucional y se luchó y se dejaba de hacerlo bajo el mando político de las autoridades democráticamente electas.
Una vez más, los miembros del Ejército cumplían no solo los acuerdos, antes que ello se cumplía la Carta Magna.

2. LA FIRMA DE LOS ACUERDOS


Fue el Ejército de Guatemala el garante de la seguridad ese 29 de diciembre de 1996, como todo día cualquiera pero con una carga adicional, no podía correr riesgo la vida de ninguno. Finalmente se llega al solemne momento de la firma y con ello se abrían las puertas a una nueva etapa en la vida nacional en la cual se vislumbraba un Ejército en condiciones diferentes a las vividas hasta ese momento.

Se sabía ya de todos aquellos puntos que afectarían su organización, presupuesto, normativas, y otras cosas más. Esto no fue obstáculo ni argumento para que el Ejército se apegara a lo acordado.
Nuevamente se cumplió.

3. LO INMEDIATO A LA FIRMA

Es necesario referirnos al Cronograma de los 90 días a partir del 15 de enero de 1997 y Otros cronogramas Es de resaltar que la redefinición de periodos para el cumplimiento de los Acuerdos se dio en cada cambio de Gobierno.

En el Marco del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado se planteaba la Remoción de minas. Acá se pedía dar a Naciones Unidas información detallada sobre explosivos, minas y la existencia de campos minados.

No habiendo utilizado este tipo de artefacto, la tarea se circunscribía a la localización de explosivos no detonados que había en el terreno.
El comprometimiento institucional en esta materia fue más allá, incluso de lo nacional, al participar en misiones de este tipo como la MISIÓN DE ASISTENCIA PARA LA REMOCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES EN CENTROAMERICA (MARMINCA) en el ámbito de JID/OEA para el desminado humanitario en el hemisferio.

Tomamos ahora el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, con una diversidad de compromisos que abarcan la Seguridad Pública (término desaparecido en la actual Ley Marco de Seguridad), la Reformas Constitucionales, el Ejército, Información e Inteligencia, entre otros temas relacionados con el Organismo Ejecutivo.

Haciendo una revisión a estos compromisos encontramos que los compromisos 33 y 34 se refieren a la tenencia y portación de armas, sujeto a la ley respectiva que se encuentra en desarrollo y ante lo cual el Ejército cumple lo que le corresponde por medio de DIGECAM.

Los compromisos 35 a 37 se refieren a las funciones del Ejército dependiendo de la reforma constitucional sugerida. Ello fue puesto a votación así en su momento; el resultado no fue el esperado por las partes negociadoras ya que la población soberana optó por no hacer variaciones y por ello sigue vigente lo preceptuado en la Carta Magna.

El compromiso 38 se refiere a la Doctrina del Ejército para lo cual cito el prólogo del documento producido:
Esto “fue posible a través del proceso de construcción de consensos, el cual se matizó con elementos fundamentales como la tolerancia, la legalidad, la legitimidad y la transparencia, mediante una serie de eventos que fueron construyendo el andamiaje necesario para la concretización de este proyecto” que se presentó a la ciudadanía y a la Comunidad Internacional.

Más allá de cumplir este compromiso se elaboró con visión de futuro el Libro de la Defensa, compartiendo con la sociedad civil este documento cuya principal riqueza no estriba en el contenido del mismo, sino en el procedimiento seguido para su elaboración ya que permitió la participación de diversos sectores en su discusión, haciendo realidad el Artículo 135 constitucional dentro de los “Deberes y Derechos Cívicos” de los guatemaltecos el “Servir y defender a la Patria”.

En resumen CUMPLIDO

Los temas sobre:

Tamaño y recursos 39. Acorde a las funciones. Se cumplieron, pero por falta de óptica en cuanto a las amenazas que han emergido en la actualidad resulta haberse extralimitado y por ello este tema pasa a estar PENDIENTE

Sistema educativo 40. Congruente con la constitución y la cultura de paz y la primacía de la persona humana. Se ha desarrollado unidades específicas y esquemas en torno al tema de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, estando a la vanguardia en esta materia con el apoyo de países amigos.

Armas y municiones 41. Referido al equipo bélico de acuerdo a las nuevas funciones del Ejército y la Fábrica de Municiones. No se ha cumplido por falta de recursos.

Reconversión 42. Las instituciones funcionando en las mismas condiciones que las similares y la frecuencia de televisión asignada al Ejército de Guatemala. Cumplido. Incluyendo la desaparición del Comisariato Militar el cual había surgido del interior de la institución como surgen las conquistas laborales obreras y no debió ser materia de los acuerdos de paz. Pero eso no importó. Simplemente se cumplió.

Servicio militar y social 43-44. Continuar con la práctica del alistamiento militar en forma voluntaria, mientras se aprueba la ley de Servicio Cívico, que incluirá el Servicio Militar y el Servicio Social. Deber y derecho constitucional, que no sea forzado ni violatorio de los derechos humanos, sea universal y no discriminatorio, reduzca el tiempo de servicio y ofrezca opciones a los ciudadanos.

En este sentido, en cuanto a lo que nos corresponde, se aporta a los guatemaltecos la oportunidad de insertarse en la mundialización con el instrumento básico: la educación, por medio del
Programa de Educación Integral del Soldado (PEISOL) que permite partir desde el analfabetismo y arribar a un bachillerato durante su estadía en las filas.

Por ello creo que se merece el calificativo de CUMPLIDO.

Seguridad del Presidente y
del Vicepresidente 46. Sustituir el Estado Mayor Presidencial. CUMPLIDO

Organismos de inteligencia del Estado 47-53. El ámbito de actividades de la Dirección de


Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional estará circunscrito a la función del Ejército definida en la Constitución y las reformas contempladas en el presente Acuerdo. Se sigue cumpliendo.

En cuanto a los Aspectos Operativos derivados de la finalización del enfrentamiento armado tenemos:

Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) 61. Desmovilización y desarme, cesando toda relación institucional con el Ejército de Guatemala y no serán reconvertidos. CUMPLIDO.

Policía militar ambulante 62. Disolución. CUMPLIDO aun cuando sería un excelente instrumento para apoyar el combate actual a las amenazas.

Reducción en efectivos y presupuesto del Ejército 63. En consonancia con la nueva situación y la definición de funciones. a) Reorganizar el despliegue en función de la defensa nacional, cuidado de fronteras y protección de la jurisdicción marítima, territorial y del espacio aéreo {C4ISR}; b) Reducir los efectivos del Ejército de Guatemala en un 33%, c) Reorientar el uso y distribución de su presupuesto alcanzando una reducción, respecto al gasto referencia, de un 33% en relación con el PIB.

“COMENTARIO”

Del presupuesto se pretendía un 0.66 del PIB pero se tiene un 0.28. La reducción llegó más allá de los 33,000 hombres siendo 15,500 en la actualidad. El despliegue no obedece a la necesidad y demanda social. Se cumplió para el momento, pero no para la Seguridad de la Nación.

Al inicio, para seguridad interior y exterior eran 45,000 integrantes y presupuesto mayor.
Con los acuerdos se pretendía que la misión se redujera solo a defensa en fronteras, asignando 33,000 personas y 0.66 del PIB.

Pero la misión no se redujo, sigue siendo la misma original, y los recursos son inferiores aun a lo acordado.
En síntesis, el Ejército cumplió lo ordenado. El Estado no cumplió con su pueblo. Ahora está el Alto Mando trabajando en ello.

Programas de reinserción 65. Reinserción productiva de los miembros del Ejército que sean desmovilizados. PENDIENTE. No es asunto ya del Ejército, es del Estado.

En la actualidad el cronograma de los acuerdos de paz 2008-2012 estipula, comprendido en las Reformas del Estado, el compromiso específico 6 que dice:

Funciones

“Establecer en la Constitución Política de la República las funciones del Ejercito respecto a la defensa de la soberanía del Estado y de su integridad territorial.”

Función: OCUPACIÓN bajo el concepto de Max Weber.
Ludvin Von Bertalanffy y MERTON refiere que hay funciones manifiestas y las hay latentes, siendo las primeras las que se conocen y se tiene intención de realizar, mientras que las segundas, las latentes, son la consecuencia de acciones inconscientes de los participantes.

Puede entonces suceder que como una función manifiesta (consciente) se ordene al poder coercitivo del Estado atender una zona o problema focal, derivando de ello funciones latentes (resultado inconsciente) como sería el producir espacios vacíos que pueden ser aprovechados por los que atentan contra la ciudadanía, los delincuentes.

Entonces, las FUNCIONES del Ejército deben definirse en interacción con su entorno y no como concepto ideológico. Sociológicamente y desde la perspectiva funcionalista, debe existir esa relación biunívoca con la sociedad a la que sirve y de la que le deviene el uso de las armas.

Esta concepción de función, esta tarea, está pendiente, pero no por parte del Ejército. Nosotros somos obedientes y no deliberantes.

Se indica en el AFPC la Participación de la mujer en el fortalecimiento del poder civil, como paralelo, el Ejército ha avanzado (tal vez no tanto como se quisiera, pero mucho más que otros) en cuanto a la incorporación de la guatemalteca a sus filas. Se inició con personal de tropa en tareas administrativas y ahora se cuenta ya con personal femenino en el cuerpo de oficiales. Son más de 30 años de ese involucramiento.

El 17 de noviembre de 2009, una dama, Coronel del Ejército de Guatemala, fue electa como Presidenta de la Organización Nacional de la Mujer (ONAM).

El Ejército, tomando como norte la propia experiencia de los años previos a la firma de los acuerdos participa ahora en la exportación de un producto no tradicional: LA PAZ. Porque sabemos el precio que se paga por alcanzarla, sabemos por ello valorarla y queremos compartirla, así como en su momento hubo quien la compartió con nosotros. No es una situación de simple inspiración altruista, es un mandato constitucional referido a las Relaciones Internacionales del Estado con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, así como al fortalecimiento de los procesos democráticos. (Art. 149 CPRG)

Quedan interrogantes:
¿De qué paz hablamos?
¿Se llegó a un ámbito de paz? O fue una ausencia de enfrentamiento armado.
¿Cuál es la relación funcional con Seguridad de la Nación? Son reflexiones a seguir.

Hemos cumplido, continuaremos cumpliendo. Se llegó a una meta en aquel entonces, pero lo que demanda la población, la constitución y las leyes, es permanente y continuo. Nos resta terminar de unirnos para el logro del bienestar común.

Foro Cumplimiento de los Acuerdos de Paz I

El 9 de noviembre de 2009 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) organizó el Foro " El cumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Ejército de Guatemala".
A continuación la transcripción del tema presentado por el General de Brigada José Luis Barrientos Paau que se tituló:


"Apuntes sobre el proceso de negociación
de los Acuerdos de Paz en Guatemala"


El golpe de Estado de marzo de 1982, demostró, para quienes vivimos el suceso desde adentro del Ejército, que el curso de las cosas empezaría a cambiar.
General José L. Barrientos


Luego del golpe de Estado de 1982, inmerso en el enfrentamiento armado interno, el Ejército se conducía con un objetivo muy claro: evitar la toma del poder por las armas, divisa que los grupos armados ilegales se habían trazado. Tal esfuerzo había producido toda una trayectoria cargada de señalamientos desde “esbirros de los terratenientes” hasta el de “serviles de los Yankees” (pese a que EUA abandonó al Estado en esta lucha).

Sin embargo, a lo interno del Ejército, al margen de los errores que pudieran haberse cometido, persistía la convicción del servicio a la Patria y el rechazo al intenso señalamiento, aún cuando fuere sobredimensionado por el efecto mismo de la guerra política que caracterizaba el momento.

El gobierno presidido por un militar (1982) implementó dos criterios conductuales claros: “Los 14 puntos fundamentales de gobierno” y el “Código de Conducta del Soldado en Operaciones”. Ambos privilegiaban: la participación de la sociedad y el estímulo a servir y no a servirse.

Fue este el punto de disloque desde una lógica destinada a lograr el objetivo por el esfuerzo sólo de las armas, a otra cuya columna vertebral era evidenciar que la vocación democrática del Ejército estaba latente y para el efecto creaba las condiciones para una reapertura democrática, condición en la cual la solución por las armas no sería el camino.

Esto más allá de la claridad que de tal efecto, tendría aún la conducción misma del Ejército. De hecho administrar los tres frentes era en sí mismo un desafío:
- un frente de lucha armada con la insurgencia,
- un frente político orientado a la apertura democrática con el abanico de opciones contenidas entre los radicalismos y
- un tercer frente el interno sufriendo bajas pero atisbando un inminente cambio hacia un mando político desconocido.

Así el contexto en el cual se encontraba Guatemala a finales de la década de los ochentas, se correspondía al del conflicto Este-Oeste, el cual provocó en muchos países alrededor del mundo conflictos armados internos.

Varios países de Latinoamérica se vieron inmersos en estos conflictos armados internos, dentro de ellos Guatemala, que en su caso fue “un enfrentamiento armado interno”. Una primera etapa en la década de los 60´s y otra cuya mayor intensidad se marca a finales de la década de los 70´s, estimulada por el triunfo sandinista en Nicaragua.

Desde la perspectiva teórica de la solución de conflictos, el conflicto: surge de la discrepancia de objetivos entre dos o más partes que no cuentan con un mecanismo efectivo de coordinación o mediación.[1] Resumo aquí que el conflicto social que vivió Guatemala, habría para entonces superado diversas etapas; la fatiga y contexto estimulaban la búsqueda de la luz al final del túnel, por tal razón el deseo de finalizar la lucha armada por medios pacíficos, propios de la democracia, requería de recursos como la coordinación o la mediación.

La apertura democrática derivada de aquel gobierno militar permite visualizar oportunidades de solución por medio del diálogo y la negociación. Ejemplo de esto es la realización de algunos ensayos a través de los cuales se buscaba discutir la problemática interna; dentro de ellos el Gran Diálogo Nacional y el Centro de Estudios Estratégico para la Estabilidad Nacional, ESTNA. Dos aspectos más influyeron en esta perspectiva:

1) la apreciación militar, según la cual era previsible la finalización del enfrentamiento armado ante el agotamiento del argumento ideológico, lo cual estimulaba la búsqueda de una solución por medios alternativos y
2) la preocupación de países de la región, los cuales identifican la tendencia en dichos conflictos a volverse añejos, con altos costos en vidas, con incidencia en los vecinos y con pocas oportunidades de finalización.

Para el caso de Centro América, es el Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) el que encuentra el eco necesario e impulsa la propuesta para encontrar por medio de la negociación y los acuerdos políticos la finalización de los enfrentamientos armados, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo económico y social.

La primera acción concreta en este sentido fue la cumbre de presidentes centroamericanos en Esquipulas, Guatemala, en mayo de 1986, en la cual adoptan el Acta de Contadora.

El siguiente paso se dio en la reunión de presidentes en la ciudad de Guatemala en Agosto de 1987, cuya declaración incluyó el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en C.A.”

Este procedimiento incluyó once puntos dentro de los cuales cito el punto 5 referido al “cese de ayuda a fuerzas irregulares”. En este punto los gobiernos de los cinco Estados solicitaban a los gobiernos de la región y extra regionales que abierta o veladamente proporcionaran ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en efectivos humanos, armamentos o movimientos, que cesaran esa ayuda como “elemento indispensable” para lograr la paz estable y duradera en la región. Esto evidenciaba no solo la etapa de “ampliación” en los conflictos, sino su contexto en la guerra fría y no solamente de intereses internos.

En atención al Procedimiento para el establecimiento de la paz firme y duradera en CA, la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala conocida por las siglas CNR, se creó según acuerdo gubernativo de fecha 11 de septiembre de 1987. Sus fines y funciones basadas en el procedimiento eran:

Constatar la vigencia real del procedimiento de reconciliación nacional.
El respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos

El proceso de negociación

La instalación de la CNR, marca el punto de partida formal para la búsqueda de la finalización del enfrentamiento armado interno por medio de acuerdos políticos.

La CNR inicia los acercamientos con los diversos sectores nacionales así como con los grupos armados ilegales, para entonces integrados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y realizan su primera reunión directa en Oslo, Noruega en marzo de 1990, con la voluntad expresa de encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos, acuerdan iniciar un proceso que culmine con el logro de la paz.

Al interno el proceso democrático se ve reforzado por la elección de un nuevo gobierno, el cual se da por elección popular, con la presencia de observadores y con el respaldo de la comunidad internacional, acentuando la inminente finalización del enfrentamiento armado interno, ante las alternativas democráticas internas.

El siguiente paso fue la definición del “Procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos”, el cual quedó consignado en el acuerdo de México. El propósito expresado era el de poner fin al enfrentamiento armado interno y conseguir la reconciliación de los guatemaltecos. Para el efecto las delegaciones del gobierno de Guatemala y URNG realizarían conversaciones bajo la conciliación del presidente de la CNR y bajo la observación del representante del Secretario General de ONU.

Un aspecto esencial fue que se comprometieron a asumir acuerdos con apego al marco constitucional vigente, lo cual sustentaba la legitimidad del gobierno y lo ilegitimo de la opción armada.

Se estableció el Temario General el cual incluyó los siguientes temas:

1. Democratización y Derechos Humanos
2. Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
3. Esclarecimiento histórico
4. Identidad y derechos de los pueblos indígenas
5. Aspectos socio-económicos
6. Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática
7. Situación agraria
8. Arreglos para el definitivo cese al fuego.
9. Reformas constitucionales y régimen electoral
10. Bases para la incorporación de la URNG a la legalidad.
11. Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos.
12. Acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización.

El primer acuerdo firmado por las partes fue el de Querétaro el 25 de Julio de 1991 el cual contenía el acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. En este acuerdo las partes expresan su consideración de que los acuerdos deberían reflejar “legítimas aspiraciones” de todos los guatemaltecos, conducir a medidas institucionales y proponer reformas constitucionales al Congreso de la República, dentro del marco y espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Con tal propósito definieron los requerimientos para fortalecer la democracia funcional y participativa:

1. La preeminencia de la sociedad civil.
2. El desarrollo de la vida institucional democrática.
3. El funcionamiento efectivo de un estado de derecho.
4. Eliminar para siempre la represión política, el fraude o imposición electoral, las asonancias y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas.
5. El respeto irrestricto a los derechos humanos.
6. La subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil
7. El reconocimiento y el respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas.
8. El acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en principios de justicia social.
9. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.

El acuerdo anterior antedía la parte de democratización del tema número uno y los Derechos Humanos constituía la segunda parte, el cual para su discusión tomó una serie de rondas de negociación sin lograr un contenido satisfactorio para las partes.

El proceso democrático es puesto a prueba tras la decisión del Presidente Serrano de disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Este traspié evidenció la solidez del proceso democrático, a la vez que favoreció la reanudación en mejores condiciones para la negociación, acentuando que el proceso de reconciliación en Guatemala estaba en marcha y que la alternativa armada para la solución de la problemática interna era cada vez menos legítima.

Se hizo necesario un acuerdo de reinicio cuyo principal cambio se manifestó en el método de negociación, debido a que las partes acuerdan modificar el papel del representante de ONU, quien hasta entonces había sido observador y se solicita asuma funciones de moderador, con lo cual podría proponer todas las iniciativas encaminadas a agilizar la firma de un acuerdo de paz, su rol demandaría resultados más inmediatos y evidentes, que el conciliador.

Se creó también una asamblea abierta a los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca que acreditaran legitimidad, legalidad y representatividad, pidiendo a la conferencia episcopal nombrar al presidente de la asamblea. Se solicitó también a Colombia, España, Venezuela, México, Noruega y EUA integrar el grupo de Amigos del Proceso de Paz.

El marco de verificación estableció que todos los acuerdos deberían ir acompañados de la verificación adecuada. Las partes acordaron solicitar a ONU la verificación del conjunto de los acuerdos.

Con este nuevo dinamismo se alcanzó el Acuerdo Global de Derechos Humanos el cual tuvo características particulares: incluyó la verificación internacional y cobró inmediata vigencia.

Los diversos acuerdos fueron alcanzados en base al temario propuesto. El Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática atendió lo relativo al Ejército de Guatemala que en términos generales le correspondía realizar: Re-despliegue, reducción y reorientación de sus recursos. Por su parte la URNG procedería a su desmovilización como organización armada.

Sobre el definitivo cese al fuego las partes acordaron que la vigencia sería a las 00:00 del día D, fecha en que debería estar instalado el mecanismo de verificación de ONU y finalizaría el D+60 con la desmovilización de la URNG.

El despliegue de la verificación iniciaría el D-10 al día D y su ubicación sería en las unidades militares del Ejército de Guatemala y en los puntos de concentración de URNG.
La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, se realizó en Guatemala el 29 de diciembre de 1996, lo cual ponía fin al enfrentamiento armado interno, como efecto principal.

Conclusiones

1. El principal objetivo del proceso de negociación de paz, era la finalización del enfrentamiento armado interno, como un paso esencial para la reconciliación nacional.

2. El proceso de negociación fue posible debido a la modificación del escenario en la forma siguiente: a) Una reorientación en el pensamiento militar cuya propensión democrática favoreció la apertura dando paso a gobiernos democráticamente electos, b) El surgimiento de un tercer actor en la región: el Grupo de Contadora impulsor de la solución pacífica de los conflictos c) La caída del muro de Berlín que quitó sustento a los posicionamiento ideológicos tras la pérdida de interés de las potencias en el tema.

3. Existe frustración en algunos sectores porque no obstante que la agenda de la negociación incluía una temática amplia los resultados no llenan sus expectativas, sin embargo, el encausamiento del país hacia gobiernos democráticamente electos, limitaba el resultado de la mesa de negociación a lo que las partes representaban: la URNG la opción de solución armada y la comisión de gobierno lo que la ley le permitía.

4. El proceso de paz dio al Ejército la oportunidad de evidenciar que su actuar en el contexto del enfrentamiento armado interno, no era su perfil único, por el contrario su desaparición inmediata de los señalamientos por violaciones a Derechos Humanos, tras la firma de los acuerdos, situó el asunto por un lado en el contexto de la guerra política y por otro en la infortunada realidad existente entre dos que deciden resolver sus diferencias no como una dialógica de ideas sino en forma violenta, usualmente carente de recursos de mediación y coordinación, como la teoría de resolución de conflictos lo describe.

5. Si la finalización del enfrentamiento armado era condición indispensable para la reconciliación en Guatemala, es imprescindible reconocer que es tiempo para la reconciliación, lo contrario revertiría el concepto Clausewitziano: hacer de la política la continuación de la guerra por otros medios.

[1] Colegio Interamericano de Defensa, Curso virtual de Resolución de Conflictos, Agosto 2009