La arraigada idea en
la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo. Idea que
persiste en civiles por tradición y en militares por formación. Prensa Libre hace la reseña en esta fecha de los treinta y cinco años del último golpe de Estado.
Tal y como se lee, los militares vieron una problemática y decidieron
resolverla, no cabe duda que con la complicidad de civiles.
No se cuestiona aquí
el hecho, cuyas consecuencias pudieron ser hasta hoy positivas o negativas
según la perspectiva con que se quiera ver. El análisis es la arraigada idea en
la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo, ya sea
heroísmo desde lo interno de sus filas o manipulado desde afuera (civiles de élite).
Luego de aquel hecho,
hubo dos intentos de golpe de Estado (de nuevo por militares), uno en 1988 y otro en 1989. Y esque no a todos los militares parecía bien que el ejército, comenzaba
a sujetarse al orden constitucional y Estado de Derecho vigentes, e intentaba
retomar los roles que realmente le corresponden – y honestamente porque íbamos hacia
la paz –.
En 1993, de nuevo,
civiles y militares deciden poner coto a eventos políticos por medio de eventos
políticos. Se conoció al final como “el serranazo”.
Se enfila la recta
final hacia la paz. Los medios repudian lo militar y los mismos medios
presentan encuestas de popularidad donde elogian lo militar. Luego de alrededor
de dieciocho años de presión y crítica internacional hacia lo militar se llega
a la firma de la paz en 1996.
Acuerdos de paz y
opinión en los medios, celebraban el retiro de los militares a sus cuarteles/roles. Sin
embargo el mismo gobierno que firma la paz, llama de nuevo a los militares hacia finales de 1997 para iniciar el apoyo a la policía.
Por su parte en 1998,
el ejército funda el Comando de Educación y Doctrina CEDOC, que buscaba dar ese
giro a la doctrina contrainsurgente, exigida por los acuerdos de paz y diferentes
sectores de la sociedad.
Pero en 2000, un
decreto del Congreso de la República
ordena el apoyo militar a la policía. La ola de críticas desde el congreso de
Estados Unidos de América EUA se recoge en los medios escritos de la época. Se
remarcan las sanciones de ayuda militar por aquel país y la crítica anti militar
aflora en las columnas de opinión.
En 2003, el ejército
lanza su nueva doctrina. Se reformó el entrenamiento y la educación. A nadie
interesó. Las críticas continuaron.
Ni la policía ni el
ejército tienen un respaldo legal en el ejercicio de su función, como
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si en caso hacen uso de su
arma de fuego para defender la vida de otros ciudadanos o su propia vida.
El CERSC desde su
creación, empieza a ser empleado en apoyo de la policía para la seguridad
ciudadana pero también para asuntos de conflictividad social, que por cierto no
se arreglan con uso de la fuerza sino con presencia del Estado, fuentes de
empleo, educación y acceso a salud – por decir algunos – pero la urgencia/presión
del “orden público” obligó a optar por
la solución más rápida: Represión legal (desalojos, erradicación de cultivos
ilícitos de la población etc.) con apoyo de militares.
Pero entonces surge una luz al final del túnel. Y fue que, paralelo a los
esfuerzos de lucha contra el crimen organizado (2008 a 2011), el alto mando tuvo disposición a encaminar los procesos de transformación y modernización militar –
anunciados desde la reducción de 2004 –. También se aclaró que lo militar no tenía
ninguna intromisión ni influencia sobre los procesos de investigación sobre
violaciones de derechos humanos. Esto hizo que EUA – único interesado en donar medios para modernización militar – analizara la transformación militar en doctrina, cambios en mentalidad militar, respeto de la ley y de los
derechos humanos, y decide, iniciar una seria intención de reanudar el apoyo
restringido desde 1978, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones.
Estas condiciones se
pueden resumir en cumplir la ley. Pero ampliando un poco más: dar muestras claras
de transparencia. Así que, alrededor de 2011, EUA ofrece el proyecto DIRI “Defense Institution Reform Initiative”, una iniciativa para Centroamérica que busca
reformar las instituciones de defensa.
El Plan era: Si el ejército cumple
la ley, acata disposiciones del organismo judicial, deja de participar en
seguridad ciudadana y administra los fondos públicos de manera transparente,
entonces EUA cooperará para la modernización de medios militares para que sean
empleados en su función constitucional.
La actitud militar durante la crisis política de 2015 de mantenerse al margen, la no intervención
en asuntos del organismo judicial, el entrenamiento en derechos humanos, el
SIPLAGDE, y el inicio del plan para salir de funciones de seguridad ciudadana,
han permitido avances en modernización militar y profesionalización de
oficiales y tropa, acrecentándose más aún durante 2016, por medio de donaciones de
diverso tipo – estos proyectos sin la ayuda de EUA, hubieran sido posibles sólo por medio de la asignación
de presupuesto específico para la defensa, cosa que está lejos de ocurrir –.
Y aquí se retoma la
idea planteada en el título de este artículo. La mayoría piensa que el ejército
es la solución, pero no se le asignan los insumos presupuestarios. La policía
ha declarado públicamente y promovido el plan correspondiente que da cuenta,
que se encuentra en total capacidad para enero de 2018 de asumir sus funciones
policiales sin apoyo militar.
Hoy por hoy, los
fiscales del Ministerio Público MP, piden apoyo militar en diligencias; los
alcaldes y gobernadores piden seguridad militar y no a la policía; subdirectores
de departamentos de comunas, de museos, de asociaciones deportivas, de centros
educativos, el sistema penitenciario, comités de vecinos, representantes de
comunidades, SAT contra el contrabando, entidades ambientales; todos piden apoyo de seguridad directamente al estamento militar. ¿Soldados
alrededor de centros para reorientación de niños como el hogar seguro Virgen de
la Asunción? Incluso jueces han ordenado participar en estos centros, desalojos
y otras diligencias.
Y el militar,
acostumbrado por formación y su honor a no decir “No”, cumple con cada
requerimiento con el mismo presupuesto, produciendo serias carencias a los
comandantes para poder cumplir con la misión y sin el respaldo legal para los
soldados si hacen uso de su arma de fuego (ver caso Alaska 2012). La misión para el ejército se extiende y adapta a conveniencia en base a la interpretación del texto constitucional.
La realidad es que
Guatemala necesita un ejército que sea preponderante en el mar y el aire. Una
flota adecuada en ambos mares que permita seguimiento e interceptación. Una
fuerza aérea capaz de detectar e interceptar vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional. Estos
medios aéreos y navales se emplean para detener el flujo del crimen organizado transnacional, que
a su vez, es el que produce el crimen común en tierra (interior del territorio)
fomentando entre otros, las pandillas.
En tierra se necesitan
fuerzas militares con movilidad y
comunicaciones, pero únicamente, para interactuar en la frontera con las
fuerzas armadas de países vecinos y proveer información inteligencia a la
policía, que es la única facultada para combatir el crimen organizado en
tierra, incluso en la zona de frontera.
Sin embargo, al final,
las decisiones favorecen a lo urgente y no a lo importante. El militar que vaya a las calles, que vaya a los centros de detención penales y de niños, a los
mercados, a proteger propiedad privada, apoyo al ministerio de comunicaciones,
apoyo al ministerio de educación, a eventos deportivos, a las ferias, a las
erradicaciones de amapola para “que enfrente” ciudadanos que defienden cultivos
ilícitos, pero que para ellos representan su sustento diario ante la ausencia
del Estado.
Por años el Estado fue
permisivo con ciudadanos para que resuelvan sus diferencias limítrofes haciendo
uso de sus armas de fuego, quien sabe si legalmente registradas; también por
años un Estado permisivo para que ciudadanos se provean seguridad a sí mismos “encapuchados”,
haciendo justicia por su propia mano, cometiendo ilícitos en este fin.
¿Cuál es la solución?: “Envíen
al ejército”. – Esque al ejército lo respetan – y muchas otras razones como
piensan ciudadanos de todos los estratos sociales. A continuación imagen de Nuestro Diario del
19 de marzo de 2017.
Pero la verdad es que
el ejército, como cualquier otra fuerza armada, está entrenado y tiene una
doctrina de defensa nacional. No sólo en defensa de la soberanía frente a otro
Estado sino convenientemente adecuada ahora contra el crimen organizado. De
manera que el objetivo militar por excelencia en un campo de batalla, para
cualquier fuerza armada es: El terreno.
Un soldado está
entrenado para “capturar terreno”, avanzar mediante el fuego y la maniobra,
moviéndose como parte de un equipo de combate o gran unidad táctica, en el
marco del Derecho de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario), que prohíbe
atacar víctimas inocentes que no participan en una guerra.
En el marco del
Derecho de la Guerra, la muerte del ejército enemigo es aceptable; pero en el marco del
Derecho de los Derechos Humanos (tiempo de paz), ninguna muerte es admisible.
Un soldado defendiendo a su patria se lanza al ataque aún a costa de su propia
vida; en el apoyo a la policía se debe proteger la vida de todos los civiles y
autoridades -- incluso de los delincuentes --, y ésta precisamente es la especialidad policial.
Es por la diferencia de
naturaleza y función institucional, de
formación de sus oficiales, por tipo de entrenamiento, que un militar no
debe participar en funciones policiales. Los militares actúan en equipo, los
policías están entrenados para actuar individualmente. Por eso a los militares
los capturan “en equipo” cuando de supuestas violaciones a derechos humanos se
trata.
Conclusiones:
Busca esta reflexión,
entender, por qué hoy día es necesario el fortalecimiento de cada institución
de seguridad, y que cada una cumpla el rol que le compete. Ya no debiera ser una solución, que el militar cumpla o refuerce a las otras instituciones o
ministerios. Los militares tienen bastante que hacer, con el presupuesto
actual, en el campo constitucional que les compete.
El respaldo legal del
Estado para sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles o
militares, es la mínima muestra de responsabilidad, para que este Estado logre una conjugación
armoniosa del empleo de medios para el
logro de objetivos nacionales, y el factor humanos intangible de la voluntad en el servicio y la abnegación para
cumplir con su deber.
El impulso estratégico
de la nación, en la dirección que busca el Estado se refleja en su presupuesto;
planificado por el poder Ejecutivo y refrendado con la voluntad de su poder
Legislativo. Cualquier objetivo fuera o disminuido en su cantidad presupuestada, no
es prioridad.
A partir de una decisión política de este tipo, las donaciones
internacionales a cambio de transparencia deberían ser bienvenidas y no
señaladas como intromisión extranjera.
Hace falta reflexionar aún más sobre la tenue
línea, apenas visible, que marca el cumplimiento del deber institucional de un
funcionario público y el interés por complacer a la autoridad que lo nombró.
ENCUESTA
