31 de enero de 2017

Seguridad Externa

Notas del artículo de  A. Mosquera

Seguridad Exterior:
Capacidad para neutralizar agresión extranjera y mantener goce íntegro de libertad. Mantener indisputable el territorio nacional frente a otra fuerza armada. La parte de “seguridad Interior” que el texto constitucional (artículo 244) otorga al ejército se refiere a la ubicación de los cuarteles, dentro del territorio, precisamente para la defensa, aeropuertos militares etc.
Además, en el campo de las relaciones exteriores: labores para fortalecer la paz internacional, por medio de misiones de naciones unidas, seguridad cooperativa (regional).
Otro rol es acudir en auxilio de la población cuando ocurran desastres.
Policía Nacional Civil: tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna”. Aquí el concepto debe entenderse en el ámbito de las ciencias policiales; es decir, se trata de las labores de prevención, disuasión, vigilancia, represión y corrección frente a actos que constituyan faltas o delitos.

Los roles de la policía y el ejército

La estrategia para garantizar la seguridad de la ciudadanía ha tomado un giro desde enero de 2017. El Consejo Nacional de Seguridad autorizó el plan para que la Policía Nacional Civil (PNC) asuma completamente el rol de la seguridad de los ciudadanos, por lo que autorizó el retiro gradual de la participación militar en apoyo a la PNC para este cometido. Fue un proceso de planificación que inició formalmente con una mesa técnica interministerial en mayo de 2016. La base principal para la decisión final fue la confirmación del análisis y estudios que indicaron que las capacidades profesionales, técnicas, de investigación y equipamiento de la PNC son suficientes para tomar de manera completa los roles que le corresponden sin presencia militar en las calles.

El siguiente paso fue que la PNC elaboró un estudio para analizar la incidencia criminal, determinando que únicamente necesitan del apoyo del ejército en treinta municipios que corresponden a cinco departamentos: Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Izabal y Petén.


Fuerzas especiales de la policía rescataron rehenes en San Miguel Petapa

La primera fase del plan, en enero 2017, consistió en que el ejército, distribuyó los escuadrones del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana (CERSC), consistente en cuatro mil cuatrocientos elementos a los departamentos requeridos. La segunda fase, consistirá en que la mitad de este personal será retirada en abril de 2017 y se concentrarán en las zonas de frontera para cumplir misiones de defensa de soberanía e integridad del territorio junto con las unidades regulares de las brigadas militares de los departamentos fronterizos. A su vez, cumplirán misiones de rescate, ayuda humanitaria ante fenómenos de la naturaleza, cooperación integral e interinstitucional, patrullaje de la biósfera, recursos naturales e infraestructura crítica. Otra parte será asignada a funciones de apoyo a la infantería de marina, para que, desplegados a lo largo de la línea costera, contribuyan a la interdicción de embarcaciones que logren llegar al litoral marítimo guatemalteco.

La tercera fase inicia en diciembre 2017, al retirar la totalidad de elementos de seguridad ciudadana de las calles, dejando a la policía en control de la seguridad ciudadana.

La puesta en marcha de este plan ha generado diferentes pronunciamientos de la sociedad y algunas entidades desde el inicio de su ejecución; argumentan que la seguridad percibida hoy es, gracias a la presencia militar en las calles y temen un repunte de la violencia. Sin embargo, a este respecto es conveniente considerar dos aspectos.

El primero es que la PNC trae un proceso de modernización y profesionalización de varios años. A la fecha sus capacidades de investigación y prevención del delito, ofrecen resultados mucho más concretos, especialmente en los casos de alto impacto donde se ha observado la pronta captura de hechos delictivos. La PNC reemplazará las mismas cantidades de elementos militares de seguridad ciudadana que sean retirados, para que no existan vacíos que provoquen algún repunte delincuencial. El segundo aspecto a considerar es que la presencia militar no se está retirando completamente, sino que fue reubicada en su primera fase y empezará a disminuir a partir de abril 2017. Las actividades militares de seguridad ciudadana continuarán, pero bajo la conducción de la PNC, a donde todas las entidades y sociedad en general podrán canalizar sus requerimientos de presencia para seguridad, pero ya no directamente a los destacamentos militares.

Ordenar los roles policiales y del ejército traerá consigo el incremento de los niveles de seguridad ciudadana, dado que permite una mejor coordinación interinstitucional. Por ejemplo: Buena parte de la delincuencia en el territorio se debe al tráfico de droga hacia el norte o venta al menudeo, provocando luchas por ese mercado ilícito o luchas territoriales entre bandas o pandillas que a eso se dedican. Fortaleciendo las capacidades navales de la Marina de la Defensa Nacional se aumentaría la posibilidad de interceptación de droga en el mar. De esta forma la droga ya no llega a los barrios o lugares de tráfico terrestre, donde la PNC está a cargo, disminuyendo hechos de violencia y secundado con esfuerzos para prevención del delito.

Igualmente, como es el caso actual, en que las capacidades para el control del espacio aéreo se han incrementado con la instalación de radares primarios a cargo de la Fuerza Aérea Guatemalteca y en coordinación con Dirección General de Aeronáutica Civil. De esta forma se evita, usando el mismo ejemplo, que vuelos ilícitos con droga penetren el espacio aéreo.

La gestión de este Teatro de Operaciones[1] para la seguridad se logra cuando una fuerza militar terrestre en la frontera, equipada adecuadamente y una PNC profesionalizada y modernizada en el interior, interactúan intercambiando información con las fuerzas de mar y aire para contrarrestar amenazas como la de nuestro ejemplo.

De esta manera, retomar los roles correspondientes de cada institución, permitirá el nivel de seguridad que alcance o mantenga el desarrollo deseado para el país. Un sistema en el cual las autoridades en coordinación con el ministerio público, pondrán a disposición del organismo judicial a todos aquellos ciudadanos que cometan ilícitos.

Dicha coordinación se logrará mediante una Política de Seguridad de la Nación, que asigne a las instituciones de seguridad el presupuesto adecuado, según el tipo de resultados en seguridad que el Congreso de la República requiera, dado que es éste organismo el que aprueba dicho presupuesto.

Esa es la importancia de que cada entidad tome su propio rol, como ya lo ha marcado el inicio este plan para la reducción de la participación militar en seguridad ciudadana.

Otro tema que queda pendiente es la participación militar en el apoyo a la seguridad perimétrica de los centros de detención del sistema penitenciario, la cual continuará por medio de elementos de seguridad ciudadana hasta que éste termine su proceso de modernización.



[1] Teatro de operaciones: espacio de aire, tierra y mar involucrado en las operaciones que se están realizando.

Publicado en Siglo 21 del 30 de enero de 2017

10 de enero de 2017

Origen de los cambios en los roles institucionales

La “seguridad interior” puede referirse al actuar en casos de: Insurrección, rebelión o revolución; cualquier forma que intente romper el orden constitucional (R. Ardón).


Los objetivos políticos de Estado, se desarrollan a través de estrategias que deben estar alineadas con las fuentes de financiamiento que hagan posible dichos objetivos. Estas fuentes pueden ser nacionales o de origen internacional.

En la dinámica para la asignación de financiamiento para la nación intervienen diferentes actores, cada uno con sus intereses. Un alineamiento en objetivos estratégicos interinstitucionales, políticos, civiles, privados, económicos y sociales, producirá fortalecimiento institucional, seguridad y desarrollo. La no alineación provoca debilitamiento institucional.

Si la dinámica dentro del mismo Estado tiende a privilegiar instituciones, por encima de otras, para atender intereses sin el equilibrio adecuado, las consecuencias recaen en la seguridad y desarrollo del Estado.

El debilitamiento institucional eleva los riesgos al carecer de las capacidades necesarias para enfrentar amenazas cuya neutralización o control asegura el desarrollo.

El resultado de la asignación presupuestaria desequilibrada, a causa de intereses interinstitucionales no alineados, provoca instituciones fuertes e instituciones débiles.
Los actores internacionales, que a la larga se benefician de instituciones fuertes del conjunto de Estados en una región, generan apoyo, prestamos, donaciones, inversiones ayuda etc. Estos esfuerzos de región – o ayuda – usualmente va acompañada de invitaciones entre Estados para compartir intereses; de lo contrario no habría relaciones internacionales. La dinámica de Estados fuertes y débiles marca el tipo de relaciones internacionales.

Colaborar con los intereses de un Estado más grande, tendrá en definitiva un impacto en la seguridad y el desarrollo del Estado que soberanamente accede colaborar. Aceptar la ayuda es una manera de lograr financiamiento para aumentar capacidades para una institución, donde el sistema que dirige el impulso presupuestario nacional, no considera a dicha institución por razones diversas de priorización, incluso ideológicas.

En el caso de instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de un Estado, o de apoyar para hacer cumplir, si no tienen un impulso presupuestario para cumplir con su deber, adquirir capacidades acordes a las amenazas; si no tienen un respaldo legal robusto, que impida que sus funcionarios vayan a prisión por cumplir con su deber, surge la necesidad de reordenar los roles, especialmente si al hacerlo, hay actores en el marco de las relaciones internacionales, que sí están dispuestos a cooperar y fortalecer instituciones de seguridad para enfrentar las amenazas.

De allí que los cambios en las políticas de conducción dentro de las instituciones de un Estado, dirigidas por el propio Estado soberano, tienden a alinearse con intereses comunes de Estados más grandes, con el objeto de lograr desarrollo y seguridad. Esto – se espera – aumentará la cooperación para el incremento de capacidades institucionales para desempeñarse en su propio campo y lograr la consecución del objetivo político.


Los cambios contundentes en roles institucionales, en la búsqueda de la seguridad y desarrollo para un Estado, no se debe entonces a cuestiones de intervencionismo, falta de nacionalismo, o producto de luchas ideológicas internas; se trata, sencillamente, de escoger alternativas que permitan seguir cumpliendo con el deber, ante la realidad de que el diálogo interinstitucional interno (nacional), no logra consensos para fortalecer la institucionalidad del Estado.