
¿Es suficiente incrementar el efectivo militar o crear destacamentos militares en las comunidades para resolver el problema de la inseguridad?
La seguridad es un Objetivo Nacional Permanente en cualquier Estado del mundo. Es ya conocido que – especialmente en Latinoamérica – los ejércitos han sido involucrados paulatinamente en la seguridad ciudadana. Guatemala no ha sido la excepción y la política de seguridad de los diferentes gobiernos desde la firma de la paz en 1996, ha sido emplear al ejército en mayor o menor medida en la “seguridad interna”.
Es comprensible que el recrudecimiento de la violencia, el accionar del crimen organizado y de las bandas de narcotraficantes – como en otras épocas y como sucede en cualquier otro país del mundo – obligue a las autoridades a tomar medidas activas.
Una de estas medidas fue la creación de los Batallones de Seguridad Ciudadana que participan en apoyo a la Policía Nacional Civil. Independientemente de las diversas opiniones sobre la eficacia y los resultados de esta medida, la ciudadanía ha expresado más confianza en las unidades militares que en las autoridades civiles para proveer seguridad.
¿Solucionará el problema de la violencia y accionar del crimen organizado el incremento de efectivo y la ubicación de destacamentos militares en las comunidades?
Durante el enfrentamiento armado interno que duró oficialmente 36 años, la tarea de combatir la amenaza que intentaba tomar el poder y establecer un sistema “diferente”, fue dejada exclusivamente al ejército. Esto pese a que el esfuerzo debió llevarse a cabo organizadamente y como política de Estado en todos los campos del poder nacional (económico, político, social) y no solo el militar. Por supuesto que en el desenlace final ya conocido, solo hay señalamientos – más negativos que positivos – en contra de la expresión militar.
Esto lleva a reflexionar la cuestión de lo “importante y lo urgente”. Los planes estratégicos resuelven los problemas importantes. Las medidas – reactivas – resuelven lo urgente. La desventaja es que las medidas estratégicas lleva años ver sus frutos; y a veces (como este caso) se necesita también de las medidas urgentes porque el problema de la inseguridad es real.
Paralelo al incremento de efectivos, sean estos policiales o militares para la seguridad ciudadana, se necesita el involucramiento de todas las expresiones del poder en la tarea de la seguridad. Es decir, que no solo hay que fundar un destacamento militar o una comisaría en una aldea, sino llevar fuente de trabajo, educación y salud a esa misma aldea, legislar en este sentido, desarrollar programas, facilitar la inversión para generación de empleo y hacer que el sistema de justicia alcance esta aldea. Todos reconocen hoy que La raíz del problema de la inseguridad es “principalmente” social.
Debe cuidarse de no cometer el mismo error del enfrentamiento armado interno y creer que abrir destacamentos militares solucionará el problema de la inseguridad. La tarea urgente de la seguridad no es exclusiva del ejército, será una herramienta, pero no su misión.
Para el Lic. Mario Ardón, catedrático en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército, cuando el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la participación del ejército en la seguridad interna, debe interpretarse exclusivamente para casos de: insurrección, rebelión o revolución. Estos son los únicos casos en que la capacidad de las fuerzas de seguridad civil ha sido rebasada. Es un error calificar como “sobrepasada” la capacidad de la fuerza policial por el mero incremento de violencia, de delitos, de accionar de bandas. Cuando dichas bandas no tengan necesidad de ser clandestinas y se ubiquen geográficamente para hacerle frente al gobierno, entonces la capacidad del Estado habrá sido sobrepasada. Lo que se necesita es incrementar la capacidad policial para contrarrestar las capacidades de la delincuencia común u organizada.
En México también es considerado el ejército como una institución confiable y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF ha instado a mantener la credibilidad de dicha institución, no involucrándolo en tareas de seguridad ciudadana; sino mantenerlo integro, entrenado y sin contaminar, para ser empleado como último recurso, como podría ser un estado de excepción (decretado en caso de: insurrección, rebelión o revolución y no tan solo porque un grupo de ciudadanos, aunque con violencia, pero con peticiones, descontentos y desarmados toman las instalaciones de un mercado o un edificio municipal).
La seguridad como objetivo nacional permanente mejorará con un esfuerzo integral, en todos los campos del poder nacional y la participación de los tres poderes del Estado. Incrementar efectivos militares o policiales implica necesariamente la inversión en equipo, comunicaciones y movilidad. Todo esto tiene un alto costo financiero.
Si tomará años fortalecer la Policía Nacional Civil y se necesita con urgencia apoyar la fuerza policial actual con unidades militares, es recomendable destinar unidades militares específicas para esta función (como los actuales batallones de seguridad ciudadana) pero con el respaldo legal respectivo para que participen activamente y no sólo “en apoyo de”. El resto de unidades regulares y especiales del ejército debe dejarse en reserva para estados de excepción o ser empleadas en el ámbito de la Defensa Nacional según la política respectiva.