21 de junio de 2017

Seminario sobre redes de amenazas transnacionales y transregionales


El Centro "William Perry" de Estudios Hemisféricos de Defensa, organizó un seminario regional en Guatemala titulado "Contrarrestando las Redes de Amenazas Transregionales y Transnacionales". Dicha actividad académica se realizó el 21 de junio de 2017 en el hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala.

Participaron ochenta profesionales en Defensa y Seguridad de: Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Canadá, Colombia, México y Estados Unidos de América. Conferencias, expertos en el tema, sesiones interactivas, discusión de políticas y estrategias para contrarrestar las amenazas en las américas.


Tuve la oportunidad de compartir lecciones aprendidas y comentarios sobre el papel de las fuerzas armadas, en mi caso de Guatemala, en los roles contra las redes de amenaza transnacional y transregional (Transnational and Transregional Threat Networks T3N).


A continuación la transcripción del tema preparado y el audio de lo que al final dio tiempo disertar.

Audio (Elegir opción: reproducir con "drive player")

Inicia transcripción de la disertación preparada:
Tengo en este día el privilegio de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias y lecciones aprendidas en la ejecución de planificación y operaciones en el Estado Mayor de la defensa nacional.

En la diapositiva pueden ver, según el Atlas de la Defensa RESDAL, como los países del hemisferio, participan con militares en los roles de las policías en la seguridad ciudadana y otras misiones.

Cada uno de los países tiene una situación particular distinta, definida por su propia situación política, factores geográficos; tienen mucha influencia la infraestructura que tienen para su desarrollo, características de sus fronteras.

Hay otros factores muy particulares de cada país, como aspectos sociales, relación entre las instituciones; esto crea un desafío para lograr la coordinación y unificación de los esfuerzos en la lucha común contra una amenaza organizada en red, y que opera transnacionalmente.

El Centro de Investigación en Defensa de Chile, publicó recientemente en su cuenta de Twuitter, y preguntó si era posible una política de defensa común en Latinoamérica. El resultado era 67% que No y el 33% que Si.

Y es precisamente por las circunstancias que varían en cada país. Por ejemplo en Honduras y en El Salvador las fuerzas armadas tienen respaldo legal Para actuar contra las pandillas y el crimen organizado, en Guatemala no totalmente. Guatemala sólo tenemos la facultad de apoyar a la Policía Nacional Civil. En El Salvador se escucha de enfrentamientos contra pandilleros con resultados trágicos de vidas humanas; aquí en Guatemala cuando un soldado usa su arma y muere una persona, es necesario un proceso de investigación en el que, generalmente, el soldado debe permanecer detenido de forma preventiva.


Estas circunstancias particulares de Guatemala, entre otras, deseo poner a consideración de ustedes y relacionarlo con el tema del papel militar en apoyo a la policía. Está claro que las redes criminales no sólo coordinan sus ilícitos transnacionalmente sino que han ascendido a un nivel inter regional de su campo de actuación.

La amenaza se ha organizado en red y opera no solo a nivel transnacional sino a nivel transregional. Por ejemplo en Colombia puede salir en el proceso de investigación Un nombre de un delincuente, y a la vez aparece a los entes de investigación en Guatemala el mismo nombre; el delincuente tiene contactos en ambos países y se corre el riesgo que si las autoridades de ambos países no se coordinan, nunca se darán cuenta que investigan a la misma persona.

Por eso, la red transregional de intercambio de información por parte de autoridades debe ser efectiva. Las rutas marítimas y aéreas se extienden grandes distancias, empleando diferentes métodos logísticos para sobrevivencia; utilizan la vía terrestre, cruzando fronteras en ingeniosos métodos para ocultar el ilícito; pero además, tienen personas especializadas en las agencias de funcionarios públicos, expertos en ingeniería, electrónica, marítima, economistas, expertos en sistemas bancarios y hasta expertos que conocen de cerca las entidades de seguridad. Esta complejidad le da un carácter ya no sólo transnacional sino transregional, y este incremento lo nivel, lo lograron gracias a que funcionan en red.

Las redes criminales aprovechan otras condiciones de los sistemas en los países, como las facultades legales y competencias de las instituciones y agencias. El militar trabaja la defensa, generalmente en la frontera, las policías, ministerios públicos o entes de investigación, tienen su propio campo de competencia. Usualmente uno no puede interferir en el otro.

Las aduanas corresponde a una entidad y el contrabando a otro. De manera que la información está dispersa. La facultad de producir inteligencia, facultad de detener a una persona; aspectos como estos varían en funciones a través de los países del hemisferio.



El respeto en el campo de las instituciones puede convertirse en ventajas para las redes criminales, si no se toman acciones para llenar los pequeños vacíos donde terminan las funciones de una y comienzan las de otra entidad.

Las redes no respetan estas áreas vacías, las aprovechan. Por ello la estrategia debe ser interinstitucional, o interagencial, para cubrir todos los espacios; y ahora como lo planteamos en este seminario, coordinación transregional para enfrentar la amenaza.

El enfoque transregional de la red criminal, hace aún más complejo el problema. La habilidad de adaptarnos a estos cambios constituye la teoría de los “problemas adaptativos complejos” que hemos aprendido en Centro Perry.

Otro aspecto es que las redes criminales afectan el entorno social. En Guatemala, en San Marcos, las personas subsisten de sembrar amapola; esto trae consigo otros problemas de educación porque los niños ya no van a la escuela por estar cultivando; los conflictos sociales y protestas contra las autoridades, acomodan el ambiente ideal para que entren las redes a usar el terreno para delinquir.

Las personas se vuelcan a trabajar para las redes criminales, cuidan campos, pistas clandestinas, sirven de alerta si hay presencia policial etc. De manera que las redes afectan todo el entorno.

En este entorno surge la discusión de las perspectivas de cada país para determinar los roles para sus fuerzas armadas en relación con las policías y otras instituciones.

¿Qué hemos hecho para enfrentar la amenaza considerando lo anterior?
En Guatemala las fuerzas armadas toman parte en un total de 11 foros entre bilaterales y regionales. Grupos de alto nivel de diálogo en materia de seguridad con México Honduras Salvador; tenemos el sistema de integración centroamericana; comisiones binacionales con El Salvador; La red interamericana internacional de información; programas de fortalecimiento fronterizo.

Con el comando Sur tenemos el Programa de entrenamiento de policía y militar conjunto CTOC, coordinamos activamente en el marco de la conferencia de seguridad centroamericana CENTSEC.



Hay otras capacitaciones y educación países del hemisferio como: Canadá, EUA, México, Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile. Casi todo el hemisferio.

Por supuesto el ámbito de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas CFAC con operaciones militares coordinadas en las fronteras, reuniones de los comandantes etc.

Nuestra estrategia militar está escrita en un plan que hemos llamado “evolución” que demarca el actuar militar en cinco áreas de misión:

Un área de misión para las operaciones de rescate, ayuda humanitaria, reducción de riesgos.

Un área de misión para la protección de infraestructura crítica y contribuir al desarrollo. Actualmente hay una región del país, donde la conflictividad social provocó que el gobierno decretara un Estado de Sitio, y el papel del ejército ha sido principalmente, acciones de contribución al desarrollo y control territorial. Todas las acciones son interinstitucionales.


Un área de misión para el apoyo a la política exterior y operaciones de paz.

Un área de misión que se refiere el apoyo a la policía y otras instituciones en la seguridad pública y ciudadana. El Estado de Guatemala a través del Consejo Nacional de Seguridad, determinó que el 2017 se pusiera en marcha el plan para la reducción gradual del apoyo militar a la policía.
Este plan surge desde 2015 con un cronograma y en 2016 se conformó una comisión interministerial que evaluó durante casi un año, la elaboración del plan.

El plan tiene tres fases, que se ejecutaron desde el 6 de enero de 2017. En la primera se concentraron los 4000 elementos de seguridad ciudadana en 30 municipios que designó la policía en base a los índices de criminalidad; la segunda fase en abril pasado, en que 2000 hombres se destinaron a 11 municipios y el resto a funciones de defensa en la frontera.
La tercera fase está programada para diciembre de 2017 en donde la policía proporcionará la seguridad ciudadana y el ejército cumplirá misiones de defensa en las zonas de frontera y a pedido acciones en el campo de la seguridad pública según lo requieran otras instituciones. Contra el contrabando, protección de la biósfera maya, sistema penitenciario, contra narcotráfico, trasiego de armas y otros ilícitos.

El área de misión de la Defensa e integridad del territorio se ha visto fortalecida por el incremento de capacidades gracias al personal que deja la seguridad ciudadana y está siendo desplegado a las zonas de frontera. Pero lo más valioso es el grado de coordinación interinstitucional que hemos logrado, en un clima de trabajo de total respeto en las funciones, el orden jurídico y aliviando muy bien cuestiones como la cadena de mando. La coordinación ha sido efectiva, y hemos tomado el sistema de cadena de mando y responsabilidad similar a la Fuerza de tarea interagencial sur, aunque de momento no lo hemos establecido formalmente.

Pero una o dos veces por semana, el jefe de estado mayor, acompañado de sus comandantes y directores, se reúne con funcionarios policiales, del Ministerio de Gobernación, de entidades de rescate, que ven la migración y la lucha contra el contrabando.

Central American Regional Seminar on  Countering Transregional-Transnational Threat Networks JUN 2017

El primer ejercicio fueron las fuerzas de tarea interinstitucionales, creadas con el apoyo de EUA, en equipo, entrenamiento e instalaciones y operan bajo el control operacional del Ministerio de Gobernación desde instalaciones militares. Hemos superado los desafíos y estamos coordinando cada vez mejor. Esto dará importantes resultados la la lucha contra las redes de amenaza transnacional y transregional.

Y prueba de ello, en este día tenemos operaciones coordinadas con El Salvador y Honduras, totalmente interinstitucionales, en la zona de frontera oriente. Le hemos llamado operación “fortaleza” y tenemos planes de extenderlo a la frontera con México, para lo cual se han realizado ya alguanas reuniones.

Nuestra fuerza especial naval ha dado la mayor parte de los buenos resultados en el mar. También recientemente se instalaron radares primarios y secundarios que ya han empezado a dar resultados. Pudieron ver en la gráfica que los ilícitos por vía aérea son menores que en el mar. Gracias a la donación del gobierno de Canadá, se instalará un sistema de gestión de teatro, con tecnología avanzada.

Todo este esfuerzo al ser compartido y coordinado en la región, es coherente con el tema de este seminario. Las redes internacionales del crimen organizado se trasladaron al ámbito transregional y nosotros así estamos enfocando nuestra estrategia.

Pero tenemos al frente importantes desafíos.

El primer desafío es mejorar la capacidad de operar Interinstitucionalmente, transnacionalmente con países vecinos, y a la vez, transregionalmente con países más distantes y en el mar.

Hacer que la información fluya, hacer ágil el intercambio de inteligencia, intercambio de métodos y adiestramiento para interceptar los métodos de las redes criminales que fluctúan de lo legal a lo ilegal, haciendo parecer legítima una actividad pero que realmente esconde o contribuye a un ilícito.
Debemos mejorar nuestra capacidad de certificar a nuestro personal para combatir el crimen, y finalmente, dar a conocer a los ciudadanos que la transparencia es un factor común al administrar el recurso financiero para adquirir capacidades.

Estamos en la era de la interagencialidad, de las operaciones interinstitucionales, de la coordinación y del apoyo mutuo transnacional y transregional; y esto debe ser en contactos directo, en unidad conceptual y unidad de esfuerzo transnacional con países de la región y sus instituciones, todos actuando en equipo, en red.
Finaliza Transcripción de la disertación.

4 de mayo de 2017

Guatemala: Avance militar en el tema "Mujer"



La mujer militar se abre espacio desde el momento en que la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Guatemala ha tomado la decisión de que ocupen cargos en lugares que tradicionalmente, hasta hoy, habían sido ocupados por personal militar masculino.

Desde el 1 de Mayo de 2017, cuatro mujeres militares guatemaltecas, oficiales con los rangos desde Subteniente a Teniente Coronel, fueron nombradas en puestos para ejercer comando en unidades militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, en Poptún, Petén; Brigada de Tropas Paracaidistas en puerto de San José, Escuintla; Unidad Humanitaria de Rescate y Ayuda Humanitaria, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas UHR-CFAC; y la Jefatura de la Escuela de Armas y Servicios del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala COSEDE.



En adelante, tendrán la oportunidad de competir y sobresalir, por igual, entre sus pares masculinos, en las áreas propias de las fuerzas especiales como: Aptitud y rendimiento físico y mental, destrezas militares como el tiro con armas de diverso calibre, desempeño profesional, conducta y la aplicación de los principios y valores militares; sin más consideración que, las que por su naturaleza de mujer, en su momento, les corresponda.

Es comprensible el revuelo que se puede producir en la cultura organizacional tradicional de algunos de los integrantes de las fuerzas especiales del Ejército de Guatemala, pero el desafío institucional que se viene, es coherente con el desarrollo de ejércitos de países de la región.

Fuerzas armadas como las de México, Honduras y El Salvador, tienen ya incluida a la mujer como oficiales, suboficiales y soldados en las diferentes armas de combate y apoyo de servicios de combate; con el nombramiento de estas oficiales, el Ejército de Guatemala inicia el camino en una planificación de mediano y largo plazo, hacia la inclusión de la mujer en concordancia con las fuerzas armadas de países vecinos.



El reto no es sólo para ellas, sino para todo soldado aguerrido, entrenado y con un corazón lleno de Mística y Espíritu militar, que desde ahora, experimentará el poder cumplir su misión, al lado o bajo el mando de una mujer con sus mismas capacidades, conocimiento, experiencia, destreza y alto espíritu militar. 





En las fotos a continuación, la Tte Coronel de Sanidad Militar Luz Arlene Chinchilla Mena, recibe el comando de la Unidad Humanitaria de Rescate UHR.

 




En Este video se puede observar a la Teniente de Transmisiones Militares Jenniffer Karla Betsita Barrientos Borrayo,  quien recientemente fue nombrada en la Brigada de fuerzas especiales "Kaibil", en el momento en que efectúa un salto táctico en paracaídas portando su equipo de combate y armamento orgánico.  En el ejercicio militar, del pasado 25 de mayo de 2017, realizado en Poptún, Petén, la teniente Barrientos se desempeñó como líder de un grupo especial que realiza una infiltración aerotransportada. La Teniente es la segunda en salir de la aeronave.

El siguiente video también ofrece una visión de la vida profesional y familiar de ambas oficiales.


19 de marzo de 2017

La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo



La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo. Idea que persiste en civiles por tradición y en militares por formación. Prensa Libre hace la reseña en esta fecha de los treinta y cinco años del último golpe de Estado. Tal y como se lee, los militares vieron una problemática y decidieron resolverla, no cabe duda que con la complicidad de civiles.

No se cuestiona aquí el hecho, cuyas consecuencias pudieron ser hasta hoy positivas o negativas según la perspectiva con que se quiera ver. El análisis es la arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo, ya sea heroísmo desde lo interno de sus filas o manipulado desde afuera (civiles de élite).

Luego de aquel hecho, hubo dos intentos de golpe de Estado (de nuevo por militares), uno en 1987 y otro en 1988. Y esque no a todos los militares parecía bien que el ejército, comenzaba a sujetarse al orden constitucional y Estado de Derecho vigentes, e intentaba retomar los roles que realmente le corresponden – y honestamente porque íbamos hacia la paz –.

En 1993, de nuevo, civiles y militares deciden poner coto a eventos políticos por medio de eventos políticos. Se conoció al final como “el serranazo”.

Se enfila la recta final hacia la paz. Los medios repudian lo militar y los mismos medios presentan encuestas de popularidad donde elogian lo militar. Luego de alrededor de dieciocho años de presión y crítica internacional hacia lo militar se llega a la firma de la paz en 1996.

Acuerdos de paz y opinión en los medios, celebraban el retiro de los militares a sus cuarteles/roles. Sin embargo el mismo gobierno que firma la paz, llama de nuevo a los militares hacia finales de 1997 para iniciar el apoyo a la policía.

Por su parte en 1998, el ejército funda el Comando de Educación y Doctrina CEDOC, que buscaba dar ese giro a la doctrina contrainsurgente, exigida por los acuerdos de paz y diferentes sectores de la sociedad.

Pero en 2000, un decreto del  Congreso de la República ordena el apoyo militar a la policía. La ola de críticas desde el congreso de Estados Unidos de América EUA se recoge en los medios escritos de la época. Se remarcan las sanciones de ayuda militar por aquel país y la crítica anti militar aflora en las columnas de opinión.

En 2003, el ejército lanza su nueva doctrina. Se reformó el entrenamiento y la educación. A nadie interesó. Las críticas continuaron.

En 2004 un recién electo presidente – a ocho años de la firma de la paz – decide reducir al ejército con los consiguientes efectos, que pueden recogerse en múltiples referencias  Por ejemplo, de 2008 a 2010 hubo necesidad de decretar estados de excepción en base a la ley de orden público para contener el crimen organizado.

Dos años después de esta reducción, en 2006, ese mismo gobierno decide emplear al ejército en apoyo – ¿otra vez? – a la policía. Se crean los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana CERSC. Nuevamente aumenta el número de efectivo militar y se formaliza que también participen en el sistema penitenciario.

Ni la policía ni el ejército tienen un respaldo legal en el ejercicio de su función, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si en caso hacen uso de su arma de fuego para defender la vida de otros ciudadanos o su propia vida.

El CERSC desde su creación, empieza a ser empleado en apoyo de la policía para la seguridad ciudadana pero también para asuntos de conflictividad social, que por cierto no se arreglan con uso de la fuerza sino con presencia del Estado, fuentes de empleo, educación y acceso a salud – por decir algunos – pero la urgencia/presión del “orden público”  obligó a optar por la solución más rápida: Represión legal (desalojos, erradicación de cultivos ilícitos de la población etc.) con apoyo de militares.

Pero entonces surge una luz al final del túnel. Y fue que, paralelo a los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado (2008 a 2011), el alto mando tuvo disposición a encaminar los procesos de transformación y modernización militar – anunciados desde la reducción de 2004 –. También se aclaró que lo militar no tenía ninguna intromisión ni influencia sobre los procesos de investigación sobre violaciones de derechos humanos. Esto hizo que EUA – único interesado en donar medios para modernización militar – analizara la transformación militar en doctrina, cambios en mentalidad militar, respeto de la ley y de los derechos humanos, y decide, iniciar una seria intención de reanudar el apoyo restringido desde 1978, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Estas condiciones se pueden resumir en cumplir la ley. Pero ampliando un poco más: dar muestras claras de transparencia. Así que, alrededor de 2011, EUA ofrece el proyecto DIRI “Defense Institution Reform Initiative”, una iniciativa para Centroamérica que busca reformar las instituciones de defensa.

El Plan era: Si el ejército cumple la ley, acata disposiciones del organismo judicial, deja de participar en seguridad ciudadana y administra los fondos públicos de manera transparente, entonces EUA cooperará para la modernización de medios militares para que sean empleados en su función constitucional.

De esta manera, desde aquel año 2011, se sentaron las bases para establecer lo que hoy (2017) es el sistema de planificación y gestión de la defensa SIPLAGDE.

Esta muestra de voluntad, por parte de la “mentalidad militar”, permitió que en 2014, el Departamento de Defensa de EUA, incluyera a Guatemala entre los países que conforman un grupo bilateral de trabajo. Es decir, Guatemala es de los cinco países del hemisferio con los que el Departamento de Defensa de EUA, tiene pláticas directas con el Ministerio de la Defensa.





La actitud militar durante la crisis política de 2015 de mantenerse al margen, la no intervención en asuntos del organismo judicial, el entrenamiento en derechos humanos, el SIPLAGDE, y el inicio del plan para salir de funciones de seguridad ciudadana, han permitido avances en modernización militar y profesionalización de oficiales y tropa, acrecentándose más aún durante 2016, por medio de donaciones de diverso tipo – estos proyectos sin la ayuda de EUA, hubieran sido posibles sólo por medio de la asignación de presupuesto específico para la defensa, cosa que está lejos de ocurrir –.

Y aquí se retoma la idea planteada en el título de este artículo. La mayoría piensa que el ejército es la solución, pero no se le asignan los insumos presupuestarios. La policía ha declarado públicamente y promovido el plan correspondiente que da cuenta, que se encuentra en total capacidad para enero de 2018 de asumir sus funciones policiales sin apoyo militar.

Hoy por hoy, los fiscales del Ministerio Público MP, piden apoyo militar en diligencias; los alcaldes y gobernadores piden seguridad militar y no a la policía; subdirectores de departamentos de comunas, de museos, de asociaciones deportivas, de centros educativos, el sistema penitenciario, comités de vecinos, representantes de comunidades, SAT contra el contrabando, entidades ambientales; todos piden apoyo de seguridad directamente al estamento militar. ¿Soldados alrededor de centros para reorientación de niños como el hogar seguro Virgen de la Asunción? Incluso jueces han ordenado participar en estos centros, desalojos y otras diligencias.

Y el militar, acostumbrado por formación y su honor a no decir “No”, cumple con cada requerimiento con el mismo presupuesto, produciendo serias carencias a los comandantes para poder cumplir con la misión y sin el respaldo legal para los soldados si hacen uso de su arma de fuego (ver caso Alaska 2012). La misión para el ejército se extiende y adapta a conveniencia en base a la interpretación del texto constitucional.

La realidad es que Guatemala necesita un ejército que sea preponderante en el mar y el aire. Una flota adecuada en ambos mares que permita seguimiento e interceptación. Una fuerza aérea capaz de detectar e interceptar vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional. Estos medios aéreos y navales se emplean para detener el flujo del crimen organizado transnacional, que a su vez, es el que produce el crimen común en tierra (interior del territorio) fomentando entre otros, las pandillas.

En tierra se necesitan fuerzas militares  con movilidad y comunicaciones, pero únicamente, para interactuar en la frontera con las fuerzas armadas de países vecinos y proveer información inteligencia a la policía, que es la única facultada para combatir el crimen organizado en tierra, incluso en la zona de frontera.

Sin embargo, al final, las decisiones favorecen a lo urgente y no a lo importante. El militar que vaya a las calles, que vaya a los centros de detención penales y de niños, a los mercados, a proteger propiedad privada, apoyo al ministerio de comunicaciones, apoyo al ministerio de educación, a eventos deportivos, a las ferias, a las erradicaciones de amapola para “que enfrente” ciudadanos que defienden cultivos ilícitos, pero que para ellos representan su sustento diario ante la ausencia del Estado.


Por años el Estado fue permisivo con ciudadanos para que resuelvan sus diferencias limítrofes haciendo uso de sus armas de fuego, quien sabe si legalmente registradas; también por años un Estado permisivo para que ciudadanos se provean seguridad a sí mismos “encapuchados”, haciendo justicia por su propia mano, cometiendo ilícitos en este fin.

¿Cuál es la solución?: “Envíen al ejército”. – Esque al ejército lo respetan – y muchas otras razones como piensan ciudadanos de todos los estratos sociales.  A continuación imagen de Nuestro Diario del 19 de marzo de 2017.



Pero la verdad es que el ejército, como cualquier otra fuerza armada, está entrenado y tiene una doctrina de defensa nacional. No sólo en defensa de la soberanía frente a otro Estado sino convenientemente adecuada ahora contra el crimen organizado. De manera que el objetivo militar por excelencia en un campo de batalla, para cualquier fuerza armada es: El terreno.

Un soldado está entrenado para “capturar terreno”, avanzar mediante el fuego y la maniobra, moviéndose como parte de un equipo de combate o gran unidad táctica, en el marco del Derecho de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario), que prohíbe atacar víctimas inocentes que no participan en una guerra.

En el marco del Derecho de la Guerra, la muerte del ejército enemigo es aceptable; pero en el marco del Derecho de los Derechos Humanos (tiempo de paz), ninguna muerte es admisible. Un soldado defendiendo a su patria se lanza al ataque aún a costa de su propia vida; en el apoyo a la policía se debe proteger la vida de todos los civiles y autoridades -- incluso de los delincuentes --, y ésta precisamente es la especialidad policial.

Es por la diferencia de naturaleza  y función institucional, de formación de sus oficiales, por tipo de entrenamiento, que un militar no debe participar en funciones policiales. Los militares actúan en equipo, los policías están entrenados para actuar individualmente. Por eso a los militares los capturan “en equipo” cuando de supuestas violaciones a derechos humanos se trata.

Conclusiones:

Busca esta reflexión, entender, por qué hoy día es necesario el fortalecimiento de cada institución de seguridad, y que cada una cumpla el rol que le compete. Ya no debiera ser una solución, que el militar cumpla o refuerce a las otras instituciones o ministerios. Los militares tienen bastante que hacer, con el presupuesto actual, en el campo constitucional que les compete.

La cooperación interinstitucional debe ser un medio, de preferencia temporal, y no un fin.

El respaldo legal del Estado para sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles o militares, es la mínima muestra de responsabilidad, para que este Estado logre una conjugación armoniosa del empleo de medios  para el logro de objetivos nacionales, y el factor humanos intangible de la voluntad en el servicio y la abnegación para cumplir con su deber.

El impulso estratégico de la nación, en la dirección que busca el Estado se refleja en su presupuesto; planificado por el poder Ejecutivo y refrendado con la voluntad de su poder Legislativo. Cualquier objetivo fuera o disminuido en su cantidad presupuestada, no es prioridad. 

A partir de una decisión política de este tipo, las donaciones internacionales a cambio de transparencia deberían ser bienvenidas y no señaladas como intromisión extranjera.

Hace falta reflexionar aún más sobre la tenue línea, apenas visible, que marca el cumplimiento del deber institucional de un funcionario público y el interés por complacer a la autoridad que lo nombró.

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