4 de mayo de 2017

Guatemala: Avance militar en el tema "Mujer"



La mujer militar se abre espacio desde el momento en que la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Guatemala ha tomado la decisión de que ocupen cargos en lugares que tradicionalmente, hasta hoy, habían sido ocupados por personal militar masculino.

Desde el 1 de Mayo de 2017, cuatro mujeres militares guatemaltecas, oficiales con los rangos desde Subteniente a Teniente Coronel, fueron nombradas en puestos para ejercer comando en unidades militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, en Poptún, Petén; Brigada de Tropas Paracaidistas en puerto de San José, Escuintla; Unidad Humanitaria de Rescate y Ayuda Humanitaria, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas UHR-CFAC; y la Jefatura de la Escuela de Armas y Servicios del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala COSEDE.



En adelante, tendrán la oportunidad de competir y sobresalir, por igual, entre sus pares masculinos, en las áreas propias de las fuerzas especiales como: Aptitud y rendimiento físico y mental, destrezas militares como el tiro con armas de diverso calibre, desempeño profesional, conducta y la aplicación de los principios y valores militares; sin más consideración que, las que por su naturaleza de mujer, en su momento, les corresponda.

Es comprensible el revuelo que se puede producir en la cultura organizacional tradicional de algunos de los integrantes de las fuerzas especiales del Ejército de Guatemala, pero el desafío institucional que se viene, es coherente con el desarrollo de ejércitos de países de la región.

Fuerzas armadas como las de México, Honduras y El Salvador, tienen ya incluida a la mujer como oficiales, suboficiales y soldados en las diferentes armas de combate y apoyo de servicios de combate; con el nombramiento de estas oficiales, el Ejército de Guatemala inicia el camino en una planificación de mediano y largo plazo, hacia la inclusión de la mujer en concordancia con las fuerzas armadas de países vecinos.



El reto no es sólo para ellas, sino para todo soldado aguerrido, entrenado y con un corazón lleno de Mística y Espíritu militar, que desde ahora, experimentará el poder cumplir su misión, al lado o bajo el mando de una mujer con sus mismas capacidades, conocimiento, experiencia, destreza y alto espíritu militar. 





En las fotos a continuación, la Tte Coronel de Sanidad Militar Luz Arlene Chinchilla Mena, recibe el comando de la Unidad Humanitaria de Rescate UHR.

 




En Este video se puede observar a la Teniente de Transmisiones Militares Jenniffer Karla Betsita Barrientos Borrayo,  quien recientemente fue nombrada en la Brigada de fuerzas especiales "Kaibil", en el momento en que efectúa un salto táctico en paracaídas portando su equipo de combate y armamento orgánico.  En el ejercicio militar, del pasado 25 de mayo de 2017, realizado en Poptún, Petén, la teniente Barrientos se desempeñó como líder de un grupo especial que realiza una infiltración aerotransportada. La Teniente es la segunda en salir de la aeronave.

19 de marzo de 2017

La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo



La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo. Idea que persiste en civiles por tradición y en militares por formación. Prensa Libre hace la reseña en esta fecha de los treinta y cinco años del último golpe de Estado. Tal y como se lee, los militares vieron una problemática y decidieron resolverla, no cabe duda que con la complicidad de civiles.

No se cuestiona aquí el hecho, cuyas consecuencias pudieron ser hasta hoy positivas o negativas según la perspectiva con que se quiera ver. El análisis es la arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo, ya sea heroísmo desde lo interno de sus filas o manipulado desde afuera (civiles de élite).

Luego de aquel hecho, hubo dos intentos de golpe de Estado (de nuevo por militares), uno en 1987 y otro en 1988. Y esque no a todos los militares parecía bien que el ejército, comenzaba a sujetarse al orden constitucional y Estado de Derecho vigentes, e intentaba retomar los roles que realmente le corresponden – y honestamente porque íbamos hacia la paz –.

En 1993, de nuevo, civiles y militares deciden poner coto a eventos políticos por medio de eventos políticos. Se conoció al final como “el serranazo”.

Se enfila la recta final hacia la paz. Los medios repudian lo militar y los mismos medios presentan encuestas de popularidad donde elogian lo militar. Luego de alrededor de dieciocho años de presión y crítica internacional hacia lo militar se llega a la firma de la paz en 1996.

Acuerdos de paz y opinión en los medios, celebraban el retiro de los militares a sus cuarteles/roles. Sin embargo el mismo gobierno que firma la paz, llama de nuevo a los militares hacia finales de 1997 para iniciar el apoyo a la policía.

Por su parte en 1998, el ejército funda el Comando de Educación y Doctrina CEDOC, que buscaba dar ese giro a la doctrina contrainsurgente, exigida por los acuerdos de paz y diferentes sectores de la sociedad.

Pero en 2000, un decreto del  Congreso de la República ordena el apoyo militar a la policía. La ola de críticas desde el congreso de Estados Unidos de América EUA se recoge en los medios escritos de la época. Se remarcan las sanciones de ayuda militar por aquel país y la crítica anti militar aflora en las columnas de opinión.

En 2003, el ejército lanza su nueva doctrina. Se reformó el entrenamiento y la educación. A nadie interesó. Las críticas continuaron.

En 2004 un recién electo presidente – a ocho años de la firma de la paz – decide reducir al ejército con los consiguientes efectos, que pueden recogerse en múltiples referencias  Por ejemplo, de 2008 a 2010 hubo necesidad de decretar estados de excepción en base a la ley de orden público para contener el crimen organizado.

Dos años después de esta reducción, en 2006, ese mismo gobierno decide emplear al ejército en apoyo – ¿otra vez? – a la policía. Se crean los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana CERSC. Nuevamente aumenta el número de efectivo militar y se formaliza que también participen en el sistema penitenciario.

Ni la policía ni el ejército tienen un respaldo legal en el ejercicio de su función, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si en caso hacen uso de su arma de fuego para defender la vida de otros ciudadanos o su propia vida.

El CERSC desde su creación, empieza a ser empleado en apoyo de la policía para la seguridad ciudadana pero también para asuntos de conflictividad social, que por cierto no se arreglan con uso de la fuerza sino con presencia del Estado, fuentes de empleo, educación y acceso a salud – por decir algunos – pero la urgencia/presión del “orden público”  obligó a optar por la solución más rápida: Represión legal (desalojos, erradicación de cultivos ilícitos de la población etc.) con apoyo de militares.

Pero entonces surge una luz al final del túnel. Y fue que, paralelo a los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado (2008 a 2011), el alto mando tuvo disposición a encaminar los procesos de transformación y modernización militar – anunciados desde la reducción de 2004 –. También se aclaró que lo militar no tenía ninguna intromisión ni influencia sobre los procesos de investigación sobre violaciones de derechos humanos. Esto hizo que EUA – único interesado en donar medios para modernización militar – analizara la transformación militar en doctrina, cambios en mentalidad militar, respeto de la ley y de los derechos humanos, y decide, iniciar una seria intención de reanudar el apoyo restringido desde 1978, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Estas condiciones se pueden resumir en cumplir la ley. Pero ampliando un poco más: dar muestras claras de transparencia. Así que, alrededor de 2011, EUA ofrece el proyecto DIRI “Defense Institution Reform Initiative”, una iniciativa para Centroamérica que busca reformar las instituciones de defensa.

El Plan era: Si el ejército cumple la ley, acata disposiciones del organismo judicial, deja de participar en seguridad ciudadana y administra los fondos públicos de manera transparente, entonces EUA cooperará para la modernización de medios militares para que sean empleados en su función constitucional.

De esta manera, desde aquel año 2011, se sentaron las bases para establecer lo que hoy (2017) es el sistema de planificación y gestión de la defensa SIPLAGDE.

Esta muestra de voluntad, por parte de la “mentalidad militar”, permitió que en 2014, el Departamento de Defensa de EUA, incluyera a Guatemala entre los países que conforman un grupo bilateral de trabajo. Es decir, Guatemala es de los cinco países del hemisferio con los que el Departamento de Defensa de EUA, tiene pláticas directas con el Ministerio de la Defensa.





La actitud militar durante la crisis política de 2015 de mantenerse al margen, la no intervención en asuntos del organismo judicial, el entrenamiento en derechos humanos, el SIPLAGDE, y el inicio del plan para salir de funciones de seguridad ciudadana, han permitido avances en modernización militar y profesionalización de oficiales y tropa, acrecentándose más aún durante 2016, por medio de donaciones de diverso tipo – estos proyectos sin la ayuda de EUA, hubieran sido posibles sólo por medio de la asignación de presupuesto específico para la defensa, cosa que está lejos de ocurrir –.

Y aquí se retoma la idea planteada en el título de este artículo. La mayoría piensa que el ejército es la solución, pero no se le asignan los insumos presupuestarios. La policía ha declarado públicamente y promovido el plan correspondiente que da cuenta, que se encuentra en total capacidad para enero de 2018 de asumir sus funciones policiales sin apoyo militar.

Hoy por hoy, los fiscales del Ministerio Público MP, piden apoyo militar en diligencias; los alcaldes y gobernadores piden seguridad militar y no a la policía; subdirectores de departamentos de comunas, de museos, de asociaciones deportivas, de centros educativos, el sistema penitenciario, comités de vecinos, representantes de comunidades, SAT contra el contrabando, entidades ambientales; todos piden apoyo de seguridad directamente al estamento militar. ¿Soldados alrededor de centros para reorientación de niños como el hogar seguro Virgen de la Asunción? Incluso jueces han ordenado participar en estos centros, desalojos y otras diligencias.

Y el militar, acostumbrado por formación y su honor a no decir “No”, cumple con cada requerimiento con el mismo presupuesto, produciendo serias carencias a los comandantes para poder cumplir con la misión y sin el respaldo legal para los soldados si hacen uso de su arma de fuego (ver caso Alaska 2012). La misión para el ejército se extiende y adapta a conveniencia en base a la interpretación del texto constitucional.

La realidad es que Guatemala necesita un ejército que sea preponderante en el mar y el aire. Una flota adecuada en ambos mares que permita seguimiento e interceptación. Una fuerza aérea capaz de detectar e interceptar vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional. Estos medios aéreos y navales se emplean para detener el flujo del crimen organizado transnacional, que a su vez, es el que produce el crimen común en tierra (interior del territorio) fomentando entre otros, las pandillas.

En tierra se necesitan fuerzas militares  con movilidad y comunicaciones, pero únicamente, para interactuar en la frontera con las fuerzas armadas de países vecinos y proveer información inteligencia a la policía, que es la única facultada para combatir el crimen organizado en tierra, incluso en la zona de frontera.

Sin embargo, al final, las decisiones favorecen a lo urgente y no a lo importante. El militar que vaya a las calles, que vaya a los centros de detención penales y de niños, a los mercados, a proteger propiedad privada, apoyo al ministerio de comunicaciones, apoyo al ministerio de educación, a eventos deportivos, a las ferias, a las erradicaciones de amapola para “que enfrente” ciudadanos que defienden cultivos ilícitos, pero que para ellos representan su sustento diario ante la ausencia del Estado.


Por años el Estado fue permisivo con ciudadanos para que resuelvan sus diferencias limítrofes haciendo uso de sus armas de fuego, quien sabe si legalmente registradas; también por años un Estado permisivo para que ciudadanos se provean seguridad a sí mismos “encapuchados”, haciendo justicia por su propia mano, cometiendo ilícitos en este fin.

¿Cuál es la solución?: “Envíen al ejército”. – Esque al ejército lo respetan – y muchas otras razones como piensan ciudadanos de todos los estratos sociales.  A continuación imagen de Nuestro Diario del 19 de marzo de 2017.



Pero la verdad es que el ejército, como cualquier otra fuerza armada, está entrenado y tiene una doctrina de defensa nacional. No sólo en defensa de la soberanía frente a otro Estado sino convenientemente adecuada ahora contra el crimen organizado. De manera que el objetivo militar por excelencia en un campo de batalla, para cualquier fuerza armada es: El terreno.

Un soldado está entrenado para “capturar terreno”, avanzar mediante el fuego y la maniobra, moviéndose como parte de un equipo de combate o gran unidad táctica, en el marco del Derecho de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario), que prohíbe atacar víctimas inocentes que no participan en una guerra.

En el marco del Derecho de la Guerra, la muerte del ejército enemigo es aceptable; pero en el marco del Derecho de los Derechos Humanos (tiempo de paz), ninguna muerte es admisible. Un soldado defendiendo a su patria se lanza al ataque aún a costa de su propia vida; en el apoyo a la policía se debe proteger la vida de todos los civiles y autoridades -- incluso de los delincuentes --, y ésta precisamente es la especialidad policial.

Es por la diferencia de naturaleza  y función institucional, de formación de sus oficiales, por tipo de entrenamiento, que un militar no debe participar en funciones policiales. Los militares actúan en equipo, los policías están entrenados para actuar individualmente. Por eso a los militares los capturan “en equipo” cuando de supuestas violaciones a derechos humanos se trata.

Conclusiones:

Busca esta reflexión, entender, por qué hoy día es necesario el fortalecimiento de cada institución de seguridad, y que cada una cumpla el rol que le compete. Ya no debiera ser una solución, que el militar cumpla o refuerce a las otras instituciones o ministerios. Los militares tienen bastante que hacer, con el presupuesto actual, en el campo constitucional que les compete.

La cooperación interinstitucional debe ser un medio, de preferencia temporal, y no un fin.

El respaldo legal del Estado para sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles o militares, es la mínima muestra de responsabilidad, para que este Estado logre una conjugación armoniosa del empleo de medios  para el logro de objetivos nacionales, y el factor humanos intangible de la voluntad en el servicio y la abnegación para cumplir con su deber.

El impulso estratégico de la nación, en la dirección que busca el Estado se refleja en su presupuesto; planificado por el poder Ejecutivo y refrendado con la voluntad de su poder Legislativo. Cualquier objetivo fuera o disminuido en su cantidad presupuestada, no es prioridad. 

A partir de una decisión política de este tipo, las donaciones internacionales a cambio de transparencia deberían ser bienvenidas y no señaladas como intromisión extranjera.

Hace falta reflexionar aún más sobre la tenue línea, apenas visible, que marca el cumplimiento del deber institucional de un funcionario público y el interés por complacer a la autoridad que lo nombró.

ENCUESTA

9 de marzo de 2017

Primer simposio militar sobre género en Guatemala



El 7 y 8 de marzo de 2017  en el interior de la Brigada Militar Mariscal Zavala,  se realizó el primer simposio que reúne a mujeres militares de diferentes rangos de las armas y servicios, para discutir temas de la mujer a partir de la exposición de panelistas especializadas.

El tema de Género en el Ejército de Guatemala tuvo un impulso muy importante desde mayo de 2016, cuando el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General de División Juan Manuel Pérez Ramírez, incluyó en su guía de comando hacia el interior de las fuerzas armadas, el eje estratégico militar que potencia la participación de la mujer dentro de las filas del Ejército de Guatemala.

La reorganización de las unidades militares hacia la frontera, el control marítimo y el control del espacio aéreo, requerirá unidades especializadas donde la visión es incluir oficiales, especialistas y soldados mujeres, tanto en áreas administrativas como operativas, al igual que otros ejércitos desarrollados.

 General de División Juan Manuel Pérez, Jefe del Estado Mayor de Guatemala fue recibido por el
General Mark H Berry, Comandante de la Guardia Nacional de Arkansas

En diciembre de 2016, el General Juan Manuel Pérez, fue invitado con un equipo multidiciplinario a visitar la Guardia Nacional de Arkansas, EUA donde la General Tamhra Hutchins-Frye recibió una exposición de la situación de la mujer en el Ejército de Guatemala por parte de la Capitán de Policía Militar Nineth Oliva de Paz, integrante de la comisión de Género del Estado Mayor.


Capitán Nineth Oliva conversa con la General Tamhra Hutchins-Frye

A raíz de este acercamiento, inició un apoyo directo del Comando Sur de los Estados Unidos de América EUA, cuyo grupo militar asignado a la embajada en Guatemala, ha patrocinado cursos de especialización sobre género de oficiales y soldados en Trinidad y Tobago, Chile, Colombia Perú y EUA.


La dinámica que las mujeres militares capacitadas generaron, le permitió a la Jefatura de Estado Mayor conformar una comisión integrada por oficiales y soldados, mujeres, para que impulse actividades encaminadas a cumplir con la guía de comando y lograr acomodar el sistema actual para que hombres y mujeres, en base a sus capacidades, tengan las mismas oportunidades de acceder a cursos y aspirar a cargos clave en la administración y comando del Ejército de Guatemala.

De esa cuenta, se creó la Comisión de Género, de la Jefatura de Estado Mayor, cuya presidenta: La mayor de Intendencia Elcy Ortiz, es integrante de la primera promoción de mujeres oficiales graduadas en la Escuela Politécnica de Guatemala. Con ella un equipo de oficiales y especialistas mujeres, han venido desarrollando actividades como el primer simposio de género que organiza el Ejército de Guatemala, realizado el 7 y 8 de marzo en la Brigada Mariscal Zavala.

Mesa principal del primer simposio de género: Mayor de Intendencia Elcy Ortiz, Presidenta de la comisión de género; Coronel Marvin Loera, Comandante del Grupo Militar embajada de EUA en Guatemala; General Juan Manuel Pérez, Jefe del Estado Mayor; Tte Coronel Jefrey López, segundo comandante del Grupo Militar de EUA en Guatemala; Coronel Fabiola Enriquez, Jefa del Servicio de Sanidad Militar, ponente en el simposio

La iniciativa fue del interés de la Diputada Ana Victoria Hernández, quien ha participado activamente por su visión en favor del género en el Congreso de la República y quien ha venido trabajando con la Jefatura de Estado Mayor respecto al tema y acompañando a la Comisión militar de género.

Panelistas invitadas: Licenciada Reny Bake, Diputada Ana Victoria Hernández, Coronel Claudia Sosa.

El Jefe de Estado Mayor le ha encomendado a la comisión militar de género varios proyectos de importancia institucional como lo son: Propuesta para la mejora de condiciones para especialistas y soldados; la planificación a mediano plazo para incluir mujeres graduadas en las armas de combate en la Escuela Politécnica; presentar estudios a fin de permitir a la mujer militar llenar los requisitos de ley para ascender al rango de General, en su respectiva rama.

Los avances en el tema, permitieron que el Comando Sur de EUA, le otorgara al Ejército de Guatemala, la oportunidad de organizar un simposio de género a nivel hemisférico, el cual se celebrará en julio de 2017, donde participarán mujeres militares de EUA y Latinoamérica.


Comisión de género del Estado Mayor en reunión de planificación del primer simposio de género en el ejército en compañía de la Diputada Ana Victoria Hernández

Con estas acciones, aunado al proceso de profesionalización militar, donde ya se incluye por completo a la mujer, el Ejército de Guatemala afianza las directrices estratégicas y de comando, que permitirán fomentar y practicar la igualdad y la equidad de género, garantizando los derechos de la mujer, independientemente de su rango militar o etnia.

El Estado de Guatemala ratificó en 1982 la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra Mujer (CEDAW) y posteriormente la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, responsabilizándose de promover los derechos específicos de las mujeres tal como lo reconoce en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de Oportunidad (PEO) 2008 -2023.

Fotografía oficial del evento

En la actualidad, el ejército posee mujeres en todos los rangos, pero hace falta que el sistema garantice igual oportunidad a hombres y mujeres para mostrar sus capacidades obtener ascensos por igual. Lograr este objetivo es la visión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El 8 de marzo de 2017, mientras se clausuraba el primer simposio militar de género, simultáneamente finalizaban otros similares, como la convención de Género 2017 que se llevó a cabo en el Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C. donde participó por Guatemala la Alferez de fragata Pamela Figueroa Ramirez.


Convención de género 2017, realizada en Washington D.C. por Guatemala
la Alferez de Fragata Pamela Figueroa

También simultáneamente en la misma fecha, en Bogotá, Colombia, finalizó un seminario de género, paz y seguridad donde participaron dos oficiales guatemaltecas: la Capitán de Policía Militar Nineth Oliva y la Teniente de Policía Militar Elise Mollinedo Diaz.


Capitán Nineth Oliva y Teniente Elise Mollinedo,
Seminario de Género y Paz, Bogotá, Colombia




Tomado de la edición impresa de Siglo 21, página 4, del 9 de marzo de 2017.