Amenazas Globales y Soluciones Soberanas

AMENAZAS GLOBALES

Las amenazas globales se identifican como las causas subyacentes de los conflictos y la inseguridad; al mismo tiempo pueden identificarse como las determinantes probables de futuros conflictos.[1] Una amenaza global conduce a la inestabilidad global sustancial y/o a la pérdida a gran escala de vidas humanas, magnitud que no es alcanzada por otros tipos de amenaza. Así, podrían mencionarse como amenazas globales: el cambio climático, la competencia por los recursos, la marginación por enfermedad, raza o clase social y la proliferación de armas de destrucción masiva.

SOLUCIONES GLOBALES CONTRA SOLUCIONES SOBERANAS

Las “amenazas globales” requieren “soluciones globales”, difícilmente puedan lograrse efectos deseables con “soluciones soberanas”, entendidas estas como las que toma un país de manera unilateral, haciendo uso de su soberanía y tomando decisiones respecto de un problema específico y en circunstancias en que dicha decisión no precisamente es avalada por Estados vecinos, mucho menos puesta a consideración en el marco de bloques regionales.

Las respuestas a amenazas que consisten en medidas para mantener el status quo, son sistemas que buscan controlar la inseguridad sin abordar las causas subyacentes. En cambio una respuesta sostenible ante una amenaza global busca la cooperación – entre Estados – para resolver las causas subyacentes de la inseguridad.

Por consiguiente, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado internacional entre otros son relativamente menores si se comparan con las amenazas globales, que a la larga, son la causa subyacente de las primeras.

AMENAZAS DERIVADAS DE LAS AMENAZAS GLOBALES

Diferente al tipo de amenaza global, se encuentran las amenazas que los Estados combaten tanto con medidas unilaterales – digamos soberanas – y con medidas bilaterales y hasta regionales.[2] Tales amenazas están identificadas como “nuevas amenazas” en la Declaración sobre Seguridad de las Américas celebrada en la ciudad de México el 28 de octubre de 2003. Entre estas se mencionan el narcotráfico, el crimen organizado internacional, el terrorismo, la pobreza, el deterioro del medio ambiente y la trata de personas, entre otras. Algunos analistas también les llaman “amenazas emergentes”.

AMENAZAS Y RIESGOS

Se identifica entonces una diferencia entre amenazas globales y las “nuevas amenazas”definidas en la Declaración sobre Seguridad de las Américas. Sobre estas existen criterios que sostienen que diferencian entre las amenazas que tienen capacidad e intención de desestabilizar el orden constitucional del Estado y aquellas, que aunque afectan la seguridad y pueden producir desequilibrio social o económico, no poseen la capacidad ni la intención de desestabilizar. Según este criterio al tipo de amenaza que no tiene intención desestabilizadora se le llama “riesgo”.

Bajo estos argumentos el terrorismo es una amenaza en Colombia, pero en Guatemala constituye, al menos de momento, un riesgo. En el caso del narcotráfico podría ser discutible si es o no en la actualidad una amenaza en Guatemala ya que para algunos analistas busca únicamente trasegar la droga y obtener los beneficios económicos antes que desestabilizar al gobierno. Pero para otros, el narcotráfico ha comenzado a socavar las instituciones del gobierno. Las pandillas juveniles ejercen control a voluntad en sectores urbanos sin que las autoridades logren garantizar seguridad. ¿Amenaza o riesgo? Esto deberá quedar como elemento esencial de inteligencia.

Los riesgos y las amenazas en cada Estado según su particular situación, constituyen el escenario subyacente del cual se originarán las amenazas globales. Estas se consolidarán con el correr del tiempo si en vez de tomar decisiones globales que provean la cura, se siguen tomando decisiones soberanas que atacan los síntomas.

OTROS CONCEPTOS

AMENAZAS TRADICIONALES

Se entiende por amenazas tradicionales a la seguridad las acciones derivadas de la escalada de conflictos entre Estados soberanos que puedan generar crisis y/o conflictos armados.

AMENAZAS ASIMÉTRICAS

Se denominan así, a aquellas que provienen de adversarios con características superiores en recursos y tecnología en relación a sus oponentes, y que han desarrollado estrategias orientadas a evitar un conflicto abierto, empleando medios y tácticas no convencionales.

Sus principales características son:
No existe un enemigo definido, por lo que son de difícil identificación.
No necesariamente está ligada a un Estado, pudiendo provenir de grupos u organizaciones, como los fundamentalistas, terroristas, o narcotraficantes.

[1] Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda, Respuestas globales a amenazas globales, 23/09/2006.

[2] Entrevista a Emilio Ontiveros, Foreing Policy, octubre 2008.

Incremento del Efectivo disponible y creación de destacamentos militares

¿Es suficiente incrementar el efectivo militar o crear destacamentos militares en las comunidades para resolver el problema de la inseguridad?

La seguridad es un Objetivo Nacional Permanente en cualquier Estado del mundo. Es ya conocido que – especialmente en Latinoamérica – los ejércitos han sido involucrados paulatinamente en la seguridad ciudadana. Guatemala no ha sido la excepción y la política de seguridad de los diferentes gobiernos desde la firma de la paz en 1996, ha sido emplear al ejército en mayor o menor medida en la “seguridad interna”.

Es comprensible que el recrudecimiento de la violencia, el accionar del crimen organizado y de las bandas de narcotraficantes – como en otras épocas y como sucede en cualquier otro país del mundo – obligue a las autoridades a tomar medidas activas.

Una de estas medidas fue la creación de los Batallones de Seguridad Ciudadana que participan en apoyo a la Policía Nacional Civil. Independientemente de las diversas opiniones sobre la eficacia y los resultados de esta medida, la ciudadanía ha expresado más confianza en las unidades militares que en las autoridades civiles para proveer seguridad.

De julio a septiembre, un total de ochenta y nueve poblaciones han solicitado la presencia de unidades militares en sus comunidades para proveer seguridad. Desde inicios de septiembre, el gobierno consideraba la posibilidad de aumentar el efectivo militar para satisfacer esta “demanda ciudadana”.

Pareciera que la confianza en el ejército y el clamor por su participación en la seguridad fuera beneficioso para una institución aún criticada por diversos sectores, pero es oportuno analizar importantes condicionantes para la eficacia de su empleo en este campo.

¿Solucionará el problema de la violencia y accionar del crimen organizado el incremento de efectivo y la ubicación de destacamentos militares en las comunidades?

Durante el enfrentamiento armado interno que duró oficialmente 36 años, la tarea de combatir la amenaza que intentaba tomar el poder y establecer un sistema “diferente”, fue dejada exclusivamente al ejército. Esto pese a que el esfuerzo debió llevarse a cabo organizadamente y como política de Estado en todos los campos del poder nacional (económico, político, social) y no solo el militar. Por supuesto que en el desenlace final ya conocido, solo hay señalamientos – más negativos que positivos – en contra de la expresión militar.

Esto lleva a reflexionar la cuestión de lo “importante y lo urgente”. Los planes estratégicos resuelven los problemas importantes. Las medidas – reactivas – resuelven lo urgente. La desventaja es que las medidas estratégicas lleva años ver sus frutos; y a veces (como este caso) se necesita también de las medidas urgentes porque el problema de la inseguridad es real.

Pero si nuevamente, se pretende que sea el ejército el que mejore la percepción de seguridad, creando destacamentos militares o incrementando el efectivo, los resultados son discutibles. Tampoco es una solución única incrementar policías y comisarías, aunque estas gozaran de la renovación de la confianza de la población (proceso que llevará unos veinte años si se comienza a trabajar hoy en una carrera policial).

Paralelo al incremento de efectivos, sean estos policiales o militares para la seguridad ciudadana, se necesita el involucramiento de todas las expresiones del poder en la tarea de la seguridad. Es decir, que no solo hay que fundar un destacamento militar o una comisaría en una aldea, sino llevar fuente de trabajo, educación y salud a esa misma aldea, legislar en este sentido, desarrollar programas, facilitar la inversión para generación de empleo y hacer que el sistema de justicia alcance esta aldea. Todos reconocen hoy que La raíz del problema de la inseguridad es “principalmente” social.

Debe cuidarse de no cometer el mismo error del enfrentamiento armado interno y creer que abrir destacamentos militares solucionará el problema de la inseguridad. La tarea urgente de la seguridad no es exclusiva del ejército, será una herramienta, pero no su misión.

Para el Lic. Mario Ardón, catedrático en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército, cuando el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la participación del ejército en la seguridad interna, debe interpretarse exclusivamente para casos de: insurrección, rebelión o revolución. Estos son los únicos casos en que la capacidad de las fuerzas de seguridad civil ha sido rebasada. Es un error calificar como “sobrepasada” la capacidad de la fuerza policial por el mero incremento de violencia, de delitos, de accionar de bandas. Cuando dichas bandas no tengan necesidad de ser clandestinas y se ubiquen geográficamente para hacerle frente al gobierno, entonces la capacidad del Estado habrá sido sobrepasada. Lo que se necesita es incrementar la capacidad policial para contrarrestar las capacidades de la delincuencia común u organizada.

En México también es considerado el ejército como una institución confiable y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF ha instado a mantener la credibilidad de dicha institución, no involucrándolo en tareas de seguridad ciudadana; sino mantenerlo integro, entrenado y sin contaminar, para ser empleado como último recurso, como podría ser un estado de excepción (decretado en caso de: insurrección, rebelión o revolución y no tan solo porque un grupo de ciudadanos, aunque con violencia, pero con peticiones, descontentos y desarmados toman las instalaciones de un mercado o un edificio municipal).

La seguridad como objetivo nacional permanente mejorará con un esfuerzo integral, en todos los campos del poder nacional y la participación de los tres poderes del Estado. Incrementar efectivos militares o policiales implica necesariamente la inversión en equipo, comunicaciones y movilidad. Todo esto tiene un alto costo financiero.

Si tomará años fortalecer la Policía Nacional Civil y se necesita con urgencia apoyar la fuerza policial actual con unidades militares, es recomendable destinar unidades militares específicas para esta función (como los actuales batallones de seguridad ciudadana) pero con el respaldo legal respectivo para que participen activamente y no sólo “en apoyo de”. El resto de unidades regulares y especiales del ejército debe dejarse en reserva para estados de excepción o ser empleadas en el ámbito de la Defensa Nacional según la política respectiva.