29 de junio de 2008

El rumbo del Ejército en tiempo de paz

La diferencia entre política de defensa, política de seguridad y el nivel de gobierno donde ambas deberían ser “generadas, publicadas y consolidadas” provoca interrogantes en la ciudadanía.


Comento la publicación de Prensa Libre de hoy 29 de junio de 2008 por Lorena Seijo, la cual tituló: Ejército está sin rumbo definido en tiempo de paz.


La idea central de la publicación está basada en los argumentos de un experto quien denuncia la inexistencia de una “Política de Defensa” y esto ocasiona que el ejército no tenga claras sus funciones y depende de la opinión del Presidente para su empleo. Esto es en parte cierto.


Empero, una política de defensa no involucra sólo al ejército. En la política de defensa la primera línea la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella se definen los valores que determinan los intereses nacionales; estos intereses divididos en: vitales, estratégicos, humanitarios, ambientales y culturales, involucran a más de una institución del Estado, instituciones no gubernamentales y a la población en general. Tan solo el sostenimiento de una guerra involucraría a la expresión económica del Poder Nacional.


Una política de defensa determina objetivos nacionales en esta materia, determina los recursos que se necesitan, establece las acciones a seguir y en base a ello crea un concepto estratégico de defensa. Debería incluir una relación clara entre: seguridad nacional, defensa nacional y desarrollo. Esta política de defensa es la que no está aprobada ni publicada. (1)



La política de seguridad es algo diferente. Que el Poder Ejecutivo esté centrado en la política de seguridad, soslayando de momento la concepción de una política de defensa y que además demande cierto grado de participación del ejército, es parte de la “política actual del gobierno en materia de seguridad”. Lo ideal es que estuviera escrita, publicada y consolidada, pero no por ello significa que no exista en la práctica.



No existe como política pública, es decir no tiene una visión de largo plazo, trata de dar soluciones a lo urgente y no a lo importante, lo que provoca tal y como lo indica el artículo, que cada programa de gobierno emplee al ejército de diferente forma, aunque si se analiza detalladamente, la forma de empleo ha sido la misma desde la firma de la paz en 1996: apoyo a las fuerzas de seguridad civil y ayuda humanitaria en caso de desastres.Con todo esto, el rumbo del ejército, visto dentro de la total observancia de lo ordenado por el poder civil, está bien definido, planificado, en ejecución y bajo constante apreciación prospectiva. Esta clara definición del rumbo dentro del ejército está determinada, publicada y consolidada en el Capítulo 8 del Libro de la Defensa Nacional, donde se establecen los fines y funciones del ejército, su organización y el dispositivo de las fuerzas que lo integran.



También la Doctrina Militar (2) determina conceptos, principios y valores para la conducción estratégica operacional de cada fuerza (aire, mar y tierra) especificando para cada ámbito: interno y externo. Aquí se establecen los tipos de operaciones en las que el ejército tiene previsto, analizado y planificado participar si así lo dispone el Presidente de la República y Comandante General. Esto claramente evidencia un rumbo bien definido dentro del ejército independientemente de que la población desconozca si existe una política de defensa o una política de seguridad.


Otro tema es también la “Política Militar” que de igual forma, el hecho que no esté publicada y que no se le de amplia cobertura en los medios de comunicación no significa que no exista o no se esté trabajando en ella. Por el contrario esta si ha permanecido – aunque no con el ímpetu necesario – a través de los gobiernos desde 1996. La política militar (que se genera a nivel gobierno y no a nivel del ejército) comprende actualmente el proceso de transformación y modernización del ejército, que comenzó con las diferentes reducciones a que se ha sometido, determina la estructura y modificaciones que se hagan necesarias, contiene disposiciones sobre la carrera militar, educación militar, gestión económica y disposiciones respecto a relaciones civiles-militares entre otros aspectos.




Desconocer esta información genera artículos con títulos semejantes. La seguridad es un bien público difícil de ser percibido, pero no es que el ejército “supone lo que tiene que hacer”, lo tiene bien definido. Pero la diferenciación entre políticas de seguridad o defensa, y los niveles en donde estas deberían ser “generadas, publicadas y consolidadas” provocan interrogantes como: “¿A qué se dedican?” , provocan rumores totalmente equivocados como que los “ingenieros del ejército cobran por colocar puentes” o que “la escuela Kaibil cobra por capacitación”. La escuela de Kaibiles no capacita a personal que no sea militar y obviamente no cobra por ello.


Si el poder ejecutivo planifica a corto plazo, decide ver lo urgente antes que lo importante, tiene prioridad en la política de seguridad sobre la política de defensa, podría alguien considerarlo “sin rumbo”, pero se trata de la Política de todo un Estado, de la corta visión de todo un País, donde todos deberían contribuir. Pero el Ejército de Guatemala en lo que la sociedad le ha encomendado a través de las autoridades legal y legítimamente electas tiene su rumbo bien definido.


(1) La Ley del Organismo Ejecutivo establece en su Artículo 37 que al Ministro de la Defensa Nacional corresponde formular las políticas relativas a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. En el año 2000 el Ministerio de la Defensa Nacional realizó un seminario para establecer el proceso de diseño de la Política de Defensa en que el participaron:

Por el sector público:
Ministerios de: Defensa, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, Gobernación, Secretarias de: Análisis Estratégico, General de Planificación y Programación, de la Paz, Estado Mayor de la Defensa, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Congreso de la República, Comisión Consultiva Pueblo Maya, Procuraduría de Derechos Humanos.

Por los sectores sociales:
Partidos Políticos: Unión Nacional, Los Verdes, Día, Avanzada Nacional, Democracia Cristiana Guatemalteca, Liberal Progresista, Patriota, Solidaridad Nacional, Unión Democrática; Sector Universitario, colegios profesionales; sector obrero-campesino-patronal (CGTG, CACIF, FEPYME, UASP), Sector de comunicación (Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala “AMPEG”,Circulo Nacional de Prensa “CNP” y Cámara Guatemalteca de Periodismo “CGP”); Sector Académico (ASIES, CEG, FLACSO, Incidencia Democrática, IEPADES, POLSEC), otros sectores participantes: COVAPAZ, ANJG, AVEMILGUA, FUNDAJU, Solidaridad Iberoamericana, FUNDEPRO, varios participantes individuales.

Junto a las personas y entidades mencionadas, asistieron como observadores: Agregados Militares de Honduras, China, México, Brasil, El Salvador; Embajada de Belice, Consejo Superior Universitario, Embajada de República Dominicana, MINUGUA y PNUD.

(2) En el proceso de análisis y discusión de la Doctrina Militar, además de representantes del Ejército de Guatemala, participaron representantes de los Ministerios de: Economía, Cultura y Deportes, Relaciones Exteriores, Comunicaciones; también representantes de: Secretaría de Análisis Estratégico SAE, Secretaría General de Planificación SEGEPLAN, Secretaría de la Paz SEPAZ, Congreso de la República,

Partidos Políticos: Democracia Cristiana, Partido de Avanzada Nacional, Los Verdes, Unión Democrática, Gran Alianza Nacional. Universidades: Del Istmo, Rafael Landivar.

Colegios profesionales de farmacéuticos y médicos. Fundación Myrna Mack, Incidencia Democrática, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible; Centro de Estudios Guatemala; Instituto de Gobernanza, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO; Proyecto de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en seguridad y defensa FOSS; Proyecto hacia una política de seguridad ciudadana POLSEC/PNUD; Instituto centroamericano de estudios políticos INCEP; Sindicatos, pequeña y mediana empresa y sector privado; Federación de la pequeña y mediana empresa guatemalteca; Central general de trabajadores de Guatemala CGTG; Unidad de acción sindical y popular UASP; Conagro, Medios de comunicación, Círculo nacional de prensa, Cámara guatemalteca de periodismo, Unión de cronistas parlamentarios, Asociación guatemalteca de mujeres periodistas y escritoras de guatemala AMPEG; Red guatemalteca para la seguridad democrática; Coordinadora sí vamos por la paz; Fraternidad militar de Guatemala, Solidaridad iberoamericana; Cruz roja internacional y AVEMILGUA.

Como observadores los embajadores de: Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Agregados de Defensa de EUA, Brasil, Belice, México, El Salvador, MINUGUA y la Organización de Estados Americanos OEA.

27 de junio de 2008

Revolución liberal de 1871 y día del Ejército de Guatemala

Monumento al General Miguel García Granados,
caudillo de la gesta revolucionaria de 1871, ubicado en la Avenida de la Reforma
Ciudad de Guatemala

Antecedentes

El General Serapio Cruz se había revelado contra el Presidente Rafael Carrera desde 1848. Ese mismo año Carrera renunció a la presidencia y Serapio Cruz continuó con sus servicios destacando en la Guerra contra los filibusteros. Rafael Carrera de nuevo fue nombrado presidente en 1851 hasta que falleció en 1865. Le sustituyó el Mariscal Vicente Cerna, quien contaba con un gran prestigio de valor y honradez, adquirido al comandar campañas en Chiquimula contra Honduras (1863). También se distinguió durante la batalla de la Arada en 1851.
Mariscal Vicente Cerna

Sin embargo, la situación del país era precaria y el Mariscal Vicente Cerna sencillamente continuaba la política del General Rafael Carrera. A la verdad, el sistema colonial poco había cambiado desde la independencia en 1821 y de allí una razón para tantas revueltas en los primeros años de vida independiente. Había mucha desigualdad en la población y falta de oportunidades, de esta forma el General Serapio Cruz se rebeló el 2 de febrero de 1867 pero fue derrotado y él mismo se entregó al gobierno y salió exiliado a El Salvador.Ese mismo año, un hombre de 32 años que había nacido en San Lorenzo San Marcos, y que también estaba descontento con la situación del país atacó con un puñado de hombres el Cuartel De San Marcos en agosto de 1867. Se llamaba Justo Rufino Barrios. Aunque fueron derrotados y huyeron a México, lograron mantener el ideal del cambio que había iniciado Serapio Cruz.



Justo Rufino Barrios

Barrios atacó de nuevo en 1868 con 80 hombres, esta vez en Malacatán. Fue derrotado pero no abandonó el país. En 1869 el Mariscal Vicente Cerna resultó electo para un nuevo perído y esto avivó más el sentimiento en su contra. Otro ciudadano: Herculano Afre intentó capturar el cuartel de Sololá en ese año, pero siendo derrotado se unió a Barrios. En marzo de 1869 el General Serapio Cruz atacó desde México la Plaza de Nentón en Huehuetenango e inició los arreglos para unirse a Justo Rufino Barrios.

Serapio Cruz operaba en el área del Quiché y las Verapaces, Barrios en el occidente y Vicente Méndez Cruz (sobrino de Serapio Cruz) en la costa sur. En diciembre de 1869, ya unidas sus fuerzas atacaron la plaza de Huehuetenango. Barrios fue herido en esta acción.

Las operaciones militares continuaron hasta Salamá y constantemente eran perseguidos por las tropas del gobierno del Mariscal Vicente Cerna. Hacia enero de 1870 las fuerzas revolucionarias se aproximaban a la Capital, a unos siete kilómetros de Palencia.

En este lugar las fuerzas militares del gobierno atacaron a los revolucionarios derrotándolos por la superioridad de efectivo y el factor sorpresa. El Mariscal Serapio cruz fue muerto en la acción, decapitado y exhibida su cabeza en la capital. Logró escapar su hijo, el Sargento Felipe Cruz (llegó a ser general), quien de inmediato llevó la noticia a Justo Rufino Barrios quien se encontraba en México.

La Revolución

Justo Rufino Barrios, escribe el Dr. Ramón A. Salazar, era temerario y audaz; el General Gregorio Contrerás escribió también que era precavido en los momentos supremos; El Coronel Joaquín Diaz Durán expresó que estaba dotado de una fuerza de voluntad extraordinaria, activo, perspicaz, resuelto, con dotes especiales de mando logró establecer la necesaria subordinación en el ya numeroso ejército revolucionario.



Monumento al General Justo Rufino Barrios,
ubicado en la plaza que lleva su nombre
en la Ciudad de Guatemala
El Lic. Vicente Saenz escribió sobre Barrios: sagaz, franco, impetuoso, audaz hasta la temeridad, confiado en sus fuerzas y previsor; firme en sus ideas en sus resoluciones, amigo o enemigo sin vacilación y sin doblez, caudillo que sugestionaba a los subalternos, los llevaba donde él quería y gozaba de verdadera popularidad.

Había otro personaje con mucho prestigio ante el pueblo y más conocido que Barrios, era Don Miguel García Granados. Era ya un septuagenario que había combatido como subteniente en 1827 en la Campaña contra El Salvador, había combatido también a Rafael Carrera en 1848 como Teniente Coronel. Era radical, dotado de inteligencia, alto criterio, formación académica en el extranjero, firme, orador consumado, no era rebelde pero su voz era bien conocida en la asamblea a favor del pueblo.



Miguel García Granados huyó a México para salvar su vida en 1870 cuando se ordenaron una serie de ejecuciones derivadas de la muerte del General Serapio Cruz en Palencia. Así lo hicieron también don José María Samayoa, don Manuel Larrave y los generales Gregorio Solares y Mariano Villalobos.

El General Gregorio Solares organizó una fuerza de 150 hombres con armamento que Samayoa obtuvo del gobierno de El Salvador, se asentaron en Ahuachapán. En México Miguel Garcia Granados y Justo Rufino Barrios recibieron el apoyo de Benito Juarez quien proporcionó armas que compró a Estados Unidos de América.

El 17 de marzo de 1871 la fuerza de 100 hombres dirigida por García Granados y Barrios como segundo al mando estaba lista. García Granados proclamó aquel día “… si esta empresa llega a buen fin… tocará a vosotros la felicidad de vivir bajo un gobierno de leyes que respeta vuestra dignidad y garantías; y a mí el honor de haber capitaneado a los valientes que hayan dado cima a tan noble empresa”.

El 28 de marzo de 1871, la fuerza revolucionaria ingresó a Guatemala, pasó por Cuilco y estableció su Cuartel General en las faldas del volcán Tacaná. El 3 de abril se dio el primer combate contra las tropas del gobierno, Barrios se lanzó al ataque y venció a las tropas al mando del Capitán Antonio Búrbano.

Avanzaron por Tapitzalá y Tejutla aumentando el efectivo a 180 hombres. Entraron en San Marcos el 10 de mayo de 1871 el Capitán Burbano con 600 hombres se encontraba en San Pedro Sacatepéquez, pero retrocedió al sur; el 14 de mayo Retalhuleu, fue una batalla cuerpo a cuerpo entre las tropas de Barrios y García Granados contra las que comandaba el Coronel Gabriel Cardenas enviado por Vicente Cerna.

La columna revolucionaria avanzó sin resistencia por: San Sebastián, Cuyotenango, Mazatenango, Santo Domingo, Las Ánimas, San José el Ídolo, Patulul, hacia el norte a San Pedro Yepocapa, Acatenango, Nejapa, Itzapa, Comalapa, San Martín Jilotepeque, Joyabaj, Chuacorral, Chiché y Santa Cruz del Quiché.

El 28 de mayo en Laguna Seca (cerca de Santa Cruz del Quiché) se enfrentaron a 600 hombres al mando de del Teniente Coronel Aquilino Gomez Calonge, el Comandante de Caballería Agustín Cuevas y de Tomás Salazar de los Mendizabal, jefes bien prestigiados en las fuerzas de ese entonces. El combate duró dos horas y las tropas del gobierno fueron derrotadas por los ya 300 revolucionarios quienes supieron aprovechar las ventajas del terreno.

El ejército revolucionario continuó por hacienda vieja, Comalapa, Parramos y entraron a la Antigua Guatemala el 1 de junio de 1871. La fuerza ya contaba con 500 hombres. Continuaron a Chimaltenango y la villa de Zaragoza para seguir a Patzicía donde el 3 de junio levantaron un acta donde desconocían al gobierno de Vicente Cerna, se especificaron las causas de la revolución y se nombraba presidente provisorio al General Miguel García Granados. Este histórico documento se conoce como “Acta de Patzicía”.

El propio Mariscal Vicente Cerna encabezó una fuerza de 4,000 hombres y marchó hacia Totonicapán. El 21 de junio se enfrentó a 1,000 revolucionarios en TierraBlanca. Las fuerzas de Cerna retrocedieron a Chimaltenango.

El 24 de junio los revolucionarios alcanzaron a la retaguardia de Cerna en Tecpán y capturaron 90 hombres haciéndolos prisioneros, Cerna se dirigió a la Antigua. El coronel Gregorio Solares ingresó desde el Salvador llegando hasta Chiquimulilla donde enfrentró las tropas de Escuintla y Mataquescuintla a quienes derrotó continuando hacia Amatitlán y la hacienda Bárcenas.

El 27 de Junio García Granados se encontraba en marcha de Santiago hacia la cumbre de Mixco, Cerna se dirigió hacia San Lucas donde se dio la acción decisiva el 29 de junio y la fuerza gubernamental fue derrotada. Ante la superioridad revolucionaria la vanguardia de Cerna se dirigió a Bárcenas donde no sabía que lo esperaba el Coronel Gregorio Solares y finalmente derrotada. Cerna huyó.

Alto relieve en el monumento al General Justo Rufino Barrios en la Ciudad de Guatemala

Las tropas de García Granados y Barrios pernoctaron en Bárcenas y el 30 de junio de 1871 a las nueve de la mañana entraron en la capital de guatemalteca en medio de la población que aclamaba a los revolucionarios. El Mariscal José Victor Zavala, héroe de la guerra contra los filibusteros, entregó al General Miguel García Granados las llaves de la ciudad haciéndose cargo del gobierno de manera provisional.


No hubo persecución ni fusilamientos. La tropa revolucionaria entró con total disciplina. Cerna organizó una resistencia que se asentó en el oriente del país. La lucha contra esta resistencia se prolongó hasta finales de 1871 y fue terminada por el mismo Justo Rufino Barrios. El 30 de junio se celebra el triunfo de la revolución de 1871 que marcó para Guatemala el inicio de una era de reforma para el pueblo de Guatemala.

CONCLUSIONES

Todos los años se celebraba el 30 de junio con desfiles cívico-militares, era una fecha recordada por toda la ciudadanía por todos los beneficios que trajo esa revolución. En 1944 se da otra revolución muy importante en Guatemala, que igual trajo importantes cambios; por decirlo así esta nueva celebración vino disminuyendo a través de los años la intensidad de los festejos de los hechos de 1871. De esa cuenta en 1959 siendo presidente el General Miguel Ydigoras Fuentes creó el Día del Ejército pero sin fecha establecida. El presidente Julio César Méndez Montenegro, en el año de 1965, en Honor a Justo Rufino Barrios quien había fundado el Ejército como institución estableció el 30 de junio de cada año como el “Día del Ejército”.

Pero los beneficios de la revolución de 1871 van mucho más allá de la formal creación de un ejército profesional; por ello la celebración debería continuar siendo una fiesta cívica de toda la población guatemalteca. Hoy sólo se celebra otorgando feriado oficial.

Desde la independencia en 1821, poco había sido el cambio y se mantenían muchas características del sistema de gobierno de la colonia y la misma organización y sistema social. Los derechos de las personas dependiendo de su "clase" estaban bien definidos y no había posibilidad de prosperar. Pero la revolución de 1871 trajo reformas como: libertad de educación, gratuita y obligatoria en pre primaria y primaria; la educación secundaria y superior quedó abierta para todos.


Se fundó el Conservatorio de Música, escuelas de artes y oficios para artesanos, de comadronas, y la escuela nocturna. Se invirtió en infraestructura como edificios escolares, hospitales, carreteras, puertos, se introdujo la energía eléctrica, el ferrocarril y el telegrafo; se creó la Hacienda Pública y el sistema bancario, la Biblioteca y el Archivo Nacional. Se promulgaron los códigos Civil, Penal y de Comercio.

El 1 de Septiembre de 1873 se fundó la Escuela Politécnica, creando el ejército como institución y marcando el inicio de su profesionalización. Se creó la Policía Nacional, el sistema geopolítico departamental y municipal; se introdujo el cultivo del café, banano, algodón, caña, trigo y arroz. Se promovió una reforma agraria y la actividad industrial. Se estableció la separación de la Iglesia y el Estado; el matrimonio civil, divorcio y libertad de culto.

La revolución de 1871 permitió que gobiernos posteriores continuaran implementando reformas que incidieron en el desarrollo de Guatemala.

Museo de San Marcos, Guatemala



Tumba de Justo Rufino Barrios, cementerio general, Guatemala
Fuente: Zamora C. Pedro. Vida Militar de Centroamérica. Editorial del Ejército. 1967. Guatemala.




20 de junio de 2008

Finalizó el V Curso Superior de Guerra

Hoy se llevó a cabo la graduación de treinta y nueve oficiales superiores que aprobaron el V Curso Superior de Guerra en el Comando Superior de Educación del Ejército (COSEDE). Como trabajo final, la V promoción presentó el documento: El Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana en apoyo a la Seguridad Nacional. Este análisis estratégico fue presentado al alto mando del Ejército y Comandantes de las Brigadas Militares como una contribución desde el punto de vista académico sobre el papel que, en base a la política actual del Gobierno de la República, desempeña el Ejército de Guatemala en la Seguridad.


El Trabajo se desarrolló en tres fases: una fase de diagnóstico donde se presentó un análisis del ambiente nacional interno y la influencia del ambiente externo en el Cuerpo Especial de Reservas de Seguridad Ciudadana; seguido de una fase política y una fase estratégica. En la fase política se construyeron escenarios para desarrollar una Concepción Política sobre el tema. En la fase estratégica se desarrollaron y evaluaron trayectorias que generaron opciones estratégicas que fueron complementadas con directrices estratégicas.


Las conclusiones pronosticaron el incremento de la demanda de parte del poder civil hacia el Ejército en cuanto al grado de participación en las operaciones de seguridad interna, lo que genera la necesidad de implementar modificaciones en la organización de las unidades de Reserva de Seguridad Ciudadana y la promulgación del respaldo legal respectivo por el organismo legislativo.


El Curso Superior de Guerra, prepara oficiales del Ejército de Guatemala, para conducir unidades y operaciones en el nivel estratégico operacional, además de proveer la capacidad para analizar, planificar, asesorar y recomendar en los niveles estratégicos para la toma de decisiones.La lección final del curso fue impartida por el Señor Vice Ministro de la Defensa Nacional, quien remarcó la importancia del ejercicio del Liderazgo, la diferencia entre mando y comando, y las virtudes necesarias que, en la medida que sean aplicadas, serán igualmente retribuidas por los subalternos en su desempeño profesional y personal.


9 de junio de 2008

Desfile del 30 de junio, Día del Ejército


Algún grupo presentó recientemente una solicitud al Gobierno de la República para definitivamente suspender el desfile militar del 30 de junio de cada año. Los argumentos: porque es símbolo de militarización, se prohíbe en los acuerdos de paz (lo cual no aparece así espedificado) o simplemente no simpatizan con el Ejército lo cual es comprensible y debe respetarse.

Es comprensible la actitud de personas que perdieron un ser querido durante el Enfrentamiento Armado Interno, pero muchos ciudadanos que también perdieron familiares militares no mantienen una actitud de confrontación a casi doce años de firmada la paz. Además el Ejército de Guatemala de hoy ha sido reducido, transformado y depurado. Es obvio que esto no satisface el resentimiento que estas personas aún guardan dentro de sí. Digo resentimiento porque una de sus consignas dice: que no perdonan, no olvidan y no se reconcilian. Sería conveniente consideraran que los familiares de las víctimas militares, ya perdonaron a lo que hicieron sus padres.
La mayoría de países latinoamericanos permiten a sus fuerzas armadas realizar algún tipo de desfile. En El Salvador por ejemplo, el mismo partido FMLN (que antes era la guerrilla) ha fortalecido al Ejército que “fue” su adversario, conciente de la necesidad del instrumento principal de la Defensa.

El desfile del 30 de junio es una forma en que el pueblo puede inspeccionar el grado de moral militar, profesionalismo, equipamiento y entrenamiento de las fuerzas armadas en las que el Gobierno invierte los impuestos para la Defensa y Seguridad. El desfile contribuye a construir en la niñez y la juventud un mayor patriotismo, civismo y nacionalismo tan decreciente en la ciudadanía. El hecho que un niño vea un desfile y le guste, no significa que querrá ser militar, que es uno de los temores.


El Gobierno de la República tomó una decisión "políticamente correcta" y accedió a lo solicitado; fue sencillo porque el mando del Ejército ya había decidido suspender el desfile desde inicios de mayo por razones de austeridad. El haber o no un desfile para el 30 de junio no influye en el grado de moral militar y profesionalismo de las tropas para seguir cumpliendo con su misión y obligaciones; no provoca desaliento ni mucho menos descontento en sus integrantes. Por el contrario, el desfile es una deferencia de parte del Ejército de Guatemala hacia el pueblo al cual sirve, es una muestra de subordinación al Poder Civil al presentarle honores y listo para inspección.

7 de junio de 2008

Los Estados Fallidos




Resumen

Este ensayo tuvo como objetivo definir qué es un Estado fallido y determinar si Guatemala puede catalogarse como tal. Basado en un marco teórico y la opinión de diversas personalidades se construyó una discusión donde se pudo comprobar que el debate sobre el tema es muy amplio y pese a que diversos índices internacionales califican y ubican a Guatemala en estos listados, existen elementos y hechos específicos que analizados a la luz de los fundamentos teóricos llevan a la conclusión de que Guatemala no es un Estado fallido. Se utilizó una lógica de presentación deductiva del contenido que va desde fundamentos, opinión de expertos, discusión de ambos postulados y las conclusiones. Los hechos investigados ocurrieron desde mediados de 2007 a mayo de 2008.


INTRODUCCIÓN


Un Estado se organiza para garantizar derechos y libertades de sus habitantes. La política internacional contemporánea lleva a los países a obtener legitimidad democrática y construir instituciones auto sostenibles para proveer garantías básicas a los ciudadanos. Un Estado es fuerte cuando posee instituciones con un alcance y fortaleza tal, que sea capaz de limitar el poder del mismo Estado. La esencia de la estatalidad es en otras palabras: la aplicación de las leyes. Pero ¿Qué sucede cuando las instituciones fallan? El complejo fenómeno del fracaso de un Estado es muy poco comprendido. Algunos analistas no hacen mayor distinción entre un país que ya es un Estado fallido y otro que va rumbo a esa condición, mientras tanto, los países se desgastan cuando figuran como fallidos en índices que tienen credibilidad internacional repercutiendo en las oportunidades de desarrollo.


De allí la importancia por definir un Estado fallido. No se puede perder de vista que si la condición es: rumbo a ser fallido, hay que reconocerlo y definir las políticas y estrategias pertinentes para evitar tal colapso. Guatemala ha figurado en índices de Estados fallidos y los ciudadanos repiten lo que escuchan en los medios de comunicación sin mayor base teórica sobre el tema.


En este ensayo se presentan algunos conceptos teóricos de lo que se debe entender por un Estado fallido; luego se comparan estas definiciones con la opinión de personalidades de la vida Nacional; finaliza contrastando la teoría y opiniones con hechos que han ocurrido en el país. Este análisis tiene por objeto arribar a conclusiones que permitan determinar si Guatemala es en realidad un Estado fallido, y de no serlo, cuál es su condición actual. Es importante conocer el problema para trabajar todos los ciudadanos en la dirección correcta. Si se aceptan las críticas y calificaciones internacionales, y peor aún, si se enseñan en los centros de educación sin considerar conceptos teóricos elementales, que ayuden a identificar la verdadera condición del Estado, los guatemaltecos mismos estarán contribuyendo a dificultar el esfuerzo por lograr el clima de seguridad y desarrollo deseado.

LOS ESTADOS FALLIDOS

1. Definición y obligaciones de un Estado

El Estado es una entidad dotada de personalidad jurídica que ejerce el poder público de forma abstracta e impersonal; está constituido por una población asentada en un territorio, delimitado bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía[1].



En Guatemala está organizado jurídica y políticamente para garantizar el goce de los derechos y libertades de los habitantes; tiene como primacía la persona humana como sujeto y el orden social para promover el bien común; es responsable de consolidar la legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. [2]

2. ¿Qué son los Estados Fallidos?

Existe un amplio debate respecto de la definición de un Estado Fallido. Académicos y expertos difieren de las condiciones específicas que llevan a un país a considerarlo como fallido; otros los nombran con sólo tener características que conducen a esa condición y algunos concluyen que es suficiente la sola insuficiencia o ausencia de poder estatal para calificarlos.

2.1. Nelson Maica lo define como aquel régimen que es ineficaz para hacer cumplir la constitución y las leyes; posee altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, gran mercado informal, excesiva burocracia, interferencia militar en la política y ausencia de líderes.[3]

2.2. La revista Foreing Policy lo define como aquel país que ha perdido el control de su territorio o el monopolio de la fuerza legítima, carece de la capacidad para tomar decisiones colectivas o de prestar servicio público, incluso que falla en recaudar impuestos. Álvaro Vargas Llosa opina que estos son síntomas y no causas de un Estado fallido.[4] Según el análisis de esta prestigiosa revista, que lanzó su tercer índice de Estados Fallidos en 2007, una matanza sectaria puede influir en los mercados de valores del otro lado del planeta. Ciudades anárquicas, comportamiento errático de líderes aislados que hacen miserable la vida de millones de personas pobres sobre los que gobierna, pueden poner en peligro la seguridad, incluso, de una superpotencia mundial. Los Estados débiles tienen una onda expansiva que va mucho más allá de sus fronteras poniendo en peligro la seguridad y el desarrollo de otros países.[5]

2.3. Raquel Quinteiro Castromil, identifica un Estado fallido cuando este ya no es capaz de garantizar la seguridad produciéndose caos, bandolerismo, saqueos. Se criminaliza la vida sociopolítica y económica; los grupos humanos retornan a un estado de desarrollo pre estatal (a la tribu y al grupo étnico).[6]

2.4. La “estatalidad” es un término que utiliza Francis Fukuyama para describir el momento, condición o circunstancia óptima de un país, que resulta de una gestión estatal eficaz y eficiente, en donde la política consiste en regular el ejercicio del poder del Estado dentro de un Estado de Derecho; así como orientar la estrategia gubernamental hacia objetivos considerados legítimos por los ciudadanos y el resto de países.

Fukuyama describe tres componentes básicos para determinar un Estado “débil o fracasado”: Primero, el hecho que los fenómenos políticos, sociales y militares que ocurren en estos países provocan desastres humanitarios, oleadas masivas de inmigración, atacan a sus vecinos, generan falta de democracia, de pluralismos y de participación popular significativa.
Segundo: existen actores no estatales como organizaciones terroristas que tienen la capacidad de secuestrar los Estados y actuar con completa libertad en contra del propio país u otras naciones; por consiguiente y como tercer componente, los desafíos en materia de seguridad para los países desarrollados o bloques internacionales, provienen de lo que sucede en Estados débiles o fracasados.[7]

3. Las opiniones en Guatemala

Edelberto Torres Rivas hace un interesante análisis del cual se puede interpretar que la denominación como “Estado Fallido” es una “política” adoptada por Estados desarrollados, llámese de presión, para exhortar al fortalecimiento de un Estado que se ha debilitado y en el cual su poder y autoridad no funciona ni en el mercado ni en las instituciones. Esta iniciativa por el temor de a que el narcotráfico, terrorismo o enemigos del orden comercial vigente utilicen estos “Estados debilitados” como plataforma para sus operaciones ilegales.[8]


Por tanto, agrega, Guatemala no es un Estado fallido, sino un país manejado en una dirección improvisada y capturado por intereses privados. Es aquí donde entra en juego el factor que afecta la objetividad del juez que califica: la “inercia del prestigio”, esta es adquirida por los países, así como la mala fama persigue a alguien en su vida social.


M. A. Bastenier, de Offnews.info para el Desarrollo Sostenible, hace una compilación de opinión a personalidades en Guatemala sobre este tema.[9] Inicia con la afirmación que el Estado guatemalteco cumple con impecable tenacidad todos los requisitos para convertirse en Estado fallido.

Carmen Aída Ibarra, analista social de la Fundación Myrna Mack, explica que la violencia en el país ha creado una “marcroinfografía del dolor” pero opina no se puede calificar como Estado fallido. Esta opinión es compartida por el jurista español Carlos Castresana, nombrado por la ONU como presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El empresario Zúñiga Fumagalli, ex presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, industriales y financieras (CACIF) manifiestó: “debe hacerse algo, o será la perdición de Guatemala”; el Director del Diario Prensa Libre Gonzalo Marroquín lamentó que “el país se haya acostumbrado a convivir con el fracaso”. Ambos coinciden en que aún no se puede calificar a Guatemala como Estado fallido.

El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, admite que el Estado no se encuentra en Bancarrota, aunque le preocupa el índice de investigaciones que llegan a juicio y el índice de asaltos diarios. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alvaro Ramazzini, otorga su voto de confianza al actual gobierno aunque reconoce que el anterior no dio la importancia debida al problema. El escritor Francisco Pérez de Antón opina que el clima de inseguridad y la situación en general obedece a que “los indígenas no juegan un papel significativo como pueblo porque no es leal a ninguna ideología, y por el contrario se mueve a través de cacicazgos clientelares que negocian con el poder criollo un apoyo siempre supeditado”. Bastenier concluye que sus entrevistados ven con optimismo que el Estado y sus instituciones estarán fortaleciéndose con el gobierno que inició en 2008.

4. Discusión ¿Es Guatemala un estado fallido?

El índice que publicó Foreing Policiy en 2007, no sugiere que los Estados que allí aparecen sean Estados fallidos, tal como lo afirma la Revista Electrónica de Relaciones Internacionales.[10] Estos índices se construyen a través de bases de datos sobre artículos, documentos y libros que un software predictivo (Thomson dialog) analiza. No obstante lo decisivo es la revisión de expertos, pero esto es un juicio subjetivo en base a datos, como afirma Torres Vargas. Por tanto, el listado presenta la situación de cada Estado en cada uno de los indicadores; pueda ser que los que ocupan las primeras posiciones sean ya Estados fallidos, pero Guatemala, que ocupa la posición 60 está lejos de serlo.


La situación es difícil, pero no se le puede considerar como Estado Fallido. Mayor sustento si se considera que viene mejorando desde 2005 que ocupaba el puesto 31 hacia un Estado fallido; luego en 2006 mejoró subiendo a la casilla 51, y en 2007 que salió publicado en el puesto 60. El índice apunta hacia una mejora, tal y como se percibe en las entrevistas de Bastenier.


El Estado ha sido ineficaz para cumplir con su función, existe criminalidad y corrupción; sin embargo el orden público se mantiene y la economía compite en la región. Si las bandas del crimen organizado y el narcotráfico controlaran áreas geográficas, operarían con libertad sin restricciones de horario, sin precaución para no ser detectados. Pero un movimiento de unidades de la fuerza pública desde bases o cerca de las áreas delictivas es motivo para cancelar actividades, de tal manera que los grupos no tienen libertad para delinquir, no pueden hacerlo cuando quieren o a la hora que quieren, porque el Estado tiene la capacidad para prevenir, intervenir y capturar. Esto no existe en un Estado fallido.



Que los narcotraficantes incrementen sus acciones ilegales en zonas apartadas, o que recrudezca el crimen, como en cualquier ciudad del mundo, no significa que no se posea el “monopolio de la fuerza”. Tener el monopolio de la fuerza significa que el Estado puede desplegar unidades y actuar en cualquier parte del territorio, bajo cualquier circunstancia y en el tiempo mínimo que los recursos tecnológicos lo permitan. Esa capacidad la tienen las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil con el apoyo de sus homólogos del Ejército de Guatemala y los pocos medios aéreos que a éste último le quedan. Ni convirtiendo a todos los ciudadanos en fuerza de seguridad pública se evitaría reducir a cero la delincuencia.


La extrema pobreza, delincuencia, economía informal, la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, la deslegitimación del Estado, el desarrollo desigual son indicadores de que existe riesgo de evolucionar a un Estado fallido, pero no que ya se esté en esa condición. Para Edelberto Torres “algunos hasta gustan de repetir esta calificación porque resulta en una elegancia malsana”, sin comprender lo complejo de la definición.

Carlos Castresana, Presidente de la CICIG manifiesta en la entrevista que le hizo Bastenier, que los acuerdos de paz firmados en 1996 “consagraban la victoria de la guerrilla, pero esto fue un espejismo… los servicios del Ejército que habían infiltrado la guerrilla fueron los verdaderos vencedores… sin embargo la incorporación de guerrilleros a la vida civil y la reducción del Ejército a 15,000 efectivos creó una gran masa de maniobra para el crimen”. Esto es un problema de la sociedad, no de la organización del Estado.

Sin duda el país no anda bien, los males sociales abundan en relación con el divisionismo que el enfrentamiento armado interno heredó; esta percepción se traslada al ámbito público y se refleja en un Estado débil en recursos financieros, quizá con funcionarios y burócratas capaces, pero sin vocación de servicio, y sumido en una pugna política constante contra los otros dos poderes que raya en los intereses personales, el tráfico de influencias, el clientelismo creciente, la corrupción, clases dirigentes que monopolizan el poder y las divisiones étnicas. Todos estos síntomas conducen a un Estado fallido tal y como se debe interpretar el índice de Foreing Policy.

En Guatemala no existe un estado permanente de saqueo y bandolerismo descontrolado como acota la definición de Quinteiro. Nuevamente el Estado, con todo y su debilidad tiene la capacidad para impedirlo.

El riesgo que sí permanece latente es la ingobernabilidad que podría producirse si la población, coordinada y simultáneamente llegara a un levantamiento público de cierta hostilidad contra los poderes del Estado.[11]


En lo que va del año 2008, se han dado acciones de grupos de población civil cometiendo ilícitos y tomando justicia por su propia mano. En febrero un grupo de 1,500 pobladores retuvo a 29 integrantes de la Policía Nacional Civil en el Departamento de Izabal.[12] En el mismo mes un grupo de pobladores protestó por la captura de unos pobladores acusados de secuestro, degenerando en agresiones violentas contra la Policía Nacional Civil.[13] En el municipio de San Juan Sacatepéquez, un grupo de pobladores “vigilantes” impuso un toque de queda con pena de muerte al resto de la población.[14] Luego integrantes de dos fuerzas del orden público se enfrenten entre sí, como el caso de la agresión entre Policías Nacionales Civiles y agentes de la Policía Municipal de Tránsito.[15] En el mes de mayo y en plena vigencia de un “Estado de Prevención” los pobladores de Fraijanes realizaron protestas violentas por el alza al transporte. Queda claro que el Gobierno mantiene la política de no reprimir violentamente a la población y respeto a los Derechos Humanos.


Sin embargo, si un Estado pierde la facultad, la jurisdicción, la capacidad de ejecución y de hacer observar la ley – que es en sí el poder ejecutivo – puede llegarse a un estado de crisis de proporciones alarmantes. Un Estado fallido.


Finalmente al analizar el concepto de Estado débil o fracasado de Francis Fukuyama, la situación en Guatemala no corre riesgo de provocar un desastre humanitario ni oleadas masivas de inmigración escapando de la violencia. No cabe posibilidad de atacar a un país vecino ni existe falta de democracia. Los narcotraficantes, terroristas o el crimen organizado no tienen la capacidad – ni el coraje suficiente – de secuestrar al Estado sometiéndolo a su voluntad y actuando con total libertad, porque saben que la Policía Nacional Civil cuenta con respaldo del Ejército de Guatemala cuando así lo ordene el Presidente de la República.


Como reflexión final, en el ambiente académico guatemalteco de educación superior y de post grado, no debería descalificarse el “idealismo” de los estudiantes, que conociendo la difícil situación proponen soluciones basadas en la aplicación de principios y valores que traen desde el seno del hogar y que se han fortalecido a través de su vida profesional, de estudio e investigación. Es un error calificar estos ideales de “ingenuas apreciaciones”; es un error objetarlas con el pretexto que “mejor sean realistas” e instarlos erróneamente a aceptar que el sistema está corrompido y que no se puede de otra manera.

La academia es el ambiente donde se deben cultivar estos ideales, que animen a los futuros funcionarios a actuar con honestidad y con una entera vocación de servicio a su país, a su Estado. Alguien debe llegar que proceda de esta forma.


Conclusiones

Guatemala, sin lugar a dudas, es objeto frecuente de titulares en el mundo. Es evidente que para los problemas latentes no hay soluciones fáciles ni de corto plazo. Es necesario mejorar en seguridad y prosperidad, pero no es un Estado fallido. La estabilidad Nacional está sujeta a soluciones eficaces y duraderas que se vean reflejadas en los índices internacionales de cada año.

Según los últimos tres índices anuales de Estados fallidos, Guatemala ha venido mejorando sistemáticamente, esto resulta alentador y refleja no solo la preocupación y esfuerzo de planificación estratégica de los gobiernos en el tiempo, sino de la disposición paulatina de la sociedad en general a producir ese anhelado cambio de actitud en lo más profundo de la personalidad y cultura guatemalteca.

Es necesario que el Estado transforme, modernice y profesionalice sus instituciones de seguridad pública, para que en el largo plazo, posea oficiales y agentes, profesionales forjados en academias policiales que provean valores de fuerzas de seguridad, cuyo solo espíritu de pertenencia les impulse a hacer que se cumpla la ley de manera eficiente y honesta.

En el ínterin de tiempo para el logro de este objetivo estratégico, el Ejército de Guatemala, institución con más de 130 años de profesionalización, debe modernizarse a tal grado que compense la reducción que ha sido objeto producto de disposiciones políticas, ya que por el momento, guste o no, constituye la única garantía de apoyo a la fuerza de seguridad civil para el mantenimiento del orden público.



[1] NAVARRETE, Alberto. 2006. El Estado, conceptos y origen. http://www.monografias.com/trabajos37/el-estado/el-estado.shtml
[2] Constitución Política de la República de Guatemala, 1985, preámbulo y artículo 140.
[3] MAICA, Nelson. 2007. Estado Fallido, Instituto independiente, Washington, http://independent.typepad.com/elindependent/2007/12/estado-fallido.html#more
[4] VARGAS Llosa, Alvaro. 2005. Los Estados fallidos, Instituto independiente, Washington D.C. http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1564.
[5] Foreing Policy, Tercer índice de Estados fallidos, 2007, http://www.fp-es.org/estados-fallidos-0
[6] QUINTEIRO, Raquel. 2004. Estados fallidos, Instituto Gallego de Análisis. http://www.igadi.org/index.html
[7] FUKUYAMA, Francis. 2004. La Construcción del Estado, Ediciones B, Barcelona.
[8] TORRES, Edelberto. Guatemala no es un Estado fallido, Diario ElPeriódico, 19 de agosto de 2007. http://www.elperiodico.com.gt/es/20070819/actualidad/42686/
[9] BASTENIER, M.A. 2008. Guatemala ¿Estado fallido? http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=10230
[10] REDRI, agosto 2005, http://www.redri.org/alerta_indice_estados_fallidos.htm
[11] Definición de rebelión, Diccionario de la Real Academia española de la lengua, Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
[12]Editorial diario ElPeriódico, Un peligroso vacío de poder, 23 de febrero de 2008.
[13] AGUILERA P. Gabriel. Análisis, edición electrónica ElPeriódico 23 de febrero de 2008.
[14] Ibíd.
[15] Diario ElPeriódico, 26 de abril de 2008, portada.

Política de Seguridad y Estado de Derecho


RESUMEN

Este ensayo presenta el contenido de la Política Nacional de Seguridad y Estado de Derecho que el Gobierno de la República viene implementando desde enero de 2008. Previo al análisis de su contenido y describir los imperativos para lograr sus objetivos generales y específicos, se plantean diferentes premisas que proporcionan elementos de juicio para entender el concepto de seguridad, tal y como se concibe en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad vigente desde abril de 2008. Esta ley considera el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. De igual forma se presenta la categoría de la seguridad como bien público y su relación con la defensa. La ciudadanía conoce poco o nada de la Política Nacional de Seguridad, más bien supone que no existe cuando evalúa el grado de seguridad que percibe, sin embargo esto no significa que no haya definida una política de este tipo o que no se encuentre en ejecución.

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas generan actividades del estado encaminadas a garantizar los derechos y libertades a los miembros de una sociedad. Estas se definen en base a objetivos nacionales previamente diseñados y deben ser respaldadas por un marco jurídico sólido.

El campo de la seguridad es uno de los temas de mayor urgencia para el Estado de Guatemala por cuanto es base fundamental para el desarrollo. Es importante comprender que la seguridad no es una acción en sí misma, sino un estado de cosas, una percepción de la persona de sentirse segura o no.

Para lograr esa percepción en la sociedad el Gobierno define políticas de seguridad que garanticen el desarrollo, los derechos individuales, la libertad y la protección de la persona contra las amenazas e incluso contra la actividad misma de las autoridades en la búsqueda de esa sensación de seguridad.

El propósito de este ensayo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué debe entenderse por seguridad? ¿Cómo encaja el Estado de Derecho en una Política de Seguridad? ¿Cómo se relaciona la seguridad con la defensa? ¿Cómo debe ser la Política de Seguridad en un Estado de Derecho? ¿Cuál es la Política Nacional de Seguridad actual? ¿Qué será necesario para lograr el grado de seguridad deseado? Tales son los contenidos del presente ensayo.

Política de Seguridad y Estado de Derecho

1. El Estado de Derecho

Entender el Estado de Derecho implica entender qué es libertad y comprender las condiciones necesarias para que haya libertad. No es una forma de gobierno, tampoco es ideología. El Estado de Derecho es un ordenamiento jurídico que garantiza los derechos individuales frente a la autoridad pública. Es la protección de la libertad y de los derechos humanos. Significa igualdad ante la ley en donde el Estado también se somete a la reserva de la ley. Si el Estado no se somete se convierte en un régimen de legalidad. En el Estado de Derecho priva la ley y no la voluntad del gobernante o del legislador.[1]



2. El tema de la seguridad

2.1. Concepto de seguridad

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de sentirse seguro para poder desarrollarse y lograr sus objetivos. Para ello toma medidas para defenderse de lo que considera sus potenciales amenazas. De tal manera que la seguridad es un estado de percepción en determinadas circunstancias.

El hombre como ser biológico posee mecanismos de defensa y por tal razón se siente seguro. Por ejemplo: El sistema inmunológico del cuerpo humano. ¿Qué tan preocupada se siente una persona de que su sistema inmunológico está funcionando bien? Si no le aqueja mal alguno no se recuerda que su sistema inmunológico está trabajando. Por el contrario hay quienes toman vitaminas y otros se aplican vacunas; así se sienten seguros. El que no toma estas medidas también podría sentirse seguro, pero corre el riesgo de ser contagiado. Así, la seguridad es una percepción independientemente del grado real de riesgo.

La seguridad es más una sensación que la realidad de estar seguro. Las personas que se encontraban en las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 se sentían seguras. Pero no lo estaban. En Guatemala las personas podrán sentirse más seguras en la zona 10 que en la zona 1, pero no es precisamente cierto. Es una percepción.

En base a los objetivos que una persona tiene, así es su actuar. Por eso la seguridad se enfoca dependiendo del bien que se busca cuidar. Para hablar de seguridad se necesitan en escena tres elementos: El bien a cuidar, un agente hostil contra este bien y la capacidad para proteger dicho bien.

Cuando se trasladan estos tres elementos al ámbito Nacional se puede ir construyendo un concepto de Seguridad. Identificar el objetivo: la seguridad pública; identificar las amenazas y si el Estado está en capacidad de lograr ese objetivo. Cuando lo que está en juego es la identidad y supervivencia nacional, la independencia e integridad nace el concepto de Seguridad Nacional.

2.2. Seguridad Nacional

Es el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas, económicas, sociales y militares un Estado puede proporcionar en un momento determinado a su población para garantizar el logro de los objetivos nacionales.[2]

El libro de la Defensa de Guatemala define Seguridad Nacional como un estado de vida de la nación en el cual se garantiza, la dignidad del ser humano y el desarrollo pleno de su potencialidad en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales; así mismo, se contrarrestan las amenazas a la soberanía e institucionalidad democrática del Estado y la integridad del territorio.

La seguridad democrática es la acción del Estado que garantiza el respeto, promoción y tutela de la seguridad, el ejercicio de los derechos humanos, creando condiciones que permitan el desarrollo de la persona en paz, libertar y democracia, conforme al Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.[3]

2.3. Relación de la Seguridad con la Defensa

La defensa se ha relacionado más como un concepto técnico militar que se refiere principalmente a la defensa de las fronteras contra la agresión de otros Estados (la defensa no descarta la actitud ofensiva), y esto es válido aún; sin embargo el concepto es polivalente, es decir que la defensa se menciona, planifica y se desarrolla para varias cosas tanto a lo interno como lo externo.

Cuando un Estado determina el grado de seguridad que necesita a la luz del análisis de las amenazas, define una “política de seguridad” para lo interno y una “política de defensa” para lo externo. Ambas deben estar respaldadas por un marco legal.

La política de defensa se aplica también al ámbito interno cuando las amenazas provienen del exterior como el narcotráfico y el terrorismo, ante las cuales – como es el caso actual de Guatemala – las fuerzas de seguridad civil necesitan del apoyo del Ejército principal actor de la Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es el conjunto de medidas y acciones destinadas a enfrentar distintos tipos de amenazas y riesgos potenciales que vulneren la pervivencia del Estado y atenten contra los objetivos nacionales permanentes.[4]

De esta forma debe entenderse que la Seguridad Nacional (interna) se vale de la Defensa Nacional para enfrentar amenazas externas; y a su vez, en Guatemala, la Defensa Nacional participa activamente para contribuir con la Seguridad Nacional (interna). La una contribuye a la otra y se complementan entre sí.

Esta combinación se sustenta en la ley marco de Seguridad Nacional en su artículo segundo donde explica que la Seguridad de la nación incluye principios, políticas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades de los componentes del Estado en materia de seguridad, que garanticen la independencia, soberanía e integridad así como los derechos fundamentales de la población.[5]

Ambas necesitan políticas definidas (qué hacer) y serán ejecutadas a través de estrategias específicas (cómo hacerlo). De esta forma la Política de Seguridad es desarrollada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad[6] y la Política de Defensa es desarrollada por el Ministerio de la Defensa.

La Defensa Nacional entra en escena contra cuatro grupos de amenazas principales: la guerra, el proceso revolucionario, las “nuevas amenazas” y las catástrofes, sean estas naturales o producidas por la mano del hombre. Todo este actuar contribuye a la Seguridad Nacional del Estado.

3. La Política de Seguridad

Tanto la seguridad como la defensa constituyen bienes públicos. ¿Qué produce la Policía Nacional Civil? Seguridad; ¿Qué produce el Ejército de Guatemala? Seguridad y Defensa. Estos bienes no pueden verse ni tocarse, pero si se pueden percibir y medir conforme a resultados. Son bienes públicos por cuanto se usan simultáneamente por todos los ciudadanos, no hay rivalidad en su consumo, no hay exclusión de beneficios

Es como una emisora de radio comercial, nadie está excluido de sintonizarla; si alguien la escucha no se agota para otra persona. Esta analogía expresa el carácter de bien público de la seguridad y la defensa. Como no se ve, es fácil pensar en canalizar los recursos que consume en otra dirección, pero al hacerlo de inmediato se percibirían los efectos.

Por tanto, para desarrollar una efectiva política pública de seguridad es necesario que la nación la apoye, que existan instrumentos legales claros y un alto nivel de comprensión de las tareas de seguridad y defensa. Se entiende entonces por Cultura de Defensa: El conocimiento, interés y deseo de incidencia en la temática de seguridad y defensa por parte de los actores sociales y del Estado, promoviendo a su vez en los ciudadanos el percibir como propias los asuntos relacionados con su seguridad, libertad y la defensa de sus intereses.[7]

La Política Nacional de Seguridad es el conjunto de lineamientos que definen los cursos de acción diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos, amenazas, agresiones o situaciones que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.[8]

4. Análisis de la actual Política Nacional de Seguridad y Estado de Derecho

La Política de seguridad se constituye en política pública, por cuanto las disposiciones y objetivos trazados por el gobierno son de obligado cumplimiento para los ciudadanos y obligación para las fuerzas de seguridad para hacer que la ley se cumpla.

Un logro muy importante para el Estado de Guatemala en materia de la política pública de seguridad ha sido la creación del Consejo Nacional de seguridad que está respaldado por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.[9]

Esta ley establece que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad es la encargada de elaborar la Política Nacional de Seguridad, sin embargo esta ley recién entró en vigencia el 15 de abril de 2008, por lo que el documento que guía actualmente esta política es el Plan de Gobierno actual.

La Política de Seguridad y Estado de Derecho del actual gobierno[10] tiene por objeto fortalecer y garantizar una cultura de respeto y seguridad ciudadana. Es una política planteada a largo plazo y donde se requiere la participación ciudadana. Su objetivo general: el fortalecimiento del Estado de Derecho.

4.1. Objetivos específicos

4.1.1. Fortalecer instituciones de seguridad ciudadana.
4.1.2. Recabar información sobre hechos delictivos y sus actores.
4.1.3. Cumplir con acuerdos internacionales ratificados por el Estado.
4.1.4. Garantizar el cumplimiento de la ley.
4.1.5. Combate a la corrupción.
4.1.6. Reforma del Sistema penitenciario.
4.1.7. Protección del turismo.
4.1.8. Garantizar el respeto a la vida.
4.1.9. Garantizar el papel del Ejército conforme a la Constitución Política de la República.
4.1.10. Reconversión del ministerio de gobernación.
4.1.11. Implementar elección popular de los Jefes de Policía Nacional Civil.
4.1.12. Desarrollo de oportunidades para la juventud.
4.1.13. Implementar sistemas de seguridad comunitarios.

4.2. Dentro de las principales estrategias para llevar a cabo esta política de seguridad se encuentran:

4.2.1. La profesionalización de la Dirección de Inteligencia Civil.
4.2.2. Crear fuerzas especiales de seguridad civil.
4.2.3. Atender las resoluciones de la procuraduría de los Derechos Humanos.
4.2.4. Apoyo al Ministerio Público.
4.2.5. Asignar recursos financieros para la creación de unidades fiscales.
4.2.6. Fortalecer programa de protección de testigos.
4.2.7. Proveer recursos para investigación.
4.2.8. Recursos para la defensa pública y penal.
4.2.9. Atender denuncias de corrupción.
4.2.10. Revisar el perfil de los Guardias del Sistema penitenciario.
4.2.11. Fortalecer las capacidades del Ejército conforme lo establecido en la Constitución Política de la República y acuerdos de paz.
4.2.12. Estructurar un Ejército profesional, altamente versátil, defensivo, eficiente, que responda a las necesidades del Estado.
4.2.13. Concentrar las funciones del Ejército en la defensa exterior y ayuda humanitaria.

Tres son los ejes principales que pueden identificarse que engloban la política de seguridad y Estado de Derecho: Hacer cumplir la ley; la profesionalización de la inteligencia civil; y la Modernización tanto de la de la Policía Nacional Civil como del Ejército. Estos procesos deberán desarrollarse libres de corrupción y respetando en todo momento los Derechos Humanos.

Aunque no se menciona, gobierno y ciudadanía deben estar claros que para el cumplimiento de esta política pública se necesita asignar fondos, incremento de presupuestos; esto implica la confianza de la población en el manejo de estos fondos y el apoyo que evidencie una elevada Cultura de Seguridad y Defensa en la sociedad guatemalteca. Además de recursos financieros se necesitan recursos humanos y políticos; alianzas y convenios entre entidades de gobierno y municipales.

El hecho de que no se presente públicamente un ejemplar o documento escrito a cada institución del Estado, no significa que no exista o que no se esté implementando una Política Nacional de Seguridad. El hecho de tomar medidas activas evidencia que existen políticas específicas actuando en beneficio de la sociedad. Es recomendable que se divulgue, pero este proceso también tiene sus limitaciones: no puede hacerse pública la parte operativa, únicamente en términos generales.

Como reflexión final se puede agregar que la actitud hostil hacia la seguridad de un Estado no necesariamente busca la destrucción sistemática del proyecto Nacional, sino que muchas veces surge de soluciones incompletas que han dictado políticas específicas que buscaban un bienestar general y no se llevaron a cabo.

5. CONCLUSIONES

La Política Nacional de Seguridad, es una política pública, por cuanto es de aplicación permanente y obligatoria para todo el Estado. Está diseñada para desarrollarse dentro de un Estado de Derecho, que se traduce en proporcionar seguridad garantizando las libertades individuales de los ciudadanos frente a las autoridades públicas. Las autoridades públicas deben estar igualmente sometidas al cumplimiento de la ley.


La Política Nacional de Seguridad que actualmente está siendo implementada, está plasmada en el plan de gobierno. Es un hecho que no se le ha dado amplia divulgación, ni es fácilmente obtenida en un documento público, pero no significa que no exista una política vigente.

El 15 de abril de 2008 quedó legalmente instituido el Consejo Nacional de Seguridad, cuya Secretaría Ejecutiva es la institución de desarrollar y proponer al consejo la Política Nacional de Seguridad.

La Política Nacional de Seguridad actual tiene desafíos importantes, entre los que destacan la modernización de la Policía y el Ejército; la profesionalización del sistema de inteligencia y la elección popular de los Jefes de Policía en las cabeceras municipales. Estos retos necesitan planificación, recursos financieros y amplia divulgación para obtener el respaldo de la sociedad y de los grupos políticos y sociales que la representan.

[1] ESCALER, Karin. 1999. Fundamentos de Derecho I, Quality Print, Guatemala.
[2] Manual de Defensa Civil, Comando Superior de Educación del Ejército, Guatemala, 2003.
[3] Ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, Artículo 2, Decreto 18-2008, Congreso de la República, Guatemala.
[4] Libro de la Defensa Nacional, Guatemala, 2003.
[5] Artículo 2, decreto 18-2008, ley marco del Sistema Nacional de Seguridad.
[6] Artículo 12, decreto 18-2008, ley marco del Sistema Nacional de Seguridad.
[7] Libro de la Defensa Nacional, Guatemala, 2003.
[8] Artículo 2, ley marco del Sistema Nacional de Seguridad
[9] Decreto 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala, http://www.congreso.gob.gt/gt/mostrar_ley.asp?id=13041
[10] Programa de Gobierno, Partido Político: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Guatemala, 2007.

Resumen del libro: La Construcción del Estado

INTRODUCCIÓN


Este trabajo es un resumen del Libro: La construcción del Estado, hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, del autor Francis Fukuyama. Está elaborado bajo la norma de un máximo de mil palabras que no incluyen la introducción ni las conclusiones.


Básicamente el autor plantea una justificación a la intervención de las potencias mundiales y organismos internacionales en asuntos internos de los países, argumentando que estos problemas se deben a la debilidad o fracaso de las instituciones de los Estados. Al ser débiles provocan acciones de tipo económico, social, político y militar que afectan la seguridad de otras naciones, cuando no delitos de lesa humanidad contra sus propios habitantes.


Por supuesto que provee la fórmula para la conformación ideal de las instituciones que a su vez representa la manera de prevenir Estados fracasados o débiles. No solo presenta su formación, sino alcances, fuerza, campo ideal de toma de decisiones y control. Esto debe ser complementado con un liderazgo adecuado y un sistema de normas a cumplir.


Aunque el autor justifica la violación de la soberanía en aras de la defensa de los derechos humanos, acepta y a la vez cuestiona, que sean los Estados Unidos de América el Estado que se ha auto asignado la “noble y heroica” tarea de velar por la seguridad mundial, cuando en realidad ve sus propios intereses.


Esta actitud estadounidense, se desarrolla ante la simple contemplación de una pasiva Unión Europea y del resto de países (potencias) que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Los postulados de este libro llevan a la conclusión de que Guatemala, no puede ser considerado como un Estado Fracasado o fallido (como se hada dado en llamarle), pero sí con importantes debilidades institucionales que bien lo podrían encaminar hacia tal y vergonzoso título.

RESUMEN DEL LIBRO


La “estatalidad” es un término que utiliza Francis Fukuyama para describir el momento, condición o circunstancia óptima de un país, que resulta de una gestión estatal eficaz y eficiente, en donde la política consiste en regular el ejercicio del poder del Estado, dentro de un Estado de Derecho; así como orientar la estrategia gubernamental hacia objetivos considerados legítimos por los ciudadanos y el resto de países.


La necesidad de construir estados surge desde finales de la segunda guerra mundial. Planes para reconstruir países devastados por la guerra, o los que salían del período del colonialismo como varios pueblos de África, Asia y Oceanía.


El libro plantea el problema de la siguiente forma: los desafíos en materia de seguridad para los países desarrollados o bloques internacionales, provienen de lo que sucede en Estados débiles o fracasados. Los fenómenos políticos, sociales y militares que ocurren en estos países provocan desastres humanitarios, oleadas masivas de inmigración, atacan a sus vecinos, generan falta de democracia, pluralismos y participación popular significativa.


El problema se agrava cuando actores no estatales como organizaciones terroristas, tienen la capacidad de secuestrar Estados débiles y actuar con completa libertad en contra del propio país u otras naciones. Es entonces cuando las grandes potencias y organizaciones internacionales, amparados por sus intereses legítimos de seguridad, desarrollan políticas internacionales para llevar a cabo acciones que van: desde influir hasta cambiar regímenes para evitar así el surgimiento de nuevas amenazas.


Una vez intervenidos los Estados débiles o fracasados, las potencias asumen la gobernanza de estos. Gobernar las poblaciones potencialmente hostiles es un derecho legítimo que las naciones del primer mundo dicen tener, para preservar la seguridad, aunque esto represente la violación de la soberanía de otro Estado. Esta política internacional la justifica el autor con el argumento de que un dictador no puede acogerse al principio de soberanía para protegerse mientras comete crímenes contra la humanidad.


De estos criterios se desprenden las otras dos partes del libro orientadas a buscar la mejor manera de fomentar la gobernanza de los Estados débiles, mejorar su legitimidad democrática y fortalecer instituciones auto sostenibles en dichos Estados. Esto constituye actualmente el proyecto central de la política internacional contemporánea.


Un Estado es fuerte cuando posee instituciones con un alcance y fortaleza tal, que sea capaz de limitar el poder del mismo Estado. La esencia de la estatalidad es en otras palabras: la aplicación de las leyes.


En su desempeño las instituciones de un Estado suelen tener diferentes medidas en cuanto a alcance y fuerza. Alcance se refiere a las funciones establecidas para alcanzar objetivos por los gobiernos. Los países varían en el alcance de las funciones de sus instituciones según sea la ambición de sus objetivos. La fuerza se mide en la capacidad institucional de un Estado para elaborar y ejecutar políticas y promulgación de leyes. Esto puede traducirse también como administración eficaz con un mínimo de burocracia, control del soborno y corrupción, alto nivel de transparencia y rendición de cuentas.


El mejor escenario para los economistas es un Estado con instituciones de alcance limitado pero de alta eficacia. Un estado ineficaz abarca muchas actividades con sus instituciones pero no las puede llevar a cabo correctamente.


Las instituciones entonces, resultan esenciales para el desarrollo y la seguridad; por eso deben diseñarse de tal forma que favorezcan la descentralización, la participación, el capital social, la cultura, el género, la etnicidad y el problema étnico. Todos estos son temas prioritarios y un Estado bien construido abarca dichos temas con instituciones fuertes, pero que solo proporcionan, guía, ayuda o control para la espontánea solución (Ordenes Espontáneos de Hayek).


No se trata, sin embargo, de inclinarse completamente por la privatización o el autoritarismo sino en la calidad de la dirigencia y un soporte tecnócrata que asesore eficientemente en cuatro aspectos fundamentales: El diseño y gestión de la organización, el diseño del sistema político, la base de legitimación y los factores culturales y estructurales.


Para determinar un modelo óptimo de instituciones formales se necesitan objetivos claros y que los agentes particulares (funcionarios públicos) no antepongan sus propios intereses a los intereses institucionales, generando lo que se conoce como corrupción. Así mismo, deben establecerse sistemas de supervisión y rendición de cuentas. Es importante también la capacidad decisoria que se delega a los funcionarios, entendiendo que obliga a aceptar un equilibrio entre eficiencia y riesgo.


Las instituciones deben guardar un balance entre el grado de libertad que tienen sus funcionarios en cuanto a tomar decisiones y la capacidad que existe para supervisarlos. Este principio se conjuga con los postulados de Taylor y la división del trabajo que trae consecuentemente el establecimiento de normas para cada funcionario.


Las normas bien implantadas pueden llegar a extremos de convicción que motiven a arriesgar la vida por el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de las instituciones militares. Esto no se logra tan solo con incentivos sino sustituyendo las identidades individuales por las colectivas y reforzándolas con tradiciones, ceremonias y experiencias que tienen como fin: unir a los soldados.


Las identidades y la lealtad de grupo tienden a soterrar la importancia de otros intereses, pero esto es difícil en empleados públicos civiles. Esto da lugar a la necesidad de un liderazgo capaz de hacer que las instituciones estatales, si no lograr una cohesión total en la búsqueda del servicio a la ciudadanía, pues al menos el cumplimiento de normas que provoquen la toma correcta de decisiones y el nivel de supervisión adecuado.


La necesidad de instituciones fuertes en Estados débiles o fracasados, que sean de corto alcance pero efectivas; con delegación en la toma de decisiones y medios de control, han llevado a la ONU y la comunidad internacional a la intervención en países para crear Estados auto sostenibles, que reduzcan el surgimiento de amenazas, aunque para ello tengan que obviar el principio de soberanía.


Estados Unidos de América se ha auto asignado la tarea de velar por la construcción de estos Estados, con la aprobación o no de la ONU y ante la simple y aparente expectación de la Unión Europea.


CONCLUSIONES
La obra es un mensaje claro y muy completo para el fortalecimiento de Estados con problemas de instituciones débiles y abarcadoras de los servicios públicos. Aunque no aboga puntualmente por la privatización, permite sentar criterios de evaluación para fortalecer el alcance y la fuerza de las instituciones locales de países en desarrollo.


Otro objetivo es presentar el proceso de reconstrucción de estados fracasados, dónde ha sido necesaria la intervención de la comunidad internacional. Esta intervención está justificada porque la debilidad o fracaso de un Estado puede tener influencia en la seguridad misma de otros Estados.


En base a las características planteadas por Fukuyama en esta obra, en las que describe a un Estado fracasado, se puede concluir que Guatemala no puede ser considerada como tal. Sin embargo las características de sus instituciones, los problemas que agobian, si pueden hacer que se le ubique en algún grado de “debilidad institucional”, condición que peligrosamente podría conducir hacia una condición peor.


Por tanto, no puede hablarse en Guatemala de un “estado fallido”, no todavía; pues mal que bien, las instituciones mantienen cierto grado de control, que ha impedido hasta hoy el libre tránsito y actuar ilegal de organizaciones delictivas o un desborde social incontenible.

El soldado español de los tercios


Este es un poema del dramaturgo y poeta español Pedro Calderón de la Barca, quien nació el 17 de enero de 1600, en Madrid. En 1625 se alistó bajo las banderas del duque de Alba y estuvo en Flandes e Italia. También participó en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la Corona en 1640. Falleció en Madrid el 25 de mayo de 1681.

A continuación el poema en letra azul.


EL SOLDADO ESPAÑOL DE LOS TERCIOS

Este ejército que ves vagó al hielo y al calor,
la república mejor y más política, es del mundo,
en que nadie espere que ser preferido pueda,
por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;
porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace;
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.


Aquí la necesidad no es infamia;
Y si es honrado pobre o desnudo un soldado,
tiene mayor cualidad que el más galán y lúcido;
Porque aquí, a los que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido.
Y así de modestia llenos,
a los más viejos verás
tratando de ser lo más
y de aparentar lo menos

Calderón se inspira en un grupo de soldados que hacen una pausa en la batalla. Un mundo donde nadie puede ser preferido por ser hijo de alguien, sino por el prestigio ganado a costa de su propio sudor y sacrificio en la batalla. Este prestigio militar nadie ve cómo se forma, sólo se reconoce cuando ya está formado.

En esos momentos de combate las condiciones físicas son particularmente difíciles: dolor, hambre, fatiga, sed, calor y frío; en ese momento y en esas condiciones priva el espíritu de cuerpo, el valor, el honor, el sentido del deber, la unión, el coraje y la resistencia. No hay lugar por ningún lado para la deshonra y el soldado con el peor aspecto, lleva dentro el más bravo de los corajes para continuar combatiendo.

Calderón ve que los uniformes sucios por el combate, y hasta rotos, son dignificados por el corazón del soldado lleno de carácter y determinación, convencido del ideal por el cual pelea. Representa que el uniforme aunque representa la dignidad e identidad militar, no garantiza siempre el honor del hombre y su dignidad; es el individuo el que hace digno el uniforme que porta y el grado que ostenta con su calidad de militar.

Conforme un militar aumenta en su antigüedad y adquiere grado y experiencia, comprende el compromiso que tiene ante sus subalternos. Sabe que es el director del éxito que alcanzan sus hombres, pero mientras más grande es la victoria mayor es su humildad y modestia… sin decirlo sus subalternos le atribuyen el éxito del cumplimiento de la misión. Ese reconocimiento silencioso es el mayor de los premios que puede recibir un comandante.


Aquí la más principal hazaña es obedecer;
Y el modo como ha de ser: es ni pedir ni rehusar.

Aquí: la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza,
la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito,
la opinión, la constancia, la paciencia,
la humildad, la obediencia, la fama,
el valor y vida…
Son el caudal de pobres soldados…
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más
que una religión de hombres honrados.

Estas letras evidencian la razón de por qué existen personas e instituciones que afirman y halagan la organización, responsabilidad, prontitud y excelencia con la que un militar cumple su trabajo. Llegan a proponer que sea un militar quien cumpla alguna función específica.

El militar fue enseñado desde su formación a cumplir su misión, apegado a la ley, con los recursos a disposición. El estoicismo que le inculcan desde sus inicios le impide exigir comodidades y necesidades básicas a sus superiores si de por medio está el cumplimiento de la misión en el marco de la Defensa Nacional.

Existe una línea muy tenue, difícil de identificar entre el estoicismo y el momento de objetar ante el supuesto abuso y arbitrariedad de un comandante; la habilidad para identificar esta línea no la dan tan solo las letras las letras, ni saber de memoria las leyes, ni haber estado solo en puestos preferenciales cerca de la opulencia y las comodidades; sino el ejercicio del comando mismo, en condiciones adversas y respaldado con el resultado de las decisiones que allí se tomaron. Aquel que no posee esta experiencia no tiene derecho a cuestionar el estoicismo de Zenón que data desde 300 A.C.

El militar digno, acumuló lo necesario para vivir dignamente al llegar su retiro; si tomó lo que no lo pertenecía, lo percibirá en los ojos de sus subalternos cada vez que los vea; pero la mayor riqueza descrita por Calderón de la Barca en el final de su poema, no cabe en otro lugar más que en el corazón de un hombre cuya satisfacción del deber cumplido le permite caminar erguido y con la frente en alto.

…id y buscad un militar retirado que regresa a buscar la palmada camarada en el hombro de sus viejos subalternos, a los dignos veréis; más los que esconden su rostro, es doble su martirio: el retiro y la vergüenza…