El rumbo del Ejército en tiempo de paz

La diferencia entre política de defensa, política de seguridad y el nivel de gobierno donde ambas deberían ser “generadas, publicadas y consolidadas” provoca interrogantes en la ciudadanía.

Comento la publicación de Prensa Libre de hoy 29 de junio de 2008 por Lorena Seijo, la cual tituló: Ejército está sin rumbo definido en tiempo de paz.

La idea central de la publicación está basada en los argumentos de un experto quien denuncia la inexistencia de una “Política de Defensa” y esto ocasiona que el ejército no tenga claras sus funciones y depende de la opinión del Presidente para su empleo. Esto es en parte cierto.

Empero, una política de defensa no involucra sólo al ejército. En la política de defensa la primera línea la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella se definen los valores que determinan los intereses nacionales; estos intereses divididos en: vitales, estratégicos, humanitarios, ambientales y culturales, involucran a más de una institución del Estado, instituciones no gubernamentales y a la población en general. Tan solo el sostenimiento de una guerra involucraría a la expresión económica del Poder Nacional.

Una política de defensa determina objetivos nacionales en esta materia, determina los recursos que se necesitan, establece las acciones a seguir y en base a ello crea un concepto estratégico de defensa. Debería incluir una relación clara entre: seguridad nacional, defensa nacional y desarrollo. Esta política de defensa es la que no está aprobada ni publicada. (1)

La política de seguridad es algo diferente. Que el Poder Ejecutivo esté centrado en la política de seguridad, soslayando de momento la concepción de una política de defensa y que además demande cierto grado de participación del ejército, es parte de la “política actual del gobierno en materia de seguridad”. Lo ideal es que estuviera escrita, publicada y consolidada, pero no por ello significa que no exista en la práctica.

No existe como política pública, es decir no tiene una visión de largo plazo, trata de dar soluciones a lo urgente y no a lo importante, lo que provoca tal y como lo indica el artículo, que cada programa de gobierno emplee al ejército de diferente forma, aunque si se analiza detalladamente, la forma de empleo ha sido la misma desde la firma de la paz en 1996: apoyo a las fuerzas de seguridad civil y ayuda humanitaria en caso de desastres.Con todo esto, el rumbo del ejército, visto dentro de la total observancia de lo ordenado por el poder civil, está bien definido, planificado, en ejecución y bajo constante apreciación prospectiva. Esta clara definición del rumbo dentro del ejército está determinada, publicada y consolidada en el Capítulo 8 del Libro de la Defensa Nacional, donde se establecen los fines y funciones del ejército, su organización y el dispositivo de las fuerzas que lo integran.

También la Doctrina Militar (2) determina conceptos, principios y valores para la conducción estratégica operacional de cada fuerza (aire, mar y tierra) especificando para cada ámbito: interno y externo. Aquí se establecen los tipos de operaciones en las que el ejército tiene previsto, analizado y planificado participar si así lo dispone el Presidente de la República y Comandante General. Esto claramente evidencia un rumbo bien definido dentro del ejército independientemente de que la población desconozca si existe una política de defensa o una política de seguridad.

Otro tema es también la “Política Militar” que de igual forma, el hecho que no esté publicada y que no se le de amplia cobertura en los medios de comunicación no significa que no exista o no se esté trabajando en ella. Por el contrario esta si ha permanecido – aunque no con el ímpetu necesario – a través de los gobiernos desde 1996. La política militar (que se genera a nivel gobierno y no a nivel del ejército) comprende actualmente el proceso de transformación y modernización del ejército, que comenzó con las diferentes reducciones a que se ha sometido, determina la estructura y modificaciones que se hagan necesarias, contiene disposiciones sobre la carrera militar, educación militar, gestión económica y disposiciones respecto a relaciones civiles-militares entre otros aspectos.

Desconocer esta información genera artículos con títulos semejantes. La seguridad es un bien público difícil de ser percibido, pero no es que el ejército “supone lo que tiene que hacer”, lo tiene bien definido. Pero la diferenciación entre políticas de seguridad o defensa, y los niveles en donde estas deberían ser “generadas, publicadas y consolidadas” provocan interrogantes como: “¿A qué se dedican?” , provocan rumores totalmente equivocados como que los “ingenieros del ejército cobran por colocar puentes” o que “la escuela Kaibil cobra por capacitación”. La escuela de Kaibiles no capacita a personal que no sea militar y obviamente no cobra por ello.

Si el poder ejecutivo planifica a corto plazo, decide ver lo urgente antes que lo importante, tiene prioridad en la política de seguridad sobre la política de defensa, podría alguien considerarlo “sin rumbo”, pero se trata de la Política de todo un Estado, de la corta visión de todo un País, donde todos deberían contribuir. Pero el Ejército de Guatemala en lo que la sociedad le ha encomendado a través de las autoridades legal y legítimamente electas tiene su rumbo bien definido.

(1) La Ley del Organismo Ejecutivo establece en su Artículo 37 que al Ministro de la Defensa Nacional corresponde formular las políticas relativas a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. En el año 2000 el Ministerio de la Defensa Nacional realizó un seminario para establecer el proceso de diseño de la Política de Defensa en que el participaron:

Por el sector público:
Ministerios de: Defensa, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, Gobernación, Secretarias de: Análisis Estratégico, General de Planificación y Programación, de la Paz, Estado Mayor de la Defensa, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Congreso de la República, Comisión Consultiva Pueblo Maya, Procuraduría de Derechos Humanos.

Por los sectores sociales:
Partidos Políticos: Unión Nacional, Los Verdes, Día, Avanzada Nacional, Democracia Cristiana Guatemalteca, Liberal Progresista, Patriota, Solidaridad Nacional, Unión Democrática; Sector Universitario, colegios profesionales; sector obrero-campesino-patronal (CGTG, CACIF, FEPYME, UASP), Sector de comunicación (Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala “AMPEG”,Circulo Nacional de Prensa “CNP” y Cámara Guatemalteca de Periodismo “CGP”); Sector Académico (ASIES, CEG, FLACSO, Incidencia Democrática, IEPADES, POLSEC), otros sectores participantes: COVAPAZ, ANJG, AVEMILGUA, FUNDAJU, Solidaridad Iberoamericana, FUNDEPRO, varios participantes individuales.

Junto a las personas y entidades mencionadas, asistieron como observadores: Agregados Militares de Honduras, China, México, Brasil, El Salvador; Embajada de Belice, Consejo Superior Universitario, Embajada de República Dominicana, MINUGUA y PNUD.

(2) En el proceso de análisis y discusión de la Doctrina Militar, además de representantes del Ejército de Guatemala, participaron representantes de los Ministerios de: Economía, Cultura y Deportes, Relaciones Exteriores, Comunicaciones; también representantes de: Secretaría de Análisis Estratégico SAE, Secretaría General de Planificación SEGEPLAN, Secretaría de la Paz SEPAZ, Congreso de la República,

Partidos Políticos: Democracia Cristiana, Partido de Avanzada Nacional, Los Verdes, Unión Democrática, Gran Alianza Nacional. Universidades: Del Istmo, Rafael Landivar.

Colegios profesionales de farmacéuticos y médicos. Fundación Myrna Mack, Incidencia Democrática, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible; Centro de Estudios Guatemala; Instituto de Gobernanza, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO; Proyecto de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en seguridad y defensa FOSS; Proyecto hacia una política de seguridad ciudadana POLSEC/PNUD; Instituto centroamericano de estudios políticos INCEP; Sindicatos, pequeña y mediana empresa y sector privado; Federación de la pequeña y mediana empresa guatemalteca; Central general de trabajadores de Guatemala CGTG; Unidad de acción sindical y popular UASP; Conagro, Medios de comunicación, Círculo nacional de prensa, Cámara guatemalteca de periodismo, Unión de cronistas parlamentarios, Asociación guatemalteca de mujeres periodistas y escritoras de guatemala AMPEG; Red guatemalteca para la seguridad democrática; Coordinadora sí vamos por la paz; Fraternidad militar de Guatemala, Solidaridad iberoamericana; Cruz roja internacional y AVEMILGUA.

Como observadores los embajadores de: Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Agregados de Defensa de EUA, Brasil, Belice, México, El Salvador, MINUGUA y la Organización de Estados Americanos OEA.