Ejército y Seguridad pública, consideraciones diciembre 2008

La seguridad pública es un tema que ocupa cualquier conversación entre guatemaltecos. El Estado libra una batalla contra el crimen en campos que van desde la planificación, la organización, la táctica a emplear y los medios disponibles. La ciudadanía discute la eficacia de los resultados. Durante el mes de diciembre 2008 se leyeron artículos y opinión que cuestionan el papel del Ejército de Guatemala y su alto mando en varios hechos relevantes a nivel nacional. La tensión creció cuando se produjeron importantes cambios en el alto mando del Ejército. El objetivo de este documento es proporcionar elementos de información adicionales que al analizarlos y considerar sus diferentes aspectos, permitan concluir que la eficiencia en las misiones asignadas no se mide, tan solo, en base a los hechos criminales por el impacto que producen o por la cantidad de ocurrencia de los mismos; tampoco hará la diferencia las personas que ocupan el alto mando. Sería apresurado responsabilizar a unos (mando saliente) por circunstancias que tienen que ver con medios disponibles y poco ético divulgar un prejuicio de inexperiencia o falta de liderazgo en otros (mando entrante).

Diario “El Periódico” del 11 de diciembre de 2008 presentó una nota en la cual se informó, que a esa fecha, existían 45 solicitudes de parte de gobernadores, diputados, alcaldes e iglesias evangélicas para que el Ejército de Guatemala proporcione seguridad pública en lugares específicos.

Parte de la población, como afirma Raúl Minondo en su columna en “El Periódico” del 10 de diciembre de 2008, ve en el Ejército de Guatemala autoridad, disciplina, respeto y orden; formados a base de disciplina, obediencia, mística y una jerarquía bien definida.Criterios como éste último son objetados y criticados por personas y sectores cuando por ejemplo, se da un caso como la matanza de Santa Ana Huista.

La prensa escrita se apresura a afirmar que los 572 kilómetros de frontera con México no están siendo cuidados por el ejército tal como debería ser su obligación constitucional (El Periódico, 15 de diciembre de 2008).

Y claro que es una obligación constitucional, sin embargo, la sociedad guatemalteca a través de su Congreso de la República y las autoridades del organismo Ejecutivo que ha elegido a través del voto en claro ejercicio democrático, han venido reestructurando, reorganizando, reorientando y reduciendo la fuerza militar permanente. La última y más fuerte reducción que la sociedad ha proveído a través de los organismos de poder electos libremente se dio en 2004.

La reducción de efectivo (personal) obligó a adoptar un dispositivo acorde a las capacidades, es decir lo disponible. Por ello en alusión a la misma nota y como sarcástico ejemplo, podría colocarse un soldado cada 200 metros a lo largo de los límites internacionales; incluye oficiales, oficinistas, cocineros, mecánicos etc. Personal que por supuesto no podría ser empleado para estas misiones sin mencionar que sería tácticamente risible adoptar tal dispositivo. Suponiendo que el treinta y tres por ciento se emplee en seguridad pública se aumentaría a 450 metros el espacio cubierto por soldado.

Al mordaz ejemplo de metros cubiertos por soldado, agréguese la cantidad de combustible asignado por comando (por mencionar una de las clases de abastecimiento necesario) que se asigna de acuerdo a la cantidad de vehículos en inventario, calculado en base a un estimado anual de operaciones a realizar.

La historia política continúa: se redujo la fuerza militar permanente, se incrementa la delincuencia organizada, la fuerza de seguridad civil no es suficiente; entonces surge la iniciativa: emplear al Ejército en la seguridad pública.

Muy bien señor… el único problema es que somos tantos y tantos… si se quiere cubrir los límites internacionales tendríamos que ser tantos más… mismos que necesitan comunicaciones, movilidad, reequipamiento (los fusiles Galil ya llegaron al límite de su tiempo de vida útil). No hay comunicación táctica, sólo teléfonos celulares – y áreas donde no entra la señal – los vehículos necesitan mantenimiento, stock de repuestos, lubricantes y combustibles, amén de que existen áreas donde se necesitan vehículos con ciertas capacidades.

Ante una apreciación tan fría y fastidiosa, los encargados de las decisiones políticas difíciles (no precisamente militares) optan por aumentar el efectivo militar, acción que se traduce en presupuesto; y empieza el debate de sectores que apoyan, otros censuran, unos maldicen, otros piden fortalecer la fuerza civil, otros piden suprimir el ejército y emplearlo en salud y educación y en fin… se produce y fortalece el ejercicio democrático.

Edgar Gutiérrez en su columna del 15 de diciembre, diario “El Periódico”, explica que independientemente de que, parte de la población piense que un militar sabe de seguridad, que el Ejército es más institución que cualquier otra, y que en resumen hay confianza en dicha institución e infunde miedo a los malhechores, no fue “hecho” para proveer seguridad pública.

Un gobierno, explica el señor Gutiérrez, emplea su ejército como última instancia, cuando el problema adquiere una dimensión extraordinaria, cuando la amenaza a la seguridad pública pasa a ser una amenaza a la seguridad Nacional. Pero si hubiera necesidad de emplearlo, continúa Gutiérrez, es necesario definir el plan, la temporalidad y proveer el equipo necesario. Todo esto mientras se crea, fortalece o reforma la institución de seguridad pública a la cual le compete dicha misión.

Está claro que el organismo Ejecutivo ha decidido emplear al Ejército en la seguridad pública. Sin embargo, en diario “El Periódico” del 23 de diciembre, en ocasión de la sorpresiva destitución del mando del Ejército, se afirmó que los cambios fueron porque no se dieron resultados satisfactorios, a criterio de alguien, en los operativos fronterizos antinarcóticos.

Pero la información debería proveer a la ciudadanía también, elementos de juicio como: cuánto personal hay disponible, cuántos vehículos tienen y si tienen combustible para ello – o si hay que andar prestando para luego devolverlo – si tienen comunicación táctica con las unidades, con los vehículos disponibles, en cuánto tiempo llegan a los lugares desde su ubicación. Cuando se reúne esta información es fácil descartar que los cambios se hayan dado por ineficiencia de las unidades militares en el cumplimiento de su misión.

Si a un servidor público se le asignan misiones específicas, entonces el servidor público necesita medios para cumplirlas. Solicitar dichos medios, porque se necesitan y no como condicionante para cumplir la misión asignada, no es que se esté tratando de “devolverle al ejército el poder que antes tenía” o “fortalecerlo por encima del poder civil”; tales argumentos resultan ridículos y contienen un trasfondo revanchista y detractor. Sencillamente si se quiere emplear se necesitan medios.

También afirman algunos “expertos en temas militares” (El Periódico 23 de diciembre de 2008, página 4) que el nuevo mando del ejército son “militares sin relevancia” y “entre todos un cero en liderazgo”. A este respecto, el sistema de profesionalización del ejército de Guatemala, capacita a todos sus oficiales, en todos los niveles, para desempeñarse en los puestos que por su grado, pueden desempeñar. Es decir, un oficial poseen la maestría, experiencia y espíritu de cuerpo – componentes que dan carácter profesional a algo – necesarios para ejercer el cargo que la sociedad, a través de un comandante general del ejército (presidente) libremente electo, les ordene desempeñar. Edgar Gutiérrez no se equivoca, cuando con descrédito, alude que la población sabe que todo militar tiene conocimientos sobre seguridad.

Cualquiera, además, que haya ejercido liderazgo comprende que no se puede hablar de porcentaje de liderazgo bueno o malo; lo que existen son estilos de liderazgo que arrojan al final resultados a objetivos planteados. Y tanto más en el liderazgo militar, que no se puede emplear un mismo estilo de liderazgo a lo largo de toda una carrera. El ambiente, el tiempo, el espacio y otras circunstancias, marcan a un militar el estilo de liderazgo apropiado de acuerdo a su misión y a sus propios objetivos en el puesto que desempeña.

Ya a lo largo de la historia de Guatemala, presidentes, juntas de gobierno integradas estas por civiles o militares, han removido de sus cargos al mando del Ejército, y los que han relevado, igual han cumplido su misión. Esto se debe al sistema de profesionalización que inicia en la Escuela Politécnica donde todos han iniciado su formación. El militar recibe un cargo y asume sus responsabilidades con entereza (principio de don de mando).

El Estado guatemalteco está lidiando hoy día con dos cosas: lo urgente y lo importante; lo urgente es de corto plazo; lo importante es estratégico, de largo plazo.

Se le exige al gobierno una visión de país, de nación, que requiere planificación a largo plazo (estratégica) y por otra lado se le exige – con justa razón – seguridad, ¡Pero ya!

En el proceso de la toma de decisiones surgen ideas e interrogantes. Si se aumenta el efectivo militar ¿resolverá el problema de la seguridad, si dicho efectivo militar no puede actuar como policía y posee medios limitados? Es más ¿Podrá una policía profesional – dentro de 25 años – ejercer la autoridad aún cuando persista las necesidades básicas en la población?

Se están haciendo verdaderos esfuerzos. El último fue la reunión para crear un acuerdo Nacional de Seguridad (El Periódico 21 de diciembre de 2008) para que haya una propuesta consensuada de diversos sectores, pero ¿acaso las leyes vigentes para velar por el orden público no son un consenso? ¿Y la ley del sistema de seguridad nacional no es un gran logro que solo hace falta que ambos – sociedad civil y sociedad política – cada quien cumpla con su función?

Por tanto, la principal amenaza no es, tan solo, la inseguridad como afirma Dina Fernández en “El Periódico” del 8 de diciembre de 2008, eso es lo urgente. El problema es social, de largo plazo. Alguien ya pensó esto, está tratando de llevarlo adelante. Le han llamado de diferentes formas a estos – varios – programas y los han criticado con el doble de argumentos. Pero aunque haya destacamentos policiales o militares en cada municipio el que hoy es delincuente necesita, educación, salud y una fuente de ingresos para sostenerse él y su familia.

Entre tanto, el Ejército de Guatemala permanecerá fiel al orden constitucional y acatará, indistintamente de quién ocupe los cargos altos, medios o bajos, cualquier disposición del poder civil; y cumplirá su misión con prontitud, eficiencia y profesionalismo.