La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo

La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo. Idea que persiste en civiles por tradición y en militares por formación. Prensa Libre hace la reseña en esta fecha de los treinta y cinco años del último golpe de Estado. Tal y como se lee, los militares vieron una problemática y decidieron resolverla, no cabe duda que con la complicidad de civiles.

No se cuestiona aquí el hecho, cuyas consecuencias pudieron ser hasta hoy positivas o negativas según la perspectiva con que se quiera ver. El análisis es la arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo, ya sea heroísmo desde lo interno de sus filas o manipulado desde afuera (civiles de élite).

Luego de aquel hecho, hubo dos intentos de golpe de Estado (de nuevo por militares), uno en 1988 y otro en 1989. Y esque no a todos los militares parecía bien que el ejército, comenzaba a sujetarse al orden constitucional y Estado de Derecho vigentes, e intentaba retomar los roles que realmente le corresponden – y honestamente porque íbamos hacia la paz –.

En 1993, de nuevo, civiles y militares deciden poner coto a eventos políticos por medio de eventos políticos. Se conoció al final como “el serranazo”.

Se enfila la recta final hacia la paz. Los medios repudian lo militar y los mismos medios presentan encuestas de popularidad donde elogian lo militar. Luego de alrededor de dieciocho años de presión y crítica internacional hacia lo militar se llega a la firma de la paz en 1996.

Acuerdos de paz y opinión en los medios, celebraban el retiro de los militares a sus cuarteles/roles. Sin embargo el mismo gobierno que firma la paz, llama de nuevo a los militares hacia finales de 1997 para iniciar el apoyo a la policía.

Por su parte en 1998, el ejército funda el Comando de Educación y Doctrina CEDOC, que buscaba dar ese giro a la doctrina contrainsurgente, exigida por los acuerdos de paz y diferentes sectores de la sociedad.

Pero en 2000, un decreto del  Congreso de la República ordena el apoyo militar a la policía. La ola de críticas desde el congreso de Estados Unidos de América EUA se recoge en los medios escritos de la época. Se remarcan las sanciones de ayuda militar por aquel país y la crítica anti militar aflora en las columnas de opinión.

En 2003, el ejército lanza su nueva doctrina. Se reformó el entrenamiento y la educación. A nadie interesó. Las críticas continuaron.

En 2004 un recién electo presidente – a ocho años de la firma de la paz – decide reducir al ejército con los consiguientes efectos, que pueden recogerse en múltiples referencias  Por ejemplo, de 2008 a 2010 hubo necesidad de decretar estados de excepción en base a la ley de orden público para contener el crimen organizado.

Dos años después de esta reducción, en 2006, ese mismo gobierno decide emplear al ejército en apoyo – ¿otra vez? – a la policía. Se crean los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana CERSC. Nuevamente aumenta el número de efectivo militar y se formaliza que también participen en el sistema penitenciario.

Ni la policía ni el ejército tienen un respaldo legal en el ejercicio de su función, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si en caso hacen uso de su arma de fuego para defender la vida de otros ciudadanos o su propia vida.

El CERSC desde su creación, empieza a ser empleado en apoyo de la policía para la seguridad ciudadana pero también para asuntos de conflictividad social, que por cierto no se arreglan con uso de la fuerza sino con presencia del Estado, fuentes de empleo, educación y acceso a salud – por decir algunos – pero la urgencia/presión del “orden público”  obligó a optar por la solución más rápida: Represión legal (desalojos, erradicación de cultivos ilícitos de la población etc.) con apoyo de militares.

Pero entonces surge una luz al final del túnel. Y fue que, paralelo a los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado (2008 a 2011), el alto mando tuvo disposición a encaminar los procesos de transformación y modernización militar – anunciados desde la reducción de 2004 –. También se aclaró que lo militar no tenía ninguna intromisión ni influencia sobre los procesos de investigación sobre violaciones de derechos humanos. Esto hizo que EUA – único interesado en donar medios para modernización militar – analizara la transformación militar en doctrina, cambios en mentalidad militar, respeto de la ley y de los derechos humanos, y decide, iniciar una seria intención de reanudar el apoyo restringido desde 1978, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Estas condiciones se pueden resumir en cumplir la ley. Pero ampliando un poco más: dar muestras claras de transparencia. Así que, alrededor de 2011, EUA ofrece el proyecto DIRI “Defense Institution Reform Initiative”, una iniciativa para Centroamérica que busca reformar las instituciones de defensa.

El Plan era: Si el ejército cumple la ley, acata disposiciones del organismo judicial, deja de participar en seguridad ciudadana y administra los fondos públicos de manera transparente, entonces EUA cooperará para la modernización de medios militares para que sean empleados en su función constitucional.

De esta manera, desde aquel año 2011, se sentaron las bases para establecer lo que hoy (2017) es el sistema de planificación y gestión de la defensa SIPLAGDE.

Esta muestra de voluntad, por parte de la “mentalidad militar”, permitió que en 2014, el Departamento de Defensa de EUA, incluyera a Guatemala entre los países que conforman un grupo bilateral de trabajo. Es decir, Guatemala es de los cinco países del hemisferio con los que el Departamento de Defensa de EUA, tiene pláticas directas con el Ministerio de la Defensa.

La actitud militar durante la crisis política de 2015 de mantenerse al margen, la no intervención en asuntos del organismo judicial, el entrenamiento en derechos humanos, el SIPLAGDE, y el inicio del plan para salir de funciones de seguridad ciudadana, han permitido avances en modernización militar y profesionalización de oficiales y tropa, acrecentándose más aún durante 2016, por medio de donaciones de diverso tipo – estos proyectos sin la ayuda de EUA, hubieran sido posibles sólo por medio de la asignación de presupuesto específico para la defensa, cosa que está lejos de ocurrir –.

Y aquí se retoma la idea planteada en el título de este artículo. La mayoría piensa que el ejército es la solución, pero no se le asignan los insumos presupuestarios. La policía ha declarado públicamente y promovido el plan correspondiente que da cuenta, que se encuentra en total capacidad para enero de 2018 de asumir sus funciones policiales sin apoyo militar.

Hoy por hoy, los fiscales del Ministerio Público MP, piden apoyo militar en diligencias; los alcaldes y gobernadores piden seguridad militar y no a la policía; subdirectores de departamentos de comunas, de museos, de asociaciones deportivas, de centros educativos, el sistema penitenciario, comités de vecinos, representantes de comunidades, SAT contra el contrabando, entidades ambientales; todos piden apoyo de seguridad directamente al estamento militar. ¿Soldados alrededor de centros para reorientación de niños como el hogar seguro Virgen de la Asunción? Incluso jueces han ordenado participar en estos centros, desalojos y otras diligencias.

Y el militar, acostumbrado por formación y su honor a no decir “No”, cumple con cada requerimiento con el mismo presupuesto, produciendo serias carencias a los comandantes para poder cumplir con la misión y sin el respaldo legal para los soldados si hacen uso de su arma de fuego (ver caso Alaska 2012). La misión para el ejército se extiende y adapta a conveniencia en base a la interpretación del texto constitucional.

La realidad es que Guatemala necesita un ejército que sea preponderante en el mar y el aire. Una flota adecuada en ambos mares que permita seguimiento e interceptación. Una fuerza aérea capaz de detectar e interceptar vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional. Estos medios aéreos y navales se emplean para detener el flujo del crimen organizado transnacional, que a su vez, es el que produce el crimen común en tierra (interior del territorio) fomentando entre otros, las pandillas.

En tierra se necesitan fuerzas militares  con movilidad y comunicaciones, pero únicamente, para interactuar en la frontera con las fuerzas armadas de países vecinos y proveer información inteligencia a la policía, que es la única facultada para combatir el crimen organizado en tierra, incluso en la zona de frontera.

Sin embargo, al final, las decisiones favorecen a lo urgente y no a lo importante. El militar que vaya a las calles, que vaya a los centros de detención penales y de niños, a los mercados, a proteger propiedad privada, apoyo al ministerio de comunicaciones, apoyo al ministerio de educación, a eventos deportivos, a las ferias, a las erradicaciones de amapola para “que enfrente” ciudadanos que defienden cultivos ilícitos, pero que para ellos representan su sustento diario ante la ausencia del Estado.

Prensa Libre digital, hemeroteca

Por años el Estado fue permisivo con ciudadanos para que resuelvan sus diferencias limítrofes haciendo uso de sus armas de fuego, quien sabe si legalmente registradas; también por años un Estado permisivo para que ciudadanos se provean seguridad a sí mismos “encapuchados”, haciendo justicia por su propia mano, cometiendo ilícitos en este fin.

¿Cuál es la solución?: “Envíen al ejército”. – Esque al ejército lo respetan – y muchas otras razones como piensan ciudadanos de todos los estratos sociales.  A continuación imagen de Nuestro Diario del 19 de marzo de 2017.

Pero la verdad es que el ejército, como cualquier otra fuerza armada, está entrenado y tiene una doctrina de defensa nacional. No sólo en defensa de la soberanía frente a otro Estado sino convenientemente adecuada ahora contra el crimen organizado. De manera que el objetivo militar por excelencia en un campo de batalla, para cualquier fuerza armada es: El terreno.

Un soldado está entrenado para “capturar terreno”, avanzar mediante el fuego y la maniobra, moviéndose como parte de un equipo de combate o gran unidad táctica, en el marco del Derecho de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario), que prohíbe atacar víctimas inocentes que no participan en una guerra.

En el marco del Derecho de la Guerra, la muerte del ejército enemigo es aceptable; pero en el marco del Derecho de los Derechos Humanos (tiempo de paz), ninguna muerte es admisible. Un soldado defendiendo a su patria se lanza al ataque aún a costa de su propia vida; en el apoyo a la policía se debe proteger la vida de todos los civiles y autoridades -- incluso de los delincuentes --, y ésta precisamente es la especialidad policial.

Es por la diferencia de naturaleza  y función institucional, de formación de sus oficiales, por tipo de entrenamiento, que un militar no debe participar en funciones policiales. Los militares actúan en equipo, los policías están entrenados para actuar individualmente. Por eso a los militares los capturan “en equipo” cuando de supuestas violaciones a derechos humanos se trata.

Conclusiones:

Busca esta reflexión, entender, por qué hoy día es necesario el fortalecimiento de cada institución de seguridad, y que cada una cumpla el rol que le compete. Ya no debiera ser una solución, que el militar cumpla o refuerce a las otras instituciones o ministerios. Los militares tienen bastante que hacer, con el presupuesto actual, en el campo constitucional que les compete.

La cooperación interinstitucional debe ser un medio, de preferencia temporal, y no un fin.

El respaldo legal del Estado para sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles o militares, es la mínima muestra de responsabilidad, para que este Estado logre una conjugación armoniosa del empleo de medios  para el logro de objetivos nacionales, y el factor humanos intangible de la voluntad en el servicio y la abnegación para cumplir con su deber.

El impulso estratégico de la nación, en la dirección que busca el Estado se refleja en su presupuesto; planificado por el poder Ejecutivo y refrendado con la voluntad de su poder Legislativo. Cualquier objetivo fuera o disminuido en su cantidad presupuestada, no es prioridad. 

A partir de una decisión política de este tipo, las donaciones internacionales a cambio de transparencia deberían ser bienvenidas y no señaladas como intromisión extranjera.

Hace falta reflexionar aún más sobre la tenue línea, apenas visible, que marca el cumplimiento del deber institucional de un funcionario público y el interés por complacer a la autoridad que lo nombró.

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