21 de junio de 2017

Seminario sobre redes de amenazas transnacionales y transregionales


El Centro "William Perry" de Estudios Hemisféricos de Defensa, organizó un seminario regional en Guatemala titulado "Contrarrestando las Redes de Amenazas Transregionales y Transnacionales". Dicha actividad académica se realizó el 21 de junio de 2017 en el hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala.

Participaron ochenta profesionales en Defensa y Seguridad de: Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Canadá, Colombia, México y Estados Unidos de América. Conferencias, expertos en el tema, sesiones interactivas, discusión de políticas y estrategias para contrarrestar las amenazas en las américas.


Tuve la oportunidad de compartir lecciones aprendidas y comentarios sobre el papel de las fuerzas armadas, en mi caso de Guatemala, en los roles contra las redes de amenaza transnacional y transregional (Transnational and Transregional Threat Networks T3N).


A continuación la transcripción del tema preparado y el audio de lo que al final dio tiempo disertar.

Audio (Elegir opción: reproducir con "drive player")

Inicia transcripción de la disertación preparada:
Tengo en este día el privilegio de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias y lecciones aprendidas en la ejecución de planificación y operaciones en el Estado Mayor de la defensa nacional.

En la diapositiva pueden ver, según el Atlas de la Defensa RESDAL, como los países del hemisferio, participan con militares en los roles de las policías en la seguridad ciudadana y otras misiones.

Cada uno de los países tiene una situación particular distinta, definida por su propia situación política, factores geográficos; tienen mucha influencia la infraestructura que tienen para su desarrollo, características de sus fronteras.

Hay otros factores muy particulares de cada país, como aspectos sociales, relación entre las instituciones; esto crea un desafío para lograr la coordinación y unificación de los esfuerzos en la lucha común contra una amenaza organizada en red, y que opera transnacionalmente.

El Centro de Investigación en Defensa de Chile, publicó recientemente en su cuenta de Twuitter, y preguntó si era posible una política de defensa común en Latinoamérica. El resultado era 67% que No y el 33% que Si.

Y es precisamente por las circunstancias que varían en cada país. Por ejemplo en Honduras y en El Salvador las fuerzas armadas tienen respaldo legal Para actuar contra las pandillas y el crimen organizado, en Guatemala no totalmente. Guatemala sólo tenemos la facultad de apoyar a la Policía Nacional Civil. En El Salvador se escucha de enfrentamientos contra pandilleros con resultados trágicos de vidas humanas; aquí en Guatemala cuando un soldado usa su arma y muere una persona, es necesario un proceso de investigación en el que, generalmente, el soldado debe permanecer detenido de forma preventiva.


Estas circunstancias particulares de Guatemala, entre otras, deseo poner a consideración de ustedes y relacionarlo con el tema del papel militar en apoyo a la policía. Está claro que las redes criminales no sólo coordinan sus ilícitos transnacionalmente sino que han ascendido a un nivel inter regional de su campo de actuación.

La amenaza se ha organizado en red y opera no solo a nivel transnacional sino a nivel transregional. Por ejemplo en Colombia puede salir en el proceso de investigación Un nombre de un delincuente, y a la vez aparece a los entes de investigación en Guatemala el mismo nombre; el delincuente tiene contactos en ambos países y se corre el riesgo que si las autoridades de ambos países no se coordinan, nunca se darán cuenta que investigan a la misma persona.

Por eso, la red transregional de intercambio de información por parte de autoridades debe ser efectiva. Las rutas marítimas y aéreas se extienden grandes distancias, empleando diferentes métodos logísticos para sobrevivencia; utilizan la vía terrestre, cruzando fronteras en ingeniosos métodos para ocultar el ilícito; pero además, tienen personas especializadas en las agencias de funcionarios públicos, expertos en ingeniería, electrónica, marítima, economistas, expertos en sistemas bancarios y hasta expertos que conocen de cerca las entidades de seguridad. Esta complejidad le da un carácter ya no sólo transnacional sino transregional, y este incremento lo nivel, lo lograron gracias a que funcionan en red.

Las redes criminales aprovechan otras condiciones de los sistemas en los países, como las facultades legales y competencias de las instituciones y agencias. El militar trabaja la defensa, generalmente en la frontera, las policías, ministerios públicos o entes de investigación, tienen su propio campo de competencia. Usualmente uno no puede interferir en el otro.

Las aduanas corresponde a una entidad y el contrabando a otro. De manera que la información está dispersa. La facultad de producir inteligencia, facultad de detener a una persona; aspectos como estos varían en funciones a través de los países del hemisferio.



El respeto en el campo de las instituciones puede convertirse en ventajas para las redes criminales, si no se toman acciones para llenar los pequeños vacíos donde terminan las funciones de una y comienzan las de otra entidad.

Las redes no respetan estas áreas vacías, las aprovechan. Por ello la estrategia debe ser interinstitucional, o interagencial, para cubrir todos los espacios; y ahora como lo planteamos en este seminario, coordinación transregional para enfrentar la amenaza.

El enfoque transregional de la red criminal, hace aún más complejo el problema. La habilidad de adaptarnos a estos cambios constituye la teoría de los “problemas adaptativos complejos” que hemos aprendido en Centro Perry.

Otro aspecto es que las redes criminales afectan el entorno social. En Guatemala, en San Marcos, las personas subsisten de sembrar amapola; esto trae consigo otros problemas de educación porque los niños ya no van a la escuela por estar cultivando; los conflictos sociales y protestas contra las autoridades, acomodan el ambiente ideal para que entren las redes a usar el terreno para delinquir.

Las personas se vuelcan a trabajar para las redes criminales, cuidan campos, pistas clandestinas, sirven de alerta si hay presencia policial etc. De manera que las redes afectan todo el entorno.

En este entorno surge la discusión de las perspectivas de cada país para determinar los roles para sus fuerzas armadas en relación con las policías y otras instituciones.

¿Qué hemos hecho para enfrentar la amenaza considerando lo anterior?
En Guatemala las fuerzas armadas toman parte en un total de 11 foros entre bilaterales y regionales. Grupos de alto nivel de diálogo en materia de seguridad con México Honduras Salvador; tenemos el sistema de integración centroamericana; comisiones binacionales con El Salvador; La red interamericana internacional de información; programas de fortalecimiento fronterizo.

Con el comando Sur tenemos el Programa de entrenamiento de policía y militar conjunto CTOC, coordinamos activamente en el marco de la conferencia de seguridad centroamericana CENTSEC.



Hay otras capacitaciones y educación países del hemisferio como: Canadá, EUA, México, Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile. Casi todo el hemisferio.

Por supuesto el ámbito de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas CFAC con operaciones militares coordinadas en las fronteras, reuniones de los comandantes etc.

Nuestra estrategia militar está escrita en un plan que hemos llamado “evolución” que demarca el actuar militar en cinco áreas de misión:

Un área de misión para las operaciones de rescate, ayuda humanitaria, reducción de riesgos.

Un área de misión para la protección de infraestructura crítica y contribuir al desarrollo. Actualmente hay una región del país, donde la conflictividad social provocó que el gobierno decretara un Estado de Sitio, y el papel del ejército ha sido principalmente, acciones de contribución al desarrollo y control territorial. Todas las acciones son interinstitucionales.


Un área de misión para el apoyo a la política exterior y operaciones de paz.

Un área de misión que se refiere el apoyo a la policía y otras instituciones en la seguridad pública y ciudadana. El Estado de Guatemala a través del Consejo Nacional de Seguridad, determinó que el 2017 se pusiera en marcha el plan para la reducción gradual del apoyo militar a la policía.
Este plan surge desde 2015 con un cronograma y en 2016 se conformó una comisión interministerial que evaluó durante casi un año, la elaboración del plan.

El plan tiene tres fases, que se ejecutaron desde el 6 de enero de 2017. En la primera se concentraron los 4000 elementos de seguridad ciudadana en 30 municipios que designó la policía en base a los índices de criminalidad; la segunda fase en abril pasado, en que 2000 hombres se destinaron a 11 municipios y el resto a funciones de defensa en la frontera.
La tercera fase está programada para diciembre de 2017 en donde la policía proporcionará la seguridad ciudadana y el ejército cumplirá misiones de defensa en las zonas de frontera y a pedido acciones en el campo de la seguridad pública según lo requieran otras instituciones. Contra el contrabando, protección de la biósfera maya, sistema penitenciario, contra narcotráfico, trasiego de armas y otros ilícitos.

El área de misión de la Defensa e integridad del territorio se ha visto fortalecida por el incremento de capacidades gracias al personal que deja la seguridad ciudadana y está siendo desplegado a las zonas de frontera. Pero lo más valioso es el grado de coordinación interinstitucional que hemos logrado, en un clima de trabajo de total respeto en las funciones, el orden jurídico y aliviando muy bien cuestiones como la cadena de mando. La coordinación ha sido efectiva, y hemos tomado el sistema de cadena de mando y responsabilidad similar a la Fuerza de tarea interagencial sur, aunque de momento no lo hemos establecido formalmente.

Pero una o dos veces por semana, el jefe de estado mayor, acompañado de sus comandantes y directores, se reúne con funcionarios policiales, del Ministerio de Gobernación, de entidades de rescate, que ven la migración y la lucha contra el contrabando.

Central American Regional Seminar on  Countering Transregional-Transnational Threat Networks JUN 2017

El primer ejercicio fueron las fuerzas de tarea interinstitucionales, creadas con el apoyo de EUA, en equipo, entrenamiento e instalaciones y operan bajo el control operacional del Ministerio de Gobernación desde instalaciones militares. Hemos superado los desafíos y estamos coordinando cada vez mejor. Esto dará importantes resultados la la lucha contra las redes de amenaza transnacional y transregional.

Y prueba de ello, en este día tenemos operaciones coordinadas con El Salvador y Honduras, totalmente interinstitucionales, en la zona de frontera oriente. Le hemos llamado operación “fortaleza” y tenemos planes de extenderlo a la frontera con México, para lo cual se han realizado ya alguanas reuniones.

Nuestra fuerza especial naval ha dado la mayor parte de los buenos resultados en el mar. También recientemente se instalaron radares primarios y secundarios que ya han empezado a dar resultados. Pudieron ver en la gráfica que los ilícitos por vía aérea son menores que en el mar. Gracias a la donación del gobierno de Canadá, se instalará un sistema de gestión de teatro, con tecnología avanzada.

Todo este esfuerzo al ser compartido y coordinado en la región, es coherente con el tema de este seminario. Las redes internacionales del crimen organizado se trasladaron al ámbito transregional y nosotros así estamos enfocando nuestra estrategia.

Pero tenemos al frente importantes desafíos.

El primer desafío es mejorar la capacidad de operar Interinstitucionalmente, transnacionalmente con países vecinos, y a la vez, transregionalmente con países más distantes y en el mar.

Hacer que la información fluya, hacer ágil el intercambio de inteligencia, intercambio de métodos y adiestramiento para interceptar los métodos de las redes criminales que fluctúan de lo legal a lo ilegal, haciendo parecer legítima una actividad pero que realmente esconde o contribuye a un ilícito.
Debemos mejorar nuestra capacidad de certificar a nuestro personal para combatir el crimen, y finalmente, dar a conocer a los ciudadanos que la transparencia es un factor común al administrar el recurso financiero para adquirir capacidades.

Estamos en la era de la interagencialidad, de las operaciones interinstitucionales, de la coordinación y del apoyo mutuo transnacional y transregional; y esto debe ser en contactos directo, en unidad conceptual y unidad de esfuerzo transnacional con países de la región y sus instituciones, todos actuando en equipo, en red.
Finaliza Transcripción de la disertación.

4 de mayo de 2017

Guatemala: Avance militar en el tema "Mujer"



La mujer militar se abre espacio desde el momento en que la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Guatemala ha tomado la decisión de que ocupen cargos en lugares que tradicionalmente, hasta hoy, habían sido ocupados por personal militar masculino.

Desde el 1 de Mayo de 2017, cuatro mujeres militares guatemaltecas, oficiales con los rangos desde Subteniente a Teniente Coronel, fueron nombradas en puestos para ejercer comando en unidades militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, en Poptún, Petén; Brigada de Tropas Paracaidistas en puerto de San José, Escuintla; Unidad Humanitaria de Rescate y Ayuda Humanitaria, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas UHR-CFAC; y la Jefatura de la Escuela de Armas y Servicios del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala COSEDE.



En adelante, tendrán la oportunidad de competir y sobresalir, por igual, entre sus pares masculinos, en las áreas propias de las fuerzas especiales como: Aptitud y rendimiento físico y mental, destrezas militares como el tiro con armas de diverso calibre, desempeño profesional, conducta y la aplicación de los principios y valores militares; sin más consideración que, las que por su naturaleza de mujer, en su momento, les corresponda.

Es comprensible el revuelo que se puede producir en la cultura organizacional tradicional de algunos de los integrantes de las fuerzas especiales del Ejército de Guatemala, pero el desafío institucional que se viene, es coherente con el desarrollo de ejércitos de países de la región.

Fuerzas armadas como las de México, Honduras y El Salvador, tienen ya incluida a la mujer como oficiales, suboficiales y soldados en las diferentes armas de combate y apoyo de servicios de combate; con el nombramiento de estas oficiales, el Ejército de Guatemala inicia el camino en una planificación de mediano y largo plazo, hacia la inclusión de la mujer en concordancia con las fuerzas armadas de países vecinos.



El reto no es sólo para ellas, sino para todo soldado aguerrido, entrenado y con un corazón lleno de Mística y Espíritu militar, que desde ahora, experimentará el poder cumplir su misión, al lado o bajo el mando de una mujer con sus mismas capacidades, conocimiento, experiencia, destreza y alto espíritu militar. 





En las fotos a continuación, la Tte Coronel de Sanidad Militar Luz Arlene Chinchilla Mena, recibe el comando de la Unidad Humanitaria de Rescate UHR.

 




En Este video se puede observar a la Teniente de Transmisiones Militares Jenniffer Karla Betsita Barrientos Borrayo,  quien recientemente fue nombrada en la Brigada de fuerzas especiales "Kaibil", en el momento en que efectúa un salto táctico en paracaídas portando su equipo de combate y armamento orgánico.  En el ejercicio militar, del pasado 25 de mayo de 2017, realizado en Poptún, Petén, la teniente Barrientos se desempeñó como líder de un grupo especial que realiza una infiltración aerotransportada. La Teniente es la segunda en salir de la aeronave.

El siguiente video también ofrece una visión de la vida profesional y familiar de ambas oficiales.


19 de marzo de 2017

La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo



La arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo. Idea que persiste en civiles por tradición y en militares por formación. Prensa Libre hace la reseña en esta fecha de los treinta y cinco años del último golpe de Estado. Tal y como se lee, los militares vieron una problemática y decidieron resolverla, no cabe duda que con la complicidad de civiles.

No se cuestiona aquí el hecho, cuyas consecuencias pudieron ser hasta hoy positivas o negativas según la perspectiva con que se quiera ver. El análisis es la arraigada idea en la cultura guatemalteca que el militar es la solución para todo, ya sea heroísmo desde lo interno de sus filas o manipulado desde afuera (civiles de élite).

Luego de aquel hecho, hubo dos intentos de golpe de Estado (de nuevo por militares), uno en 1987 y otro en 1988. Y esque no a todos los militares parecía bien que el ejército, comenzaba a sujetarse al orden constitucional y Estado de Derecho vigentes, e intentaba retomar los roles que realmente le corresponden – y honestamente porque íbamos hacia la paz –.

En 1993, de nuevo, civiles y militares deciden poner coto a eventos políticos por medio de eventos políticos. Se conoció al final como “el serranazo”.

Se enfila la recta final hacia la paz. Los medios repudian lo militar y los mismos medios presentan encuestas de popularidad donde elogian lo militar. Luego de alrededor de dieciocho años de presión y crítica internacional hacia lo militar se llega a la firma de la paz en 1996.

Acuerdos de paz y opinión en los medios, celebraban el retiro de los militares a sus cuarteles/roles. Sin embargo el mismo gobierno que firma la paz, llama de nuevo a los militares hacia finales de 1997 para iniciar el apoyo a la policía.

Por su parte en 1998, el ejército funda el Comando de Educación y Doctrina CEDOC, que buscaba dar ese giro a la doctrina contrainsurgente, exigida por los acuerdos de paz y diferentes sectores de la sociedad.

Pero en 2000, un decreto del  Congreso de la República ordena el apoyo militar a la policía. La ola de críticas desde el congreso de Estados Unidos de América EUA se recoge en los medios escritos de la época. Se remarcan las sanciones de ayuda militar por aquel país y la crítica anti militar aflora en las columnas de opinión.

En 2003, el ejército lanza su nueva doctrina. Se reformó el entrenamiento y la educación. A nadie interesó. Las críticas continuaron.

En 2004 un recién electo presidente – a ocho años de la firma de la paz – decide reducir al ejército con los consiguientes efectos, que pueden recogerse en múltiples referencias  Por ejemplo, de 2008 a 2010 hubo necesidad de decretar estados de excepción en base a la ley de orden público para contener el crimen organizado.

Dos años después de esta reducción, en 2006, ese mismo gobierno decide emplear al ejército en apoyo – ¿otra vez? – a la policía. Se crean los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana CERSC. Nuevamente aumenta el número de efectivo militar y se formaliza que también participen en el sistema penitenciario.

Ni la policía ni el ejército tienen un respaldo legal en el ejercicio de su función, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si en caso hacen uso de su arma de fuego para defender la vida de otros ciudadanos o su propia vida.

El CERSC desde su creación, empieza a ser empleado en apoyo de la policía para la seguridad ciudadana pero también para asuntos de conflictividad social, que por cierto no se arreglan con uso de la fuerza sino con presencia del Estado, fuentes de empleo, educación y acceso a salud – por decir algunos – pero la urgencia/presión del “orden público”  obligó a optar por la solución más rápida: Represión legal (desalojos, erradicación de cultivos ilícitos de la población etc.) con apoyo de militares.

Pero entonces surge una luz al final del túnel. Y fue que, paralelo a los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado (2008 a 2011), el alto mando tuvo disposición a encaminar los procesos de transformación y modernización militar – anunciados desde la reducción de 2004 –. También se aclaró que lo militar no tenía ninguna intromisión ni influencia sobre los procesos de investigación sobre violaciones de derechos humanos. Esto hizo que EUA – único interesado en donar medios para modernización militar – analizara la transformación militar en doctrina, cambios en mentalidad militar, respeto de la ley y de los derechos humanos, y decide, iniciar una seria intención de reanudar el apoyo restringido desde 1978, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Estas condiciones se pueden resumir en cumplir la ley. Pero ampliando un poco más: dar muestras claras de transparencia. Así que, alrededor de 2011, EUA ofrece el proyecto DIRI “Defense Institution Reform Initiative”, una iniciativa para Centroamérica que busca reformar las instituciones de defensa.

El Plan era: Si el ejército cumple la ley, acata disposiciones del organismo judicial, deja de participar en seguridad ciudadana y administra los fondos públicos de manera transparente, entonces EUA cooperará para la modernización de medios militares para que sean empleados en su función constitucional.

De esta manera, desde aquel año 2011, se sentaron las bases para establecer lo que hoy (2017) es el sistema de planificación y gestión de la defensa SIPLAGDE.

Esta muestra de voluntad, por parte de la “mentalidad militar”, permitió que en 2014, el Departamento de Defensa de EUA, incluyera a Guatemala entre los países que conforman un grupo bilateral de trabajo. Es decir, Guatemala es de los cinco países del hemisferio con los que el Departamento de Defensa de EUA, tiene pláticas directas con el Ministerio de la Defensa.





La actitud militar durante la crisis política de 2015 de mantenerse al margen, la no intervención en asuntos del organismo judicial, el entrenamiento en derechos humanos, el SIPLAGDE, y el inicio del plan para salir de funciones de seguridad ciudadana, han permitido avances en modernización militar y profesionalización de oficiales y tropa, acrecentándose más aún durante 2016, por medio de donaciones de diverso tipo – estos proyectos sin la ayuda de EUA, hubieran sido posibles sólo por medio de la asignación de presupuesto específico para la defensa, cosa que está lejos de ocurrir –.

Y aquí se retoma la idea planteada en el título de este artículo. La mayoría piensa que el ejército es la solución, pero no se le asignan los insumos presupuestarios. La policía ha declarado públicamente y promovido el plan correspondiente que da cuenta, que se encuentra en total capacidad para enero de 2018 de asumir sus funciones policiales sin apoyo militar.

Hoy por hoy, los fiscales del Ministerio Público MP, piden apoyo militar en diligencias; los alcaldes y gobernadores piden seguridad militar y no a la policía; subdirectores de departamentos de comunas, de museos, de asociaciones deportivas, de centros educativos, el sistema penitenciario, comités de vecinos, representantes de comunidades, SAT contra el contrabando, entidades ambientales; todos piden apoyo de seguridad directamente al estamento militar. ¿Soldados alrededor de centros para reorientación de niños como el hogar seguro Virgen de la Asunción? Incluso jueces han ordenado participar en estos centros, desalojos y otras diligencias.

Y el militar, acostumbrado por formación y su honor a no decir “No”, cumple con cada requerimiento con el mismo presupuesto, produciendo serias carencias a los comandantes para poder cumplir con la misión y sin el respaldo legal para los soldados si hacen uso de su arma de fuego (ver caso Alaska 2012). La misión para el ejército se extiende y adapta a conveniencia en base a la interpretación del texto constitucional.

La realidad es que Guatemala necesita un ejército que sea preponderante en el mar y el aire. Una flota adecuada en ambos mares que permita seguimiento e interceptación. Una fuerza aérea capaz de detectar e interceptar vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional. Estos medios aéreos y navales se emplean para detener el flujo del crimen organizado transnacional, que a su vez, es el que produce el crimen común en tierra (interior del territorio) fomentando entre otros, las pandillas.

En tierra se necesitan fuerzas militares  con movilidad y comunicaciones, pero únicamente, para interactuar en la frontera con las fuerzas armadas de países vecinos y proveer información inteligencia a la policía, que es la única facultada para combatir el crimen organizado en tierra, incluso en la zona de frontera.

Sin embargo, al final, las decisiones favorecen a lo urgente y no a lo importante. El militar que vaya a las calles, que vaya a los centros de detención penales y de niños, a los mercados, a proteger propiedad privada, apoyo al ministerio de comunicaciones, apoyo al ministerio de educación, a eventos deportivos, a las ferias, a las erradicaciones de amapola para “que enfrente” ciudadanos que defienden cultivos ilícitos, pero que para ellos representan su sustento diario ante la ausencia del Estado.


Por años el Estado fue permisivo con ciudadanos para que resuelvan sus diferencias limítrofes haciendo uso de sus armas de fuego, quien sabe si legalmente registradas; también por años un Estado permisivo para que ciudadanos se provean seguridad a sí mismos “encapuchados”, haciendo justicia por su propia mano, cometiendo ilícitos en este fin.

¿Cuál es la solución?: “Envíen al ejército”. – Esque al ejército lo respetan – y muchas otras razones como piensan ciudadanos de todos los estratos sociales.  A continuación imagen de Nuestro Diario del 19 de marzo de 2017.



Pero la verdad es que el ejército, como cualquier otra fuerza armada, está entrenado y tiene una doctrina de defensa nacional. No sólo en defensa de la soberanía frente a otro Estado sino convenientemente adecuada ahora contra el crimen organizado. De manera que el objetivo militar por excelencia en un campo de batalla, para cualquier fuerza armada es: El terreno.

Un soldado está entrenado para “capturar terreno”, avanzar mediante el fuego y la maniobra, moviéndose como parte de un equipo de combate o gran unidad táctica, en el marco del Derecho de la Guerra (Derecho Internacional Humanitario), que prohíbe atacar víctimas inocentes que no participan en una guerra.

En el marco del Derecho de la Guerra, la muerte del ejército enemigo es aceptable; pero en el marco del Derecho de los Derechos Humanos (tiempo de paz), ninguna muerte es admisible. Un soldado defendiendo a su patria se lanza al ataque aún a costa de su propia vida; en el apoyo a la policía se debe proteger la vida de todos los civiles y autoridades -- incluso de los delincuentes --, y ésta precisamente es la especialidad policial.

Es por la diferencia de naturaleza  y función institucional, de formación de sus oficiales, por tipo de entrenamiento, que un militar no debe participar en funciones policiales. Los militares actúan en equipo, los policías están entrenados para actuar individualmente. Por eso a los militares los capturan “en equipo” cuando de supuestas violaciones a derechos humanos se trata.

Conclusiones:

Busca esta reflexión, entender, por qué hoy día es necesario el fortalecimiento de cada institución de seguridad, y que cada una cumpla el rol que le compete. Ya no debiera ser una solución, que el militar cumpla o refuerce a las otras instituciones o ministerios. Los militares tienen bastante que hacer, con el presupuesto actual, en el campo constitucional que les compete.

La cooperación interinstitucional debe ser un medio, de preferencia temporal, y no un fin.

El respaldo legal del Estado para sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles o militares, es la mínima muestra de responsabilidad, para que este Estado logre una conjugación armoniosa del empleo de medios  para el logro de objetivos nacionales, y el factor humanos intangible de la voluntad en el servicio y la abnegación para cumplir con su deber.

El impulso estratégico de la nación, en la dirección que busca el Estado se refleja en su presupuesto; planificado por el poder Ejecutivo y refrendado con la voluntad de su poder Legislativo. Cualquier objetivo fuera o disminuido en su cantidad presupuestada, no es prioridad. 

A partir de una decisión política de este tipo, las donaciones internacionales a cambio de transparencia deberían ser bienvenidas y no señaladas como intromisión extranjera.

Hace falta reflexionar aún más sobre la tenue línea, apenas visible, que marca el cumplimiento del deber institucional de un funcionario público y el interés por complacer a la autoridad que lo nombró.

ENCUESTA

9 de marzo de 2017

Primer simposio militar sobre género en Guatemala



El 7 y 8 de marzo de 2017  en el interior de la Brigada Militar Mariscal Zavala,  se realizó el primer simposio que reúne a mujeres militares de diferentes rangos de las armas y servicios, para discutir temas de la mujer a partir de la exposición de panelistas especializadas.

El tema de Género en el Ejército de Guatemala tuvo un impulso muy importante desde mayo de 2016, cuando el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General de División Juan Manuel Pérez Ramírez, incluyó en su guía de comando hacia el interior de las fuerzas armadas, el eje estratégico militar que potencia la participación de la mujer dentro de las filas del Ejército de Guatemala.

La reorganización de las unidades militares hacia la frontera, el control marítimo y el control del espacio aéreo, requerirá unidades especializadas donde la visión es incluir oficiales, especialistas y soldados mujeres, tanto en áreas administrativas como operativas, al igual que otros ejércitos desarrollados.

 General de División Juan Manuel Pérez, Jefe del Estado Mayor de Guatemala fue recibido por el
General Mark H Berry, Comandante de la Guardia Nacional de Arkansas

En diciembre de 2016, el General Juan Manuel Pérez, fue invitado con un equipo multidiciplinario a visitar la Guardia Nacional de Arkansas, EUA donde la General Tamhra Hutchins-Frye recibió una exposición de la situación de la mujer en el Ejército de Guatemala por parte de la Capitán de Policía Militar Nineth Oliva de Paz, integrante de la comisión de Género del Estado Mayor.


Capitán Nineth Oliva conversa con la General Tamhra Hutchins-Frye

A raíz de este acercamiento, inició un apoyo directo del Comando Sur de los Estados Unidos de América EUA, cuyo grupo militar asignado a la embajada en Guatemala, ha patrocinado cursos de especialización sobre género de oficiales y soldados en Trinidad y Tobago, Chile, Colombia Perú y EUA.


La dinámica que las mujeres militares capacitadas generaron, le permitió a la Jefatura de Estado Mayor conformar una comisión integrada por oficiales y soldados, mujeres, para que impulse actividades encaminadas a cumplir con la guía de comando y lograr acomodar el sistema actual para que hombres y mujeres, en base a sus capacidades, tengan las mismas oportunidades de acceder a cursos y aspirar a cargos clave en la administración y comando del Ejército de Guatemala.

De esa cuenta, se creó la Comisión de Género, de la Jefatura de Estado Mayor, cuya presidenta: La mayor de Intendencia Elcy Ortiz, es integrante de la primera promoción de mujeres oficiales graduadas en la Escuela Politécnica de Guatemala. Con ella un equipo de oficiales y especialistas mujeres, han venido desarrollando actividades como el primer simposio de género que organiza el Ejército de Guatemala, realizado el 7 y 8 de marzo en la Brigada Mariscal Zavala.

Mesa principal del primer simposio de género: Mayor de Intendencia Elcy Ortiz, Presidenta de la comisión de género; Coronel Marvin Loera, Comandante del Grupo Militar embajada de EUA en Guatemala; General Juan Manuel Pérez, Jefe del Estado Mayor; Tte Coronel Jefrey López, segundo comandante del Grupo Militar de EUA en Guatemala; Coronel Fabiola Enriquez, Jefa del Servicio de Sanidad Militar, ponente en el simposio

La iniciativa fue del interés de la Diputada Ana Victoria Hernández, quien ha participado activamente por su visión en favor del género en el Congreso de la República y quien ha venido trabajando con la Jefatura de Estado Mayor respecto al tema y acompañando a la Comisión militar de género.

Panelistas invitadas: Licenciada Reny Bake, Diputada Ana Victoria Hernández, Coronel Claudia Sosa.

El Jefe de Estado Mayor le ha encomendado a la comisión militar de género varios proyectos de importancia institucional como lo son: Propuesta para la mejora de condiciones para especialistas y soldados; la planificación a mediano plazo para incluir mujeres graduadas en las armas de combate en la Escuela Politécnica; presentar estudios a fin de permitir a la mujer militar llenar los requisitos de ley para ascender al rango de General, en su respectiva rama.

Los avances en el tema, permitieron que el Comando Sur de EUA, le otorgara al Ejército de Guatemala, la oportunidad de organizar un simposio de género a nivel hemisférico, el cual se celebrará en julio de 2017, donde participarán mujeres militares de EUA y Latinoamérica.


Comisión de género del Estado Mayor en reunión de planificación del primer simposio de género en el ejército en compañía de la Diputada Ana Victoria Hernández

Con estas acciones, aunado al proceso de profesionalización militar, donde ya se incluye por completo a la mujer, el Ejército de Guatemala afianza las directrices estratégicas y de comando, que permitirán fomentar y practicar la igualdad y la equidad de género, garantizando los derechos de la mujer, independientemente de su rango militar o etnia.

El Estado de Guatemala ratificó en 1982 la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra Mujer (CEDAW) y posteriormente la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, responsabilizándose de promover los derechos específicos de las mujeres tal como lo reconoce en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de Oportunidad (PEO) 2008 -2023.

Fotografía oficial del evento

En la actualidad, el ejército posee mujeres en todos los rangos, pero hace falta que el sistema garantice igual oportunidad a hombres y mujeres para mostrar sus capacidades obtener ascensos por igual. Lograr este objetivo es la visión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El 8 de marzo de 2017, mientras se clausuraba el primer simposio militar de género, simultáneamente finalizaban otros similares, como la convención de Género 2017 que se llevó a cabo en el Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C. donde participó por Guatemala la Alferez de fragata Pamela Figueroa Ramirez.


Convención de género 2017, realizada en Washington D.C. por Guatemala
la Alferez de Fragata Pamela Figueroa

También simultáneamente en la misma fecha, en Bogotá, Colombia, finalizó un seminario de género, paz y seguridad donde participaron dos oficiales guatemaltecas: la Capitán de Policía Militar Nineth Oliva y la Teniente de Policía Militar Elise Mollinedo Diaz.


Capitán Nineth Oliva y Teniente Elise Mollinedo,
Seminario de Género y Paz, Bogotá, Colombia




Tomado de la edición impresa de Siglo 21, página 4, del 9 de marzo de 2017.



31 de enero de 2017

Seguridad Externa

Notas del artículo de  A. Mosquera

Seguridad Exterior:
Capacidad para neutralizar agresión extranjera y mantener goce íntegro de libertad. Mantener indisputable el territorio nacional frente a otra fuerza armada. La parte de “seguridad Interior” que el texto constitucional (artículo 244) otorga al ejército se refiere a la ubicación de los cuarteles, dentro del territorio, precisamente para la defensa, aeropuertos militares etc.
Además, en el campo de las relaciones exteriores: labores para fortalecer la paz internacional, por medio de misiones de naciones unidas, seguridad cooperativa (regional).
Otro rol es acudir en auxilio de la población cuando ocurran desastres.
Policía Nacional Civil: tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna”. Aquí el concepto debe entenderse en el ámbito de las ciencias policiales; es decir, se trata de las labores de prevención, disuasión, vigilancia, represión y corrección frente a actos que constituyan faltas o delitos.

Los roles de la policía y el ejército

La estrategia para garantizar la seguridad de la ciudadanía ha tomado un giro desde enero de 2017. El Consejo Nacional de Seguridad autorizó el plan para que la Policía Nacional Civil (PNC) asuma completamente el rol de la seguridad de los ciudadanos, por lo que autorizó el retiro gradual de la participación militar en apoyo a la PNC para este cometido. Fue un proceso de planificación que inició formalmente con una mesa técnica interministerial en mayo de 2016. La base principal para la decisión final fue la confirmación del análisis y estudios que indicaron que las capacidades profesionales, técnicas, de investigación y equipamiento de la PNC son suficientes para tomar de manera completa los roles que le corresponden sin presencia militar en las calles.

El siguiente paso fue que la PNC elaboró un estudio para analizar la incidencia criminal, determinando que únicamente necesitan del apoyo del ejército en treinta municipios que corresponden a cinco departamentos: Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Izabal y Petén.


Fuerzas especiales de la policía rescataron rehenes en San Miguel Petapa

La primera fase del plan, en enero 2017, consistió en que el ejército, distribuyó los escuadrones del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana (CERSC), consistente en cuatro mil cuatrocientos elementos a los departamentos requeridos. La segunda fase, consistirá en que la mitad de este personal será retirada en abril de 2017 y se concentrarán en las zonas de frontera para cumplir misiones de defensa de soberanía e integridad del territorio junto con las unidades regulares de las brigadas militares de los departamentos fronterizos. A su vez, cumplirán misiones de rescate, ayuda humanitaria ante fenómenos de la naturaleza, cooperación integral e interinstitucional, patrullaje de la biósfera, recursos naturales e infraestructura crítica. Otra parte será asignada a funciones de apoyo a la infantería de marina, para que, desplegados a lo largo de la línea costera, contribuyan a la interdicción de embarcaciones que logren llegar al litoral marítimo guatemalteco.

La tercera fase inicia en diciembre 2017, al retirar la totalidad de elementos de seguridad ciudadana de las calles, dejando a la policía en control de la seguridad ciudadana.

La puesta en marcha de este plan ha generado diferentes pronunciamientos de la sociedad y algunas entidades desde el inicio de su ejecución; argumentan que la seguridad percibida hoy es, gracias a la presencia militar en las calles y temen un repunte de la violencia. Sin embargo, a este respecto es conveniente considerar dos aspectos.

El primero es que la PNC trae un proceso de modernización y profesionalización de varios años. A la fecha sus capacidades de investigación y prevención del delito, ofrecen resultados mucho más concretos, especialmente en los casos de alto impacto donde se ha observado la pronta captura de hechos delictivos. La PNC reemplazará las mismas cantidades de elementos militares de seguridad ciudadana que sean retirados, para que no existan vacíos que provoquen algún repunte delincuencial. El segundo aspecto a considerar es que la presencia militar no se está retirando completamente, sino que fue reubicada en su primera fase y empezará a disminuir a partir de abril 2017. Las actividades militares de seguridad ciudadana continuarán, pero bajo la conducción de la PNC, a donde todas las entidades y sociedad en general podrán canalizar sus requerimientos de presencia para seguridad, pero ya no directamente a los destacamentos militares.

Ordenar los roles policiales y del ejército traerá consigo el incremento de los niveles de seguridad ciudadana, dado que permite una mejor coordinación interinstitucional. Por ejemplo: Buena parte de la delincuencia en el territorio se debe al tráfico de droga hacia el norte o venta al menudeo, provocando luchas por ese mercado ilícito o luchas territoriales entre bandas o pandillas que a eso se dedican. Fortaleciendo las capacidades navales de la Marina de la Defensa Nacional se aumentaría la posibilidad de interceptación de droga en el mar. De esta forma la droga ya no llega a los barrios o lugares de tráfico terrestre, donde la PNC está a cargo, disminuyendo hechos de violencia y secundado con esfuerzos para prevención del delito.

Igualmente, como es el caso actual, en que las capacidades para el control del espacio aéreo se han incrementado con la instalación de radares primarios a cargo de la Fuerza Aérea Guatemalteca y en coordinación con Dirección General de Aeronáutica Civil. De esta forma se evita, usando el mismo ejemplo, que vuelos ilícitos con droga penetren el espacio aéreo.

La gestión de este Teatro de Operaciones[1] para la seguridad se logra cuando una fuerza militar terrestre en la frontera, equipada adecuadamente y una PNC profesionalizada y modernizada en el interior, interactúan intercambiando información con las fuerzas de mar y aire para contrarrestar amenazas como la de nuestro ejemplo.

De esta manera, retomar los roles correspondientes de cada institución, permitirá el nivel de seguridad que alcance o mantenga el desarrollo deseado para el país. Un sistema en el cual las autoridades en coordinación con el ministerio público, pondrán a disposición del organismo judicial a todos aquellos ciudadanos que cometan ilícitos.

Dicha coordinación se logrará mediante una Política de Seguridad de la Nación, que asigne a las instituciones de seguridad el presupuesto adecuado, según el tipo de resultados en seguridad que el Congreso de la República requiera, dado que es éste organismo el que aprueba dicho presupuesto.

Esa es la importancia de que cada entidad tome su propio rol, como ya lo ha marcado el inicio este plan para la reducción de la participación militar en seguridad ciudadana.

Otro tema que queda pendiente es la participación militar en el apoyo a la seguridad perimétrica de los centros de detención del sistema penitenciario, la cual continuará por medio de elementos de seguridad ciudadana hasta que éste termine su proceso de modernización.



[1] Teatro de operaciones: espacio de aire, tierra y mar involucrado en las operaciones que se están realizando.

Publicado en Siglo 21 del 30 de enero de 2017

10 de enero de 2017

Origen de los cambios en los roles institucionales

La “seguridad interior” puede referirse al actuar en casos de: Insurrección, rebelión o revolución; cualquier forma que intente romper el orden constitucional (R. Ardón).


Los objetivos políticos de Estado, se desarrollan a través de estrategias que deben estar alineadas con las fuentes de financiamiento que hagan posible dichos objetivos. Estas fuentes pueden ser nacionales o de origen internacional.

En la dinámica para la asignación de financiamiento para la nación intervienen diferentes actores, cada uno con sus intereses. Un alineamiento en objetivos estratégicos interinstitucionales, políticos, civiles, privados, económicos y sociales, producirá fortalecimiento institucional, seguridad y desarrollo. La no alineación provoca debilitamiento institucional.

Si la dinámica dentro del mismo Estado tiende a privilegiar instituciones, por encima de otras, para atender intereses sin el equilibrio adecuado, las consecuencias recaen en la seguridad y desarrollo del Estado.

El debilitamiento institucional eleva los riesgos al carecer de las capacidades necesarias para enfrentar amenazas cuya neutralización o control asegura el desarrollo.

El resultado de la asignación presupuestaria desequilibrada, a causa de intereses interinstitucionales no alineados, provoca instituciones fuertes e instituciones débiles.
Los actores internacionales, que a la larga se benefician de instituciones fuertes del conjunto de Estados en una región, generan apoyo, prestamos, donaciones, inversiones ayuda etc. Estos esfuerzos de región – o ayuda – usualmente va acompañada de invitaciones entre Estados para compartir intereses; de lo contrario no habría relaciones internacionales. La dinámica de Estados fuertes y débiles marca el tipo de relaciones internacionales.

Colaborar con los intereses de un Estado más grande, tendrá en definitiva un impacto en la seguridad y el desarrollo del Estado que soberanamente accede colaborar. Aceptar la ayuda es una manera de lograr financiamiento para aumentar capacidades para una institución, donde el sistema que dirige el impulso presupuestario nacional, no considera a dicha institución por razones diversas de priorización, incluso ideológicas.

En el caso de instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de un Estado, o de apoyar para hacer cumplir, si no tienen un impulso presupuestario para cumplir con su deber, adquirir capacidades acordes a las amenazas; si no tienen un respaldo legal robusto, que impida que sus funcionarios vayan a prisión por cumplir con su deber, surge la necesidad de reordenar los roles, especialmente si al hacerlo, hay actores en el marco de las relaciones internacionales, que sí están dispuestos a cooperar y fortalecer instituciones de seguridad para enfrentar las amenazas.

De allí que los cambios en las políticas de conducción dentro de las instituciones de un Estado, dirigidas por el propio Estado soberano, tienden a alinearse con intereses comunes de Estados más grandes, con el objeto de lograr desarrollo y seguridad. Esto – se espera – aumentará la cooperación para el incremento de capacidades institucionales para desempeñarse en su propio campo y lograr la consecución del objetivo político.


Los cambios contundentes en roles institucionales, en la búsqueda de la seguridad y desarrollo para un Estado, no se debe entonces a cuestiones de intervencionismo, falta de nacionalismo, o producto de luchas ideológicas internas; se trata, sencillamente, de escoger alternativas que permitan seguir cumpliendo con el deber, ante la realidad de que el diálogo interinstitucional interno (nacional), no logra consensos para fortalecer la institucionalidad del Estado.